Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió alertas respecto del uso de recursos municipales en distintas comunas del país, al revelar que varios municipios destinaron más dinero a celebraciones que a asistencia social dirigida a personas naturales durante los años 2024 y 2025. El documento, correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, analizó el gasto público municipal y evidenció diferencias significativas entre los recursos destinados a actividades festivas y aquellos orientados a apoyo social directo. En la Región de Antofagasta, el informe pone especial atención en comunas de menor tamaño poblacional como Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, donde el impacto del gasto por habitante resulta particularmente significativo debido a la baja densidad demográfica. En el caso de Sierra Gorda, la Contraloría identificó un gasto total de $297.290.560 en celebraciones durante el periodo analizado. Considerando que la comuna cuenta con 1.472 habitantes según datos del Censo 2024, el desembolso promedio alcanza los $201.964 por persona, ubicándola entre las comunas con mayor gasto per cápita del país en este tipo de actividades. El informe detalla que este promedio supera ampliamente el gasto promedio nacional en celebraciones municipales, estimado en $9.064 por habitante. De hecho, Sierra Gorda figura entre las comunas que sobrepasan con mayor amplitud esta referencia, junto a localidades como Río Verde, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine. En paralelo, el reporte también identifica situaciones donde el gasto en celebraciones supera ampliamente los recursos destinados a asistencia social. Dentro de este análisis aparece San Pedro de Atacama, que durante 2024 registró una diferencia superior a $90 millones entre lo invertido en festividades y los fondos asignados a apoyo directo a personas naturales. La observación del organismo fiscalizador abre un debate sobre la priorización del gasto público municipal, especialmente en comunas donde las necesidades sociales suelen estar asociadas a territorios extensos, localidades aisladas y población vulnerable. Si bien las celebraciones comunales forman parte de las tradiciones y de la identidad cultural de los territorios, la Contraloría advierte que es necesario mantener un equilibrio en el uso de los recursos públicos, priorizando programas de asistencia social cuando las necesidades de la población así lo requieran. El informe también menciona a otros municipios del país que registraron altos niveles de gasto en celebraciones, como Alto Hospicio, Vitacura y Padre Las Casas, aunque en esos casos el monto total responde a comunas con mayor número de habitantes. En contraste, la comuna de Antofagasta aparece en el cuarto lugar a nivel nacional en gasto total en celebraciones con $472.415.085 en los años 2024 y 2025, pero al dividirse por su población el promedio es de $1.178 por habitante, una de las cifras más bajas dentro del listado analizado. El reporte de la Contraloría busca aportar transparencia al uso de recursos municipales y promover una discusión sobre la planificación presupuestaria local, especialmente en territorios donde el gasto per cápita puede alcanzar cifras considerablemente superiores al promedio nacional.
La Contraloría General de la República, habría recibido una solicitud formal para revisar la legalidad del nombramiento del actual seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina Vera, respecto a la validez de los requisitos profesionales requeridos para el cargo. Así lo consignó Timeline, donde señalan que de acuerdo a un documento, enviado por Víctor Rivera, postula que el título del actual seremi, de médico cirujano, no está registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni tampoco se encuentra revalidado ante la Universidad de Chile, requisitos exigidos por la ley para reconocer los títulos obtenidos en el extranjero. Rodrigo Medina obtuvo su título en la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, no obstante, la normativa vigente establece que para ejercer el cargo de Seremi, se debe contar con un título profesional obtenido por una institución reconocida por el estado, o bien, en el caso de haber sido obtenido en el extranjero, este debe estar validado. En este escenario, es que de acuerdo a la ley, la aprobación del examen que habilita para desempeñarse en el sistema de salud en el Chile, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), no reemplaza el proceso de reconocimiento o validación del título. En esa misma línea, es que si se acredita que el título efectivamente no está validado, el actual Seremi quedaría inhabilitado para ejercer el cargo, por lo que significaría invalidar el nombramiento. Con todo lo anterior, es que se realizó la petición para que la Controlaría revise los antecedentes y actúe bajo los procesos legales en caso de ratificarse la falta de validación.
