Alcaldesa de Sierra Gorda se querella contra ex ejecutivo por malversación de fondos públicos

Un complejo caso remece la Municipalidad de Sierra Gorda. Esto, porque la Alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera Vega, interpuso una querella por el delito de Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda luego de una revisión que reveló la falta de documentación de la rendición de gastos.

Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, detectó una situación irregular de una revisión administra, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. "La Fundación noregistra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esosrecursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino delgasto y abre la posibilidad de que estemos frente a un caso de uso indebidode fondos públicos", alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico.

Tras ello, la alcaldesa en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural inició una revisión que dio cuenta la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos de los destinados, además, se reveló la existencia de egresos para servicios de traslado ycompra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos.

En este escenario, la jefa comunal señala los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios, Michael Díaz Brito, que ejecutó el cargo desde julio de 2021 a septiembre de 2025 y a Luis Larrea Araya, que cumplió las labores de septiembre a octubre de 2025.

De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Además, identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y a Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y de las rendiciones.

Esto, porque al revisar la cartola de la cuenta corriente de Banco Estado, se expusieron depósitos por montos de $1 peso, $1.600 pesos, $3.500 pesos, que de acuerdo a la funcionaria que manejaba la chequera correspondían a depósitos simbólicos para ajustar diferencias en lasrendiciones de cuentas. Además en las rendiciones al municipio sólo se presentaban montos globales, sin detalles de los gastos.

Ante la serie de irregularidades, la querellante aseguró haber pedido explicaciones a los dos funcionarios, quienes se habrían contradicho e incluso se imputaron errores entre ellos, entregando versiones distintas. Así, la actual administración aseguró que estarían ante una "bicicleta financiera", que en resumen, consistía en:

Utilizar recursos provenientes de la subvención municipal (cuenta BancoEstado) para cubrir gastos que correspondían ser pagados con recursos deproyectos y donaciones (cuenta Banco Santander).
Emitir cheques desde la cuenta de Banco Santander que luego aparecíancomo “nulos” en la chequera, mientras que el mismo gasto se financiaba, dehecho, con cargo a la cuenta de Banco Estado. Los cuales eran firmados porel secretario y tesorero de la fundación, eludiendo el control de mi rol comopresidenta.
Efectuar depósitos por montos pequeños e incoherentes en una u otracuenta para “cuadrar” las cifras de las rendiciones, de manera que lascuentas aparecieran formalmente equilibradas, ocultando el desvío derecursos.

El documento presenta una larga lista de irregularidades en pagos, las que habrían sido aprobadas por Michael Díaz. Incluso, se estipula el financiamiento de trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal, que no tiene relación con la Fundación Cultural de Sierra Gorda.

"Dentro de las operaciones revisadas, se detectó una operaciónespecialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximadode $4.700.000 destinada a una agrupación de “caporales”, ajena al objetopropio de la Fundación y cuyos beneficiarios no correspondían al personal nia los fines institucionales financiados con subvención municipal", estipula.