El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
