Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta superó las 25 mil orientaciones en 2024

La Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (CAJTA) presentó los resultados de su gestión 2024 en una Cuenta Pública Participativa, revelando cifras significativas sobre el apoyo legal y social brindado a la población en situación de vulnerabilidad.

Uno de los datos más relevantes fue el aumento en las atenciones de orientación e información, alcanzando un total de 56.799 en las tres regiones, lo que representa un incremento del 3% respecto al año anterior. En la región de Antofagasta, esta línea de servicio benefició a 25.616 personas.

Además de las orientaciones, la CAJTA tramitó 30.224 causas judiciales en el conjunto de las tres regiones. A nivel regional, se ingresaron 15.359 causas con patrocinio judicial, siendo las más consultadas el divorcio, los alimentos y el cumplimiento de alimentos. La institución también destacó el ingreso de 321 casos de solución colaborativa de conflictos, de los cuales 193 terminaron con acuerdo en la región.

En el ámbito laboral, la Oficina de Defensa Laboral de la Corporación entregó orientación a cerca de 10.000 personas en las tres regiones, representando judicialmente a más de 2.000, con un 78% de resultados favorables.

Tanto la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa, como el Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Giancarlo Fontana, resaltaron el compromiso del equipo humano y la importancia de la labor que realizan, destacando la pronta transformación del servicio con la creación del nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.

Finalmente, Fontana destacó el despliegue de nueve oficinas multimaterias, dos oficinas laborales y seis oficinas especializadas en la región de Antofagasta. También mencionó la adquisición de un vehículo móvil que ha permitido ampliar la presencia del servicio en atenciones en terreno. La Cuenta Pública también reconoció el trabajo conjunto con casas de estudio superiores y con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) para garantizar el acceso a la justicia a personas con discapacidad.