Sumarios a locales de alimentos suman 413 en la Región de Antofagasta
La Seremi de Salud indica que 90% de establecimientos fiscalizados terminaron en sumario. Esto habría disminuido episodios de intoxicación en la zona.
La Seremi de Salud de Antofagasta realizó un balance sobre el Programa de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), estrategia del Ministerio de Salud que exige altos estándares de saneamiento básico en establecimientos que preparen alimentos.
Sobre estas fiscalizaciones en la región, la seremi de Salud, Jessica Bravo, indicó que "el 90% de los recintos establecidos de alimentos que hemos fiscalizado durante el 2022 en el marco del Programa de Buenas Prácticas de Manufacturas fueron sumariados".
Desde la autoridad sanitaria explicaron que cualquier incumplimiento por mínimo que sea, provoca el inicio de una acción sumarial.
En cuanto a los locales controlados, señalan que priorizaron a 511 entre 10 mil recintos que pueden ser objeto de una fiscalización, teniendo en cuenta su envergadura, además del tipo de productos que fabrican y manipulan. A la fecha han sido fiscalizados 458 locales, resultando el 90% con sumarios.
Esta nómina de fiscalizaciones incluye 298 locales de Antofagasta, 106 de Calama y 54 de Tocopilla.
Parámetros de fiscalización
Estos controles implican 39 parámetros en materia de infraestructura, limpieza y sanitización, control de plagas, higiene de personal, materias primas, procesos y productos terminados.
Incluye a ferias, restaurantes, panaderías, fábricas y almacenes, establecimientos que suman 10 mil en la región. Por lo tanto, la Seremi de Salud expresa que es una cifra imposible de inspeccionar en su totalidad, a raíz del recurso humano que posee la institución.
Sostienen que solo en la comuna de Antofagasta, han recibido 311 solicitudes ciudadanas mediante la plataforma de su Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) colaboración que resulta vital para el trabajo.
Bravo recalca que el apoyo que la población brinda a través de sus denuncias es imprescindible, puesto que sería imposible fiscalizar de manera permanente cada uno de los recintos.
1 de julio de 2026
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