El viernes pasado, la Municipalidad de Antofagasta recibió las consideraciones de Contraloría General de la República, tras un oficio enviado por el cuerpo de concejales de Antofagasta, en relación al proceso de análisis de ofertas en el contrato de retiro de desechos domiciliarios, en el que se dejó fuera a la empresa DEMARCO S.A. El informe, en resumen, instruye a la casa consistorial, dejar sin efecto la inadmisibilidad injustificada a la empresa Demarco S.A. y volver a evaluar su propuesta de manera correcta en la comisión evaluadora; y emitir un nuevo decreto alcaldicio, porque deben corregir los vicios de forma, incluyendo formalmente todas las inadmisibilidades (si las hubiera) y acompañando todos los antecedentes y memorándums que faltaban. Este oficio, deja sobre la mesa, la posibilidad que la empresa excluida del proceso de evaluación, pueda ser reconsiderada en el trámite final de la adjudicación del contrato por 60 meses.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Contraloría General de la República entregó una resolución que establece que actualmente las municipalidades no cuentan con facultades legales para dictar ordenanzas que fijen horarios de funcionamiento a barberías y peluquerías. Esto, luego de una consulta realizada por la Municipalidad de Conchalí respecto de una normativa aplicada por la comuna de Independencia. En el caso de Antofagasta, la ordenanza que restringe el horario de funcionamiento en dichos locales, comenzó a regir el pasado 15 de abril. La ordenanza dictada por la Municipalidad de Antofagasta establecía como límite de funcionamiento un horario máximo de cierre a las 21:30 horas de lunes a sábados, y a las 20:00 horas los domingos, con un horario de apertura desde las 09:00 horas. En caso de incumplir, los locales arriesgaban multas desde las 3 a 5 UTM e incluso la clausura. Por ello, el ente contralor remarcó que la única actividad donde las administraciones municipales pueden fijar horarios, corresponde a establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Y que por lo tanto, las ordenanzas dictadas por los municipios deben ajustarse al marco legal vigente y no pueden establecer exigencias adicionales a las que ya están contempladas en las normativas. En este escenario, la resolución de la CGR dicta que todos los municipios que cuenten con normativas de esta índole, deberán adoptar las medidas necesarias para dejarlas sin efecto o adecuarlas a la legislación vigente. Eso sí, Contraloría precisó que l as municipalidades sí mantienen atribuciones para fiscalizar que los locales cuenten con patente comercial, que no excedan el giro autorizado y que se adopten medidas frente a eventuales irregularidades. Nueva ley La situación podría cambiar el 12 de agosto de de esta año, con la entrada en vigencia la Ley N° 21.802, normativa que fortalece el rol de las municipalidades en materia de seguridad pública y prevención del delito. Según el órgano contralor, la normativa abriría la posibilidad de que los municipios desarrollen estrategias preventivas vinculadas a la seguridad comunal, incluyendo eventuales regulaciones horarias. Todo esto, siempre bajo criterios fundados, proporcionales y ajustados a la realidad específica de cada comuna.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
El viernes pasado, la Municipalidad de Antofagasta recibió las consideraciones de Contraloría General de la República, tras un oficio enviado por el cuerpo de concejales de Antofagasta, en relación al proceso de análisis de ofertas en el contrato de retiro de desechos domiciliarios, en el que se dejó fuera a la empresa DEMARCO S.A. El informe, en resumen, instruye a la casa consistorial, dejar sin efecto la inadmisibilidad injustificada a la empresa Demarco S.A. y volver a evaluar su propuesta de manera correcta en la comisión evaluadora; y emitir un nuevo decreto alcaldicio, porque deben corregir los vicios de forma, incluyendo formalmente todas las inadmisibilidades (si las hubiera) y acompañando todos los antecedentes y memorándums que faltaban. Este oficio, deja sobre la mesa, la posibilidad que la empresa excluida del proceso de evaluación, pueda ser reconsiderada en el trámite final de la adjudicación del contrato por 60 meses.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Contraloría General de la República entregó una resolución que establece que actualmente las municipalidades no cuentan con facultades legales para dictar ordenanzas que fijen horarios de funcionamiento a barberías y peluquerías. Esto, luego de una consulta realizada por la Municipalidad de Conchalí respecto de una normativa aplicada por la comuna de Independencia. En el caso de Antofagasta, la ordenanza que restringe el horario de funcionamiento en dichos locales, comenzó a regir el pasado 15 de abril. La ordenanza dictada por la Municipalidad de Antofagasta establecía como límite de funcionamiento un horario máximo de cierre a las 21:30 horas de lunes a sábados, y a las 20:00 horas los domingos, con un horario de apertura desde las 09:00 horas. En caso de incumplir, los locales arriesgaban multas desde las 3 a 5 UTM e incluso la clausura. Por ello, el ente contralor remarcó que la única actividad donde las administraciones municipales pueden fijar horarios, corresponde a establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Y que por lo tanto, las ordenanzas dictadas por los municipios deben ajustarse al marco legal vigente y no pueden establecer exigencias adicionales a las que ya están contempladas en las normativas. En este escenario, la resolución de la CGR dicta que todos los municipios que cuenten con normativas de esta índole, deberán adoptar las medidas necesarias para dejarlas sin efecto o adecuarlas a la legislación vigente. Eso sí, Contraloría precisó que l as municipalidades sí mantienen atribuciones para fiscalizar que los locales cuenten con patente comercial, que no excedan el giro autorizado y que se adopten medidas frente a eventuales irregularidades. Nueva ley La situación podría cambiar el 12 de agosto de de esta año, con la entrada en vigencia la Ley N° 21.802, normativa que fortalece el rol de las municipalidades en materia de seguridad pública y prevención del delito. Según el órgano contralor, la normativa abriría la posibilidad de que los municipios desarrollen estrategias preventivas vinculadas a la seguridad comunal, incluyendo eventuales regulaciones horarias. Todo esto, siempre bajo criterios fundados, proporcionales y ajustados a la realidad específica de cada comuna.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
