La Contraloría General de la República (CGR) podría sancionar a la actual Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, en el marco de un sumario administrativo por irregularidades en los procesos de contratación del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA). Ante esto, la CGR interpondría a Behrens una medida disciplinaria equivalente al 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de tres puntos por el proyecto que hoy se encuentra bajo investigación penal, por manejo indebido de fondos públicos donde la actual delegada se desempeñaba como encargada de Adquisiciones en la casa de estudios superiores, cargo que ejercía al momento de los hechos. Según el informe del organismo fiscalizador, estos contratos se habrían utilizado para pagar deudas de la Corporación de Desarrollo Norte Grande, una entidad externa que administraba el hospital sin el debido respaldo legal. Desde la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta (DPR) se emitió una Declaración Pública respecto al pronunciamiento de la Contraloría. En ella, se aclaró que el proceso se encuentra en curso ya que este ocurrió entre los años 2018 y 2019, tiempo en que Behrens no ocupaba el cargo de delegada presidencial por la región de Antofagasta. Finalmente, el Caso Hospital UA ha implicado un total de trece sanciones administrativas, incluyendo la destitución del exrector Luis Loyola Morales y de la exvicerrectora económica Marinka Varas Álvarez. La Contraloría también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, revelando un entramado de conflictos de interés, contratos sin respaldo legal y uso irregular de fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló graves irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, correspondientes al período enero de 2021 a diciembre de 2023. Según el Informe Final N°273 de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Antofagasta, se detectaron gastos improcedentes por un total de $162.587.530, financiados con aportes per cápita del Ministerio de Salud. El informe detalla que $134.384.530 fueron utilizados en fines ajenos a lo establecido por la ley N°19.378, que regula la Atención Primaria de Salud. Estos recursos se destinaron a pagos de almuerzos, celebraciones del Día del Trabajador, Fiestas Patrias y otras actividades que no guardan relación con la atención sanitaria. Además, se identificó un segundo monto de $28.203.000, empleado para financiar una cena de aniversario del personal de salud en 2022, gasto que tampoco benefició directamente a los usuarios del sistema público. Aunque dichos fondos fueron reintegrados tras la observación del ente fiscalizador, se constató que el reintegro se efectuó con recursos provenientes de una cuenta de educación del Servicio de Salud de Antofagasta, desviando nuevamente dineros con un propósito distinto al legalmente definido. Ante esto, la Contraloría emitió reparos formales y ordenó la restitución de los recursos utilizados indebidamente. El caso fue además remitido al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El informe también advierte que el Servicio de Salud de Antofagasta no ha cumplido con su deber de fiscalización sobre la Comdes, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer posibles negligencias. La entidad deberá informar los avances del proceso en un plazo máximo de 60 días hábiles. Estas observaciones se suman a los reiterados cuestionamientos sobre la gestión financiera de la Comdes, que administra los recursos de salud, educación y desarrollo social de Calama.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló graves vulnerabilidades en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la plataforma que gestiona la postulación a colegios. La principal falla detectada es la posibilidad de inscribir a personas fallecidas, lo que pone en entredicho la fiabilidad de un sistema que, según expertos, incide directamente en el futuro de los niños. Según el documento que se dio a conocer este martes, detalla que al realizar una prueba de vulnerabilidad, el sistema permitió la postulación utilizando el RUT de una persona adulta fallecida sin emitir ninguna alerta. Esta grave omisión se suma a la falta de registro de las operaciones del sistema, ya que loslogs o registros técnicos se conservan solo por una semana, lo que impide trazar y fiscalizar el proceso. La Contraloría constató que, a la fecha de la revisión, había más de 280 mil campos de estos registros en blanco. Ante estas revelaciones, el mundo académico y la sociedad civil ha expresado su preocupación. El investigador Claudio Álvarez, de la U. de los Andes, señaló que el sistema debería verificar en tiempo real el estado vital de los postulantes, mientras que Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD, afirmó que estas fallaserosionan la credibilidad de una política pública ya fuertemente cuestionada. Por su parte, María Paz Arzola, de LyD, advirtió que la credibilidad del SAE se ve afectada si sus debilidades se hacen evidentes. María Teresa Romero, de Escuelas Abiertas, recalcó que no se trata de un problema menor, sino de una herramienta que define el futuro de los estudiantes. Finalmente, desde el Gobierno, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, aseguró que estas inconsistencias son detectadas y corregidas antes del final del proceso, y descartó que se asignen vacantes a personas con datos de personas fallecidas. Además, afirmó que la nueva infraestructura que ampliará la capacidad de los servidores comenzará a operar este año. Sin embargo, la Contraloría recordó que ya había emitido alertas en 2023, y que gran parte de las mejoras tecnológicas aún están en evaluación o dependen de la Ley de Presupuestos para el año 2026.