Durante la mañana de este jueves, la Contraloría General de la República anunció la toma de razón del decreto supremo que aprueba el plan de conversación de las Ranitas de Darwin; que había sido retirado por el Gobierno. De acuerdo al organismo, el decreto fue reingresado por el gobierno de José Antonio Kast el 18 de marzo, luego del retiro de este y otros 42 decretos emanados de la administración anterior. Tras su reingreso, este 18 de marzo, tomamos razón del decreto 28 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin, señaló. En este caso, el plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia, el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel, investigación y monitoreo. En tanto, otros de los decretos retirados, aprobaban reglamentos para establecer normas o crear nuevos parques nacionales. Entre ellos, se encontraba el decreto que declaraba monumento natural de especial al pingüino de Humboldt. 🟢TOMA DE RAZÓN | Hemos cursado el Decreto N° 38 del @MMAChile, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin. pic.twitter.com/zTruZ6vqhG — Contraloría (@Contraloriacl) March 19, 2026
La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
La Contraloría General de la República resolvió su posición respecto al acuerdo entre Codelco y SQM, definiendo abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la explotación de litio en el Salar de Atacama, debido a que varias objeciones fueron abordadas en tribunales. De acuerdo a la información de BioBío, el órgano tiene un límite institucional explícito, pues está impedido de intervenir en materias litigiosas o de mérito por órdenes de los tribunales de justicia; así lo dejó establecido el organismo a través de un oficio firmado por la contralora, Dorothy Pérez. Con lo anterior, quedan zanjadas las reclamaciones de parlamentarios, comunidades y particulares que cuestionaban el entendimiento entre la estatal y la minera privada, donde también se incluía el rol de Corfo en el acuerdo y la falta de licitación pública, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó las facultades de Codelco. No obstante, el oficio dispone que Contraloría General sí tomará un rol de actuación, pues activará su facultad de fiscalización e iniciará una auditoría formal.Las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General, señalan. La revisión tendrá el foco en contratos de asesoría y las operaciones financieras vinculadas al proceso, entre ellas, el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como en otras operaciones denunciadas por parlamentarios.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió alertas respecto del uso de recursos municipales en distintas comunas del país, al revelar que varios municipios destinaron más dinero a celebraciones que a asistencia social dirigida a personas naturales durante los años 2024 y 2025. El documento, correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, analizó el gasto público municipal y evidenció diferencias significativas entre los recursos destinados a actividades festivas y aquellos orientados a apoyo social directo. En la Región de Antofagasta, el informe pone especial atención en comunas de menor tamaño poblacional como Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, donde el impacto del gasto por habitante resulta particularmente significativo debido a la baja densidad demográfica. En el caso de Sierra Gorda, la Contraloría identificó un gasto total de $297.290.560 en celebraciones durante el periodo analizado. Considerando que la comuna cuenta con 1.472 habitantes según datos del Censo 2024, el desembolso promedio alcanza los $201.964 por persona, ubicándola entre las comunas con mayor gasto per cápita del país en este tipo de actividades. El informe detalla que este promedio supera ampliamente el gasto promedio nacional en celebraciones municipales, estimado en $9.064 por habitante. De hecho, Sierra Gorda figura entre las comunas que sobrepasan con mayor amplitud esta referencia, junto a localidades como Río Verde, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine. En paralelo, el reporte también identifica situaciones donde el gasto en celebraciones supera ampliamente los recursos destinados a asistencia social. Dentro de este análisis aparece San Pedro de Atacama, que durante 2024 registró una diferencia superior a $90 millones entre lo invertido en festividades y los fondos asignados a apoyo directo a personas naturales. La observación del organismo fiscalizador abre un debate sobre la priorización del gasto público municipal, especialmente en comunas donde las necesidades sociales suelen estar asociadas a territorios extensos, localidades aisladas y población vulnerable. Si bien las celebraciones comunales forman parte de las tradiciones y de la identidad cultural de los territorios, la Contraloría advierte que es necesario mantener un equilibrio en el uso de los recursos públicos, priorizando programas de asistencia social cuando las necesidades de la población así lo requieran. El informe también menciona a otros municipios del país que registraron altos niveles de gasto en celebraciones, como Alto Hospicio, Vitacura y Padre Las Casas, aunque en esos casos el monto total responde a comunas con mayor número de habitantes. En contraste, la comuna de Antofagasta aparece en el cuarto lugar a nivel nacional en gasto total en celebraciones con $472.415.085 en los años 2024 y 2025, pero al dividirse por su población el promedio es de $1.178 por habitante, una de las cifras más bajas dentro del listado analizado. El reporte de la Contraloría busca aportar transparencia al uso de recursos municipales y promover una discusión sobre la planificación presupuestaria local, especialmente en territorios donde el gasto per cápita puede alcanzar cifras considerablemente superiores al promedio nacional.
La Contraloría General de la República, habría recibido una solicitud formal para revisar la legalidad del nombramiento del actual seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina Vera, respecto a la validez de los requisitos profesionales requeridos para el cargo. Así lo consignó Timeline, donde señalan que de acuerdo a un documento, enviado por Víctor Rivera, postula que el título del actual seremi, de médico cirujano, no está registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni tampoco se encuentra revalidado ante la Universidad de Chile, requisitos exigidos por la ley para reconocer los títulos obtenidos en el extranjero. Rodrigo Medina obtuvo su título en la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, no obstante, la normativa vigente establece que para ejercer el cargo de Seremi, se debe contar con un título profesional obtenido por una institución reconocida por el estado, o bien, en el caso de haber sido obtenido en el extranjero, este debe estar validado. En este escenario, es que de acuerdo a la ley, la aprobación del examen que habilita para desempeñarse en el sistema de salud en el Chile, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), no reemplaza el proceso de reconocimiento o validación del título. En esa misma línea, es que si se acredita que el título efectivamente no está validado, el actual Seremi quedaría inhabilitado para ejercer el cargo, por lo que significaría invalidar el nombramiento. Con todo lo anterior, es que se realizó la petición para que la Controlaría revise los antecedentes y actúe bajo los procesos legales en caso de ratificarse la falta de validación.
Durante la mañana de este jueves, la Contraloría General de la República anunció la toma de razón del decreto supremo que aprueba el plan de conversación de las Ranitas de Darwin; que había sido retirado por el Gobierno. De acuerdo al organismo, el decreto fue reingresado por el gobierno de José Antonio Kast el 18 de marzo, luego del retiro de este y otros 42 decretos emanados de la administración anterior. Tras su reingreso, este 18 de marzo, tomamos razón del decreto 28 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin, señaló. En este caso, el plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia, el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel, investigación y monitoreo. En tanto, otros de los decretos retirados, aprobaban reglamentos para establecer normas o crear nuevos parques nacionales. Entre ellos, se encontraba el decreto que declaraba monumento natural de especial al pingüino de Humboldt. 🟢TOMA DE RAZÓN | Hemos cursado el Decreto N° 38 del @MMAChile, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin. pic.twitter.com/zTruZ6vqhG — Contraloría (@Contraloriacl) March 19, 2026
La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
La Contraloría General de la República resolvió su posición respecto al acuerdo entre Codelco y SQM, definiendo abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la explotación de litio en el Salar de Atacama, debido a que varias objeciones fueron abordadas en tribunales. De acuerdo a la información de BioBío, el órgano tiene un límite institucional explícito, pues está impedido de intervenir en materias litigiosas o de mérito por órdenes de los tribunales de justicia; así lo dejó establecido el organismo a través de un oficio firmado por la contralora, Dorothy Pérez. Con lo anterior, quedan zanjadas las reclamaciones de parlamentarios, comunidades y particulares que cuestionaban el entendimiento entre la estatal y la minera privada, donde también se incluía el rol de Corfo en el acuerdo y la falta de licitación pública, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó las facultades de Codelco. No obstante, el oficio dispone que Contraloría General sí tomará un rol de actuación, pues activará su facultad de fiscalización e iniciará una auditoría formal.Las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General, señalan. La revisión tendrá el foco en contratos de asesoría y las operaciones financieras vinculadas al proceso, entre ellas, el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como en otras operaciones denunciadas por parlamentarios.
