Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Preocupación existe en Antofagasta tras una serie de ataques de jaurías de perros que han afectado a vecinos en distintos sectores de la ciudad. Frente a esta situación, el diputado por la Región de Antofagasta, Fabián Ossandón, solicitó al alcalde Sacha Razmilic la conformación de una mesa de trabajo para abordar el problema y coordinar medidas entre las distintas instituciones involucradas. La iniciativa surge luego de diversas denuncias recibidas por el parlamentario, que dan cuenta de al menos tres ataques recientes. Dos de ellos ocurrieron en el sector de Los Arenales y otro en las cercanías del Balneario Municipal, dejando a vecinos con lesiones y generando preocupación en la comunidad. Ante este escenario, Ossandón señaló que ya tomó contacto con el director de Seguridad Pública del municipio, con el objetivo de avanzar en una coordinación que permita enfrentar la situación de manera más eficaz. Además, propuso que en la instancia de trabajo participe la Policía de Investigaciones (PDI), considerando los antecedentes y denuncias existentes. “Estamos buscando generar alianzas virtuosas entre las instituciones para abordar estos problemas que afectan directamente a la gente. La preocupación de los vecinos es real y debemos actuar con sentido de urgencia”, afirmó el parlamentario. En paralelo, el diputado anunció el envío de una serie de oficios a distintos organismos, entre ellos la PDI, municipios, seremis y Carabineros, con el fin de recopilar información respecto de la aplicación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Ossandón indicó que esta instancia también permitirá evaluar la efectividad de la normativa vigente, considerando la gravedad de los casos denunciados. Finalmente, el legislador enfatizó que el desafío debe abordarse con una mirada equilibrada que considere tanto la seguridad de las personas como el bienestar animal. En ese sentido, sostuvo que es fundamental impulsar un trabajo coordinado entre autoridades para prevenir nuevos ataques y entregar mayor tranquilidad a los vecinos de Antofagasta.
Una investigación de la Fiscalía de Taltal y la Brigada de Robos de Antofagasta y Copiapó de la Policía de Investigaciones de Chile, logró desbaratar una organización criminal autora de distintos robos a empresas mineras de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El procedimiento terminó con 22 detenidos y la recuperación tanto de dinero como bienes, avaluados en un monto cercano a los 328 millones de pesos. Las diligencias se realizaron de forma simultánea en las comunas de Copiapó, La Serena, Vicuña y Tirúa, donde se llevaron a cabo 26 allanamientos, parte de la operaciónLuna de Oro; cuya investigación inició en 2024. Se trataría de un grupo altamente organizado, que solía irrumpir por la fuerza en las empresas, aprovechando las condiciones de aislamiento y lejanía de las faenas. Tenemos conocimiento de al menos diez robos en los que habría participado el grupo, por lo que podemos hablar de una organización avezada en este tipo de delitos, señaló el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Las detenciones se llevaron a cabo durante este jueves, con operativos policiales simultáneos en las tres regiones, donde participaron más de 200 detectives. En total, se detuvieron a 22 sujetos: 16 detenidos por órdenes judiciales y 6 por delitos flagrantes, entre los que están los principales líderes de la banda, mandos medios y reducidores. Además, se incautaron cuatro armas de fuego, un arma a fogueo, municiones, 18 vehículos avaluados en alrededor de 270 millones de pesos, trece plantas de marihuana, 18 millones de pesos en efectivo y diversas especies que coinciden con los ilícitos. En tanto, se recuperaron 3 toneladas de cable de cobre que estaba listo para su venta, lo que se agrega a otras 4 toneladas recuperadas durante la investigación. Los imputados serán formalizados por el Ministerio Público, por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, receptación, asociación criminal e infracciones a la ley de control de armas y explosivos, entre otros. “Esta investigación marca un precedente de cómo debemos afrontar delitos de alta complejidad. El trabajo colaborativo y la coordinación entre nuestras instituciones, es lo que nos permitió arribar a este importante resultado”, destacó el fiscal regional.
En el Centro de Justicia de Santiago, la mañana de este lunes, se dio a conocer la sentencia en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira. En la sala 801 del edificio D, el 4° Tribunal Oral en lo Penal informó que Espinosa deberá cumplir una condena total de 17 años de cárcel, de los cuales se descontarán los cuatro años que permaneció en prisión preventiva o arresto domiciliario. Además, se acogió la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, imponiéndosele el pago de 146 millones de pesos por concepto de daño emergente al Estado. Espinosa siguió la lectura de la sentencia conectado desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). El pasado 12 de noviembre, el tribunal lo declaró culpable como autor de delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. La resolución, unánime, fue adoptada por los jueces Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox. En el caso de Neira, el tribunal dictó un veredicto condenatorio por delito culposo de lavado de activos, imponiéndole una pena de 541 días. Según la Fiscalía Oriente, la mujer fue “un elemento fundamental” en la trama defraudatoria. El juicio se extendió por 45 días, con la declaración de más de 90 testigos, y el Ministerio Público había solicitado inicialmente 20 años de cárcel para el exjefe policial. La investigación contra Espinosa comenzó en octubre de 2021, tras detectarse irregularidades en el uso de gastos reservados asignados a la PDI entre 2015 y 2017. Según la formalización, $146 millones fueron desviados mediante 53 depósitos a su nombre y al de Neira. En sus seis años al mando de la institución, Espinosa tuvo a disposición más de $1.300 millones por este concepto. La indagatoria se aceleró cuando, el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó operaciones sospechosas vinculadas al exdirector. La sentencia establece para Espinosa 12 años de presidio mayor por malversación y falsificación reiteradas, junto con inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y el pago de 15 UTM. A ello se suman 5 años y un día por lavado de activos, más otra inhabilitación perpetua y una multa de 200 UTM. El tribunal ordenó además el comiso de bienes ubicados en Rosario Sur, en Las Condes —incluyendo un departamento, bodega y estacionamientos—, al considerarlos producto de las operaciones ilícitas. La causa se convierte así en una de las condenas más relevantes en materia de corrupción dentro de las policías chilenas, marcando un precedente en el control del uso de recursos públicos y la supervisión de gastos reservados.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Preocupación existe en Antofagasta tras una serie de ataques de jaurías de perros que han afectado a vecinos en distintos sectores de la ciudad. Frente a esta situación, el diputado por la Región de Antofagasta, Fabián Ossandón, solicitó al alcalde Sacha Razmilic la conformación de una mesa de trabajo para abordar el problema y coordinar medidas entre las distintas instituciones involucradas. La iniciativa surge luego de diversas denuncias recibidas por el parlamentario, que dan cuenta de al menos tres ataques recientes. Dos de ellos ocurrieron en el sector de Los Arenales y otro en las cercanías del Balneario Municipal, dejando a vecinos con lesiones y generando preocupación en la comunidad. Ante este escenario, Ossandón señaló que ya tomó contacto con el director de Seguridad Pública del municipio, con el objetivo de avanzar en una coordinación que permita enfrentar la situación de manera más eficaz. Además, propuso que en la instancia de trabajo participe la Policía de Investigaciones (PDI), considerando los antecedentes y denuncias existentes. “Estamos buscando generar alianzas virtuosas entre las instituciones para abordar estos problemas que afectan directamente a la gente. La preocupación de los vecinos es real y debemos actuar con sentido de urgencia”, afirmó el parlamentario. En paralelo, el diputado anunció el envío de una serie de oficios a distintos organismos, entre ellos la PDI, municipios, seremis y Carabineros, con el fin de recopilar información respecto de la aplicación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Ossandón indicó que esta instancia también permitirá evaluar la efectividad de la normativa vigente, considerando la gravedad de los casos denunciados. Finalmente, el legislador enfatizó que el desafío debe abordarse con una mirada equilibrada que considere tanto la seguridad de las personas como el bienestar animal. En ese sentido, sostuvo que es fundamental impulsar un trabajo coordinado entre autoridades para prevenir nuevos ataques y entregar mayor tranquilidad a los vecinos de Antofagasta.
Una investigación de la Fiscalía de Taltal y la Brigada de Robos de Antofagasta y Copiapó de la Policía de Investigaciones de Chile, logró desbaratar una organización criminal autora de distintos robos a empresas mineras de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El procedimiento terminó con 22 detenidos y la recuperación tanto de dinero como bienes, avaluados en un monto cercano a los 328 millones de pesos. Las diligencias se realizaron de forma simultánea en las comunas de Copiapó, La Serena, Vicuña y Tirúa, donde se llevaron a cabo 26 allanamientos, parte de la operaciónLuna de Oro; cuya investigación inició en 2024. Se trataría de un grupo altamente organizado, que solía irrumpir por la fuerza en las empresas, aprovechando las condiciones de aislamiento y lejanía de las faenas. Tenemos conocimiento de al menos diez robos en los que habría participado el grupo, por lo que podemos hablar de una organización avezada en este tipo de delitos, señaló el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Las detenciones se llevaron a cabo durante este jueves, con operativos policiales simultáneos en las tres regiones, donde participaron más de 200 detectives. En total, se detuvieron a 22 sujetos: 16 detenidos por órdenes judiciales y 6 por delitos flagrantes, entre los que están los principales líderes de la banda, mandos medios y reducidores. Además, se incautaron cuatro armas de fuego, un arma a fogueo, municiones, 18 vehículos avaluados en alrededor de 270 millones de pesos, trece plantas de marihuana, 18 millones de pesos en efectivo y diversas especies que coinciden con los ilícitos. En tanto, se recuperaron 3 toneladas de cable de cobre que estaba listo para su venta, lo que se agrega a otras 4 toneladas recuperadas durante la investigación. Los imputados serán formalizados por el Ministerio Público, por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, receptación, asociación criminal e infracciones a la ley de control de armas y explosivos, entre otros. “Esta investigación marca un precedente de cómo debemos afrontar delitos de alta complejidad. El trabajo colaborativo y la coordinación entre nuestras instituciones, es lo que nos permitió arribar a este importante resultado”, destacó el fiscal regional.
En el Centro de Justicia de Santiago, la mañana de este lunes, se dio a conocer la sentencia en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira. En la sala 801 del edificio D, el 4° Tribunal Oral en lo Penal informó que Espinosa deberá cumplir una condena total de 17 años de cárcel, de los cuales se descontarán los cuatro años que permaneció en prisión preventiva o arresto domiciliario. Además, se acogió la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, imponiéndosele el pago de 146 millones de pesos por concepto de daño emergente al Estado. Espinosa siguió la lectura de la sentencia conectado desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). El pasado 12 de noviembre, el tribunal lo declaró culpable como autor de delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. La resolución, unánime, fue adoptada por los jueces Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox. En el caso de Neira, el tribunal dictó un veredicto condenatorio por delito culposo de lavado de activos, imponiéndole una pena de 541 días. Según la Fiscalía Oriente, la mujer fue “un elemento fundamental” en la trama defraudatoria. El juicio se extendió por 45 días, con la declaración de más de 90 testigos, y el Ministerio Público había solicitado inicialmente 20 años de cárcel para el exjefe policial. La investigación contra Espinosa comenzó en octubre de 2021, tras detectarse irregularidades en el uso de gastos reservados asignados a la PDI entre 2015 y 2017. Según la formalización, $146 millones fueron desviados mediante 53 depósitos a su nombre y al de Neira. En sus seis años al mando de la institución, Espinosa tuvo a disposición más de $1.300 millones por este concepto. La indagatoria se aceleró cuando, el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó operaciones sospechosas vinculadas al exdirector. La sentencia establece para Espinosa 12 años de presidio mayor por malversación y falsificación reiteradas, junto con inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y el pago de 15 UTM. A ello se suman 5 años y un día por lavado de activos, más otra inhabilitación perpetua y una multa de 200 UTM. El tribunal ordenó además el comiso de bienes ubicados en Rosario Sur, en Las Condes —incluyendo un departamento, bodega y estacionamientos—, al considerarlos producto de las operaciones ilícitas. La causa se convierte así en una de las condenas más relevantes en materia de corrupción dentro de las policías chilenas, marcando un precedente en el control del uso de recursos públicos y la supervisión de gastos reservados.