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un informe contundente que expone las deficiencias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para gestionar los reclamos masivos derivados del megacorte de luz de febrero pasado. El organismo contralor reveló que el Sernac no contaba con un plan de contingencia para afrontar la emergencia, lo que provocó graves retrasos y la creación de un sistema de gestión ineficiente que perjudicó a los consumidores. Según el informe N°331 de la CGR, la falta de un protocolo adecuado llevó al Sernac a tomar medidas improvisadas. Una de ellas fue suspender el envío de reclamos a las empresas de distribución eléctrica y a otras compañías. Además, se creó un proveedor ficticio llamado Apagón con la intención de agrupar los casos, una medida que no estaba contemplada en la normativa interna del servicio. Esta decisión, además de no estar regulada, resultó ser ineficaz, ya que solo 103 de los 13.587 reclamos recibidos fueron registrados bajo esta categoría. La auditoría también detectó que la suspensión del envío de reclamos generó una demora que superó ampliamente los plazos establecidos por el propio Sernac, alcanzando en algunos casos hasta 40 días. Aún más grave, no se informó a los consumidores que sus reclamos no estaban siendo procesados. Entre los hallazgos más críticos se encuentra el retraso de hasta 39 días en la derivación de casos de personas electrodependientes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un hecho que pone en riesgo la vida de estos pacientes. Finalmente, la Contraloría también desmintió la existencia de una directriz superior para la creación del proveedor Apagón, señalando que la iniciativa surgió de las jefaturas del propio servicio. Ante esta situación, la CGR ordenó al Sernac que, en un plazo de 60 días, implemente una serie de medidas correctivas. Entre ellas, se exige la elaboración de unInstructivo de gestión de casos de alta criticidad, la actualización delProcedimiento de gestión de reclamos y la modificación del convenio con la SEC para incluir la gestión de reclamos masivos.
La Contraloría General de la República (CGR) podría sancionar a la actual Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, en el marco de un sumario administrativo por irregularidades en los procesos de contratación del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA). Ante esto, la CGR interpondría a Behrens una medida disciplinaria equivalente al 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de tres puntos por el proyecto que hoy se encuentra bajo investigación penal, por manejo indebido de fondos públicos donde la actual delegada se desempeñaba como encargada de Adquisiciones en la casa de estudios superiores, cargo que ejercía al momento de los hechos. Según el informe del organismo fiscalizador, estos contratos se habrían utilizado para pagar deudas de la Corporación de Desarrollo Norte Grande, una entidad externa que administraba el hospital sin el debido respaldo legal. Desde la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta (DPR) se emitió una Declaración Pública respecto al pronunciamiento de la Contraloría. En ella, se aclaró que el proceso se encuentra en curso ya que este ocurrió entre los años 2018 y 2019, tiempo en que Behrens no ocupaba el cargo de delegada presidencial por la región de Antofagasta. Finalmente, el Caso Hospital UA ha implicado un total de trece sanciones administrativas, incluyendo la destitución del exrector Luis Loyola Morales y de la exvicerrectora económica Marinka Varas Álvarez. La Contraloría también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, revelando un entramado de conflictos de interés, contratos sin respaldo legal y uso irregular de fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló graves irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, correspondientes al período enero de 2021 a diciembre de 2023. Según el Informe Final N°273 de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de Antofagasta, se detectaron gastos improcedentes por un total de $162.587.530, financiados con aportes per cápita del Ministerio de Salud. El informe detalla que $134.384.530 fueron utilizados en fines ajenos a lo establecido por la ley N°19.378, que regula la Atención Primaria de Salud. Estos recursos se destinaron a pagos de almuerzos, celebraciones del Día del Trabajador, Fiestas Patrias y otras actividades que no guardan relación con la atención sanitaria. Además, se identificó un segundo monto de $28.203.000, empleado para financiar una cena de aniversario del personal de salud en 2022, gasto que tampoco benefició directamente a los usuarios del sistema público. Aunque dichos fondos fueron reintegrados tras la observación del ente fiscalizador, se constató que el reintegro se efectuó