Tras una investigación realizada junto a funcionarios de la Brigada de Robos de la PDI, la Fiscalía de Antofagasta formalizó a 10 personas por distintas infracciones a la Ley de Control de Armas, ocho de las cuales quedaron en prisión preventiva, por representar un peligro para seguridad de la sociedad. 

Este domingo llevaron a cabo el control de detención ante el Juzgado de Garantía, ocasión en que la fiscal adjunta Paola Acevedo, entregó detalles de las diligencias que comenzaron en julio del año pasado.

Personal de la PDI interceptó las comunicaciones telefónicas de los imputados, estableciendo la existencia de un grupo de personas dedicadas a la fabricación, adaptación y venta de armas de fuego modificadas y municiones en Antofagasta.

Con estos antecedentes, la madrugada del jueves 2 de marzo personal policial ejecutó ingresos simultáneos a los domicilios de los imputados, recuperando gran cantidad de armamento.

En detalle, un arma de fogueo tipo pistola calibre 8 mm sin número de serie con su cañón horadado (adaptado); un arma de aire comprimido sin marca ni modelo visible; un rifle calibre .22 sin marca visible; una pistola semiautomática calibre 9 mm sin número de serie con su cañón horadado; un arma de fogueo tipo pistola semiautomáticamarca calibre 9 mm sin número de serie con su cañón horadado; y un arma de fogueo tipo pistola semiautomática con selector de tiro calibre 9 mm también modificada.

También fueron recuperados cargadores de distinto tipo, municiones de fogueo adaptadas, elementos para la limpieza y mantenimiento de las armas, estuches para armas, celulares y droga, entre otros elementos.

El monitoreo de las comunicaciones telefónicas de los imputados fueron pieza clave en la investigación, las cuales revelaron que las armas adaptadas eran vendidas por $250 mil pesos y en algunos casos probadas en lugares cercanos a la ciudad.

Las escuchas telefónicas revelaron además la comercialización de municiones para las armas, junto con la existencia de "torneros" que adaptaban los cañones. 

El líder de la organización sería A.S.C.A., quien fue mencionado en varias de las comunicaciones y mantenía en la parte trasera de su domicilio un taller desde donde fueron recuperadas varias especies.

Los detenidos fueron formalizado por distintos delitos, que incluyen la elaboración, adaptación, transformación, venta de armas de fuego prohibidas y municiones, tenencia de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El Juzgado de Garantía dictó para dos imputados arraigo nacional y para los ocho restantes prisión preventiva. Mientras que el plazo de investigación fue fijado en 120 días.