La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
La Contraloría General de la República resolvió su posición respecto al acuerdo entre Codelco y SQM, definiendo abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la explotación de litio en el Salar de Atacama, debido a que varias objeciones fueron abordadas en tribunales. De acuerdo a la información de BioBío, el órgano tiene un límite institucional explícito, pues está impedido de intervenir en materias litigiosas o de mérito por órdenes de los tribunales de justicia; así lo dejó establecido el organismo a través de un oficio firmado por la contralora, Dorothy Pérez. Con lo anterior, quedan zanjadas las reclamaciones de parlamentarios, comunidades y particulares que cuestionaban el entendimiento entre la estatal y la minera privada, donde también se incluía el rol de Corfo en el acuerdo y la falta de licitación pública, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó las facultades de Codelco. No obstante, el oficio dispone que Contraloría General sí tomará un rol de actuación, pues activará su facultad de fiscalización e iniciará una auditoría formal.Las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General, señalan. La revisión tendrá el foco en contratos de asesoría y las operaciones financieras vinculadas al proceso, entre ellas, el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como en otras operaciones denunciadas por parlamentarios.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, tras denunciarse presuntas vulneraciones al principio de probidad administrativa en el contexto de la candidatura a diputada de la directora de Dideco, Yantiel Calderón (Evópoli). Las denuncias, ingresadas por Patricio Riveros y Marcelo Brunet, apuntan al uso de recursos públicos para favorecer su campaña, además de supuestas infracciones al deber de prescindencia política por parte de funcionarios municipales. Según el documento del ente fiscalizador, los denunciantes acusan que incluso el alcalde Sacha Razmilic y funcionarios habrían utilizado su cargo y jornada laboral para apoyar a Calderón. También señalan que la directora habría seguido impartiendo instrucciones pese a estar con permiso sin goce de sueldo. Contraloría detalla que los antecedentes sugieren el uso de redes sociales institucionales y material municipal para fines personales, lo que configuraría faltas a los principios de apoliticidad, legalidad y probidad. El órgano contralor recordó además que las instituciones públicas no pueden enlazar cuentas personales de autoridades ni anticipar información oficial a través de perfiles privados, según lo establecido en el dictamen E545210 de 2024. Asimismo, destacó que los bienes y plataformas institucionales no pueden utilizarse para potenciar posicionamientos individuales. Consultada por este medio, la Municipalidad de Antofagasta señaló no haber sido notificada del proceso. Pese a que el municipio y la CMDS defendieron su actuación ante la Contraloría, el organismo estimó que los antecedentes ameritan investigación, ordenando un sumario para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) anunció este martes el inicio de sumarios administrativos e investigaciones laborales contra funcionarios que registraron viajes al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencia médica. Para detallar, el proceso surge tras la notificación recibida por parte de la Contraloría General de la República, a través de un Consolidado de Información Circularizada (CIC), que inicialmente detallaba la existencia de más de 300 colaboradores vinculados a esta situación en las áreas de salud, educación y Casa Central. La CMDS realizó un posterior análisis y depuración de los datos para confirmar los casos. Ante esto, el alcalde y presidente del Directorio de la Corporación Municipal, Sacha Razmilic, calificó la situación como grave y exigió una investigación exhaustiva.Espero que este abuso sea investigado a cabalidad y en caso de encontrar responsabilidades administrativas terminará con el cese de sus funciones si así lo amerita”, sostuvo el edil, quien agregó que este tipo de situaciones ha provocado impacto en la ciudadanía. Asimismo, la CMDS dispuso dos líneas de acción: Para quienes se rigen por el Estatuto Docente y el régimen de Atención Primaria de Salud (APS), se instruyeron sumarios administrativos. Para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo, se iniciará un procedimiento de investigación, resguardando el debido proceso. El secretario general ejecutivo de la CMDS, Jonathan Vergara, confirmó que los funcionarios involucrados fueron notificados este martes. Espero que este proceso de investigación sea de corta duración para determinar lo que va a suceder en cada caso. Es un hecho grave que reviste mal uso de un instrumento que será sancionado de nuestra parte como empleadores, señaló. Finalmente, desde la Corporación Municipal se recalcó que estas acciones buscan resguardar la probidad, la transparencia institucional, el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los funcionarios.