con recursos provenientes de una cuenta de educación del Servicio de Salud de Antofagasta, desviando nuevamente dineros con un propósito distinto al legalmente definido. Ante esto, la Contraloría emitió reparos formales y ordenó la restitución de los recursos utilizados indebidamente. El caso fue además remitido al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El informe también advierte que el Servicio de Salud de Antofagasta no ha cumplido con su deber de fiscalización sobre la Comdes, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer posibles negligencias. La entidad deberá informar los avances del proceso en un plazo máximo de 60 días hábiles. Estas observaciones se suman a los reiterados cuestionamientos sobre la gestión financiera de la Comdes, que administra los recursos de salud, educación y desarrollo social de Calama.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló graves vulnerabilidades en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la plataforma que gestiona la postulación a colegios. La principal falla detectada es la posibilidad de inscribir a personas fallecidas, lo que pone en entredicho la fiabilidad de un sistema que, según expertos, incide directamente en el futuro de los niños. Según el documento que se dio a conocer este martes, detalla que al realizar una prueba de vulnerabilidad, el sistema permitió la postulación utilizando el RUT de una persona adulta fallecida sin emitir ninguna alerta. Esta grave omisión se suma a la falta de registro de las operaciones del sistema, ya que loslogs o registros técnicos se conservan solo por una semana, lo que impide trazar y fiscalizar el proceso. La Contraloría constató que, a la fecha de la revisión, había más de 280 mil campos de estos registros en blanco. Ante estas revelaciones, el mundo académico y la sociedad civil ha expresado su preocupación. El investigador Claudio Álvarez, de la U. de los Andes, señaló que el sistema debería verificar en tiempo real el estado vital de los postulantes, mientras que Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD, afirmó que estas fallaserosionan la credibilidad de una política pública ya fuertemente cuestionada. Por su parte, María Paz Arzola, de LyD, advirtió que la credibilidad del SAE se ve afectada si sus debilidades se hacen evidentes. María Teresa Romero, de Escuelas Abiertas, recalcó que no se trata de un problema menor, sino de una herramienta que define el futuro de los estudiantes. Finalmente, desde el Gobierno, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, aseguró que estas inconsistencias son detectadas y corregidas antes del final del proceso, y descartó que se asignen vacantes a personas con datos de personas fallecidas. Además, afirmó que la nueva infraestructura que ampliará la capacidad de los servidores comenzará a operar este año. Sin embargo, la Contraloría recordó que ya había emitido alertas en 2023, y que gran parte de las mejoras tecnológicas aún están en evaluación o dependen de la Ley de Presupuestos para el año 2026.
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un informe contundente que expone las deficiencias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para gestionar los reclamos masivos derivados del megacorte de luz de febrero pasado. El organismo contralor reveló que el Sernac no contaba con un plan de contingencia para afrontar la emergencia, lo que provocó graves retrasos y la creación de un sistema de gestión ineficiente que perjudicó a los consumidores. Según el informe N°331 de la CGR, la falta de un protocolo adecuado llevó al Sernac a tomar medidas improvisadas. Una de ellas fue suspender el envío de reclamos a las empresas de distribución eléctrica y a otras compañías. Además, se creó un proveedor ficticio llamado Apagón con la intención de agrupar los casos, una medida que no estaba contemplada en la normativa interna del servicio. Esta decisión, además de no estar regulada, resultó ser ineficaz, ya que solo 103 de los 13.587 reclamos recibidos fueron registrados bajo esta categoría. La auditoría también detectó que la suspensión del envío de reclamos generó una demora que superó ampliamente los plazos establecidos por el propio Sernac, alcanzando en algunos casos hasta 40 días. Aún más grave, no se informó a los consumidores que sus reclamos no estaban siendo procesados. Entre los hallazgos más críticos se encuentra el retraso de hasta 39 días en la derivación de casos de personas electrodependientes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un hecho que pone en riesgo la vida de estos pacientes. Finalmente, la Contraloría también desmintió la existencia de una directriz superior para la creación del proveedor Apagón, señalando que la iniciativa surgió de las jefaturas del propio servicio. Ante esta situación, la CGR ