El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
Los resultados de la encuesta Plaza Pública, realizada por Cadem, muestran un duro golpe para la gestión del Presidente Gabriel Boric, cuya aprobación ha caído seis puntos porcentuales en la última semana, situándose en un 24%. Este marcado descenso lleva la desaprobación del Mandatario al 70%, un nivel alarmante para el gobierno. Este nuevo registro coloca a Boric por debajo de las cifras alcanzadas por los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en el mismo período de su tercer año de mandato, situando al actual Presidente en una posición delicada respecto al respaldo popular. El estudio también revela que un 58% de los consultados expresó su descontento con la gestión de Boric, considerando que ha realizado un mal gobierno, mientras que solo un 20% respalda su labor y cree que ha llevado a cabo un buen gobierno. En relación al reciente atentado contra tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, la mayoría de los encuestados (80%) lo relaciona con el crimen organizado y el terrorismo, en contraposición al 9% que lo vincula con el conflicto Mapuche. En materia de seguridad, un alto porcentaje respalda medidas como otorgar fuero y protección especial a Carabineros que enfrenten al crimen organizado (89%), permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana (88%), y poner suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad (86%). Sin embargo, la aceptación de declarar Estado de Sitio en La Araucanía y El Biobío desciende del 77% al 75%, al igual que la aprobación para indultar a carabineros juzgados por temas asociados al estallido social, que cae del 48% al 47%. La encuesta también revela que un 59% de los encuestados está de acuerdo con devolver a los tribunales militares la competencia de juzgar a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en casos con víctimas civiles, y un 60% respalda la afirmación de que el Presidente Boric respalda de manera decidida la labor de Carabineros. En cuanto a la percepción sobre el accionar de las instituciones, Carabineros obtiene un 79% de aprobación, seguido por las Fuerzas Armadas con un 68%, mientras que el Congreso evidencia un 78% de desaprobación y el gobierno un 66%. Además, un 46% aprueba la gestión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, frente a un 37% que la desaprueba. Finalmente, la encuesta revela que un 58% de los encuestados confía en que se identificará y capturará a los culpables del asesinato de los tres carabineros en Cañete, contra un 41% que no lo cree.
El presidente Gabriel Boric, se unió a la comunidad de Curanilahue en la despedida del suboficial mayor de Carabineros, Misael Vidal, quien perdió la vida en un lamentable suceso junto a otros dos colegas, cayó víctima de una emboscada en la comuna de Cañete el pasado fin de semana. El funeral está programado para llevarse a cabo a las 12:30 horas. El cortejo fúnebre, que recorrió las calles de la localidad, fue acompañado por numerosos ciudadanos y estudiantes de las escuelas cercanas, quienes quisieron rendir un último tributo al suboficial Vidal. Sin embargo, el clima se vio empañado por algunos incidentes, especialmente al momento de la llegada del presidente Boric y del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ambos fueron recibidos con abucheos y manifestaciones de descontento por parte de algunos asistentes, quienes expresaron su rechazo hacia las autoridades gubernamentales. Entre los gritos de disconformidad, se escucharon consignas como¡Que se vaya!, evidenciando un clima de tensión en medio del acto de despedida. Además del funeral de Misael Vidal, también están programados los servicios fúnebres de los otros dos suboficiales de Carabineros fallecidos en el mismo ataque, Sergio Arévalo y Carlos Cisternas, cuyos restos serán sepultados en el cementerio de Lebu.
La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país. La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones. De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso. Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, acudirá la tarde de este viernes a La Moneda para sostener una reunión clave con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El encuentro ha sido convocado por el mandatario en respuesta a los trágicos sucesos que involucraron a conscriptos durante una marcha en Putre, Región de Arica y Parinacota. La citación fue anunciada por el presidente Boric mientras se encontraba en la región de O’Higgins. En esa oportunidad, enfatizó la importancia de que Iturriaga proporcionara detalles exhaustivos sobre los acontecimientos y las acciones correctivas que serán implementadas para prevenir futuras incidencias similares. El caso aludido ha generado consternación nacional debido a las circunstancias adversas enfrentadas por los conscriptos durante la mencionada marcha. El general Iturriaga admitió públicamente que hubo deficiencias significativas en cuanto a diligencia y omisiones importantes en la investigación oportuna de lo ocurrido. Además, reconoció que existieron falsedades y tergiversaciones que apuntan hacia responsabilidades directivas dentro del Ejército. Como consecuencia inmediata de estas revelaciones, dos altos oficiales — un general y un coronel — fueron relevados de sus cargos como parte de las medidas disciplinarias adoptadas ante esta situación. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo destacó positivamente el reconocimiento público hecho por Iturriaga respecto a las irregularidades informadas inicialmente por mandos intermedios del Ejército. Durante una entrevista concedida a Infinita, Vallejo valoró las sanciones ya aplicadas como primeras respuestas ante los hechos denunciados.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
Los resultados de la encuesta Plaza Pública, realizada por Cadem, muestran un duro golpe para la gestión del Presidente Gabriel Boric, cuya aprobación ha caído seis puntos porcentuales en la última semana, situándose en un 24%. Este marcado descenso lleva la desaprobación del Mandatario al 70%, un nivel alarmante para el gobierno. Este nuevo registro coloca a Boric por debajo de las cifras alcanzadas por los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en el mismo período de su tercer año de mandato, situando al actual Presidente en una posición delicada respecto al respaldo popular. El estudio también revela que un 58% de los consultados expresó su descontento con la gestión de Boric, considerando que ha realizado un mal gobierno, mientras que solo un 20% respalda su labor y cree que ha llevado a cabo un buen gobierno. En relación al reciente atentado contra tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, la mayoría de los encuestados (80%) lo relaciona con el crimen organizado y el terrorismo, en contraposición al 9% que lo vincula con el conflicto Mapuche. En materia de seguridad, un alto porcentaje respalda medidas como otorgar fuero y protección especial a Carabineros que enfrenten al crimen organizado (89%), permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana (88%), y poner suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad (86%). Sin embargo, la aceptación de declarar Estado de Sitio en La Araucanía y El Biobío desciende del 77% al 75%, al igual que la aprobación para indultar a carabineros juzgados por temas asociados al estallido social, que cae del 48% al 47%. La encuesta también revela que un 59% de los encuestados está de acuerdo con devolver a los tribunales militares la competencia de juzgar a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en casos con víctimas civiles, y un 60% respalda la afirmación de que el Presidente Boric respalda de manera decidida la labor de Carabineros. En cuanto a la percepción sobre el accionar de las instituciones, Carabineros obtiene un 79% de aprobación, seguido por las Fuerzas Armadas con un 68%, mientras que el Congreso evidencia un 78% de desaprobación y el gobierno un 66%. Además, un 46% aprueba la gestión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, frente a un 37% que la desaprueba. Finalmente, la encuesta revela que un 58% de los encuestados confía en que se identificará y capturará a los culpables del asesinato de los tres carabineros en Cañete, contra un 41% que no lo cree.
El presidente Gabriel Boric, se unió a la comunidad de Curanilahue en la despedida del suboficial mayor de Carabineros, Misael Vidal, quien perdió la vida en un lamentable suceso junto a otros dos colegas, cayó víctima de una emboscada en la comuna de Cañete el pasado fin de semana. El funeral está programado para llevarse a cabo a las 12:30 horas. El cortejo fúnebre, que recorrió las calles de la localidad, fue acompañado por numerosos ciudadanos y estudiantes de las escuelas cercanas, quienes quisieron rendir un último tributo al suboficial Vidal. Sin embargo, el clima se vio empañado por algunos incidentes, especialmente al momento de la llegada del presidente Boric y del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ambos fueron recibidos con abucheos y manifestaciones de descontento por parte de algunos asistentes, quienes expresaron su rechazo hacia las autoridades gubernamentales. Entre los gritos de disconformidad, se escucharon consignas como¡Que se vaya!, evidenciando un clima de tensión en medio del acto de despedida. Además del funeral de Misael Vidal, también están programados los servicios fúnebres de los otros dos suboficiales de Carabineros fallecidos en el mismo ataque, Sergio Arévalo y Carlos Cisternas, cuyos restos serán sepultados en el cementerio de Lebu.
La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país. La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones. De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso. Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.
