Contraloría General de la República ordena sumario a Segegob por polémica frase "Estado en quiebra"

Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”.

Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad.

"Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas", señalan.

Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logró "sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata".

Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía.

Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.