La Contraloría General de la República (CGR) podría sancionar a la actual Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, en el marco de un sumario administrativo por irregularidades en los procesos de contratación del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA). Ante esto, la CGR interpondría a Behrens una medida disciplinaria equivalente al 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de tres puntos por el proyecto que hoy se encuentra bajo investigación penal, por manejo indebido de fondos públicos donde la actual delegada se desempeñaba como encargada de Adquisiciones en la casa de estudios superiores, cargo que ejercía al momento de los hechos. Según el informe del organismo fiscalizador, estos contratos se habrían utilizado para pagar deudas de la Corporación de Desarrollo Norte Grande, una entidad externa que administraba el hospital sin el debido respaldo legal. Desde la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta (DPR) se emitió una Declaración Pública respecto al pronunciamiento de la Contraloría. En ella, se aclaró que el proceso se encuentra en curso ya que este ocurrió entre los años 2018 y 2019, tiempo en que Behrens no ocupaba el cargo de delegada presidencial por la región de Antofagasta. Finalmente, el Caso Hospital UA ha implicado un total de trece sanciones administrativas, incluyendo la destitución del exrector Luis Loyola Morales y de la exvicerrectora económica Marinka Varas Álvarez. La Contraloría también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, revelando un entramado de conflictos de interés, contratos sin respaldo legal y uso irregular de fondos públicos.
La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), un instrumento que permitirá a los gobiernos regionales definir de manera estratégica el desarrollo de sus territorios, estableciendo criterios sobre la localización de industrias, áreas protegidas y proyectos estratégicos. Con esta medida, las regiones contarán con mayores herramientas para diseñar su propia hoja de ruta territorial, decisión que deberá ser considerada por ministerios y servicios públicos al momento de impulsar iniciativas o proyectos en los distintos territorios del país. Según el documento emitido por el ente contralor, el PROT se define como un instrumento de ordenamiento territorial que orienta la utilización del territorio de cada región mediante lineamientos estratégicos y una macro zonificación, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Este instrumento permitirá proyectar el desarrollo regional a un horizonte de 30 años, estableciendo una “imagen objetivo” que busque equilibrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en cada territorio. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que el PROT permitirá conciliar distintas actividades productivas con la protección del medio ambiente y el desarrollo regional. “Es un instrumento que establece orientaciones sobre cómo conciliamos las labores productivas, las labores de protección ambiental y las que apuntan al desarrollo de la región”, señaló. La autoridad agregó que el plan es elaborado por el Gobierno Regional y posteriormente aprobado por el Consejo Regional, convirtiéndose en una herramienta clave para ordenar el crecimiento del territorio. “Establece, por ejemplo, dónde habrá zonas de desarrollo industrial o zonas de desarrollo turístico. En definitiva, ordena a la región”, puntualizó Díaz. De esta manera, el PROT se proyecta como una herramienta clave para la planificación territorial de largo plazo, entregando mayor autonomía a las regiones y fortaleciendo la toma de decisiones sobre el uso y desarrollo de sus territorios.
La Contraloría General de la República resolvió su posición respecto al acuerdo entre Codelco y SQM, definiendo abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la explotación de litio en el Salar de Atacama, debido a que varias objeciones fueron abordadas en tribunales. De acuerdo a la información de BioBío, el órgano tiene un límite institucional explícito, pues está impedido de intervenir en materias litigiosas o de mérito por órdenes de los tribunales de justicia; así lo dejó establecido el organismo a través de un oficio firmado por la contralora, Dorothy Pérez. Con lo anterior, quedan zanjadas las reclamaciones de parlamentarios, comunidades y particulares que cuestionaban el entendimiento entre la estatal y la minera privada, donde también se incluía el rol de Corfo en el acuerdo y la falta de licitación pública, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó las facultades de Codelco. No obstante, el oficio dispone que Contraloría General sí tomará un rol de actuación, pues activará su facultad de fiscalización e iniciará una auditoría formal.Las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General, señalan. La revisión tendrá el foco en contratos de asesoría y las operaciones financieras vinculadas al proceso, entre ellas, el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, así como en otras operaciones denunciadas por parlamentarios.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, tras denunciarse presuntas vulneraciones al principio de probidad administrativa en el contexto de la candidatura a diputada de la directora de Dideco, Yantiel Calderón (Evópoli). Las denuncias, ingresadas por Patricio Riveros y Marcelo Brunet, apuntan al uso de recursos públicos para favorecer su campaña, además de supuestas infracciones al deber de prescindencia política por parte de funcionarios municipales. Según el documento del ente fiscalizador, los denunciantes acusan que incluso el alcalde Sacha Razmilic y funcionarios habrían utilizado su cargo y jornada laboral para apoyar a Calderón. También señalan que la directora habría seguido impartiendo instrucciones pese a estar con permiso sin goce de sueldo. Contraloría detalla que los antecedentes sugieren el uso de redes sociales institucionales y material municipal para fines personales, lo que configuraría faltas a los principios de apoliticidad, legalidad y probidad. El órgano contralor recordó además que las instituciones públicas no pueden enlazar cuentas personales de autoridades ni anticipar información oficial a través de perfiles privados, según lo establecido en el dictamen E545210 de 2024. Asimismo, destacó que los bienes y plataformas institucionales no pueden utilizarse para potenciar posicionamientos individuales. Consultada por este medio, la Municipalidad de Antofagasta señaló no haber sido notificada del proceso. Pese a que el municipio y la CMDS defendieron su actuación ante la Contraloría, el organismo estimó que los antecedentes ameritan investigación, ordenando un sumario para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) anunció este martes el inicio de sumarios administrativos e investigaciones laborales contra funcionarios que registraron viajes al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencia médica. Para detallar, el proceso surge tras la notificación recibida por parte de la Contraloría General de la República, a través de un Consolidado de Información Circularizada (CIC), que inicialmente detallaba la existencia de más de 300 colaboradores vinculados a esta situación en las áreas de salud, educación y Casa Central. La CMDS realizó un posterior análisis y depuración de los datos para confirmar los casos. Ante esto, el alcalde y presidente del Directorio de la Corporación Municipal, Sacha Razmilic, calificó la situación como grave y exigió una investigación exhaustiva.Espero que este abuso sea investigado a cabalidad y en caso de encontrar responsabilidades administrativas terminará con el cese de sus funciones si así lo amerita”, sostuvo el edil, quien agregó que este tipo de situaciones ha provocado impacto en la ciudadanía. Asimismo, la CMDS dispuso dos líneas de acción: Para quienes se rigen por el Estatuto Docente y el régimen de Atención Primaria de Salud (APS), se instruyeron sumarios administrativos. Para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo, se iniciará un procedimiento de investigación, resguardando el debido proceso. El secretario general ejecutivo de la CMDS, Jonathan Vergara, confirmó que los funcionarios involucrados fueron notificados este martes. Espero que este proceso de investigación sea de corta duración para determinar lo que va a suceder en cada caso. Es un hecho grave que reviste mal uso de un instrumento que será sancionado de nuestra parte como empleadores, señaló. Finalmente, desde la Corporación Municipal se recalcó que estas acciones buscan resguardar la probidad, la transparencia institucional, el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los funcionarios.
La Contraloría General de la República (CGR) podría sancionar a la actual Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, en el marco de un sumario administrativo por irregularidades en los procesos de contratación del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA). Ante esto, la CGR interpondría a Behrens una medida disciplinaria equivalente al 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de tres puntos por el proyecto que hoy se encuentra bajo investigación penal, por manejo indebido de fondos públicos donde la actual delegada se desempeñaba como encargada de Adquisiciones en la casa de estudios superiores, cargo que ejercía al momento de los hechos. Según el informe del organismo fiscalizador, estos contratos se habrían utilizado para pagar deudas de la Corporación de Desarrollo Norte Grande, una entidad externa que administraba el hospital sin el debido respaldo legal. Desde la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta (DPR) se emitió una Declaración Pública respecto al pronunciamiento de la Contraloría. En ella, se aclaró que el proceso se encuentra en curso ya que este ocurrió entre los años 2018 y 2019, tiempo en que Behrens no ocupaba el cargo de delegada presidencial por la región de Antofagasta. Finalmente, el Caso Hospital UA ha implicado un total de trece sanciones administrativas, incluyendo la destitución del exrector Luis Loyola Morales y de la exvicerrectora económica Marinka Varas Álvarez. La Contraloría también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, revelando un entramado de conflictos de interés, contratos sin respaldo legal y uso irregular de fondos públicos.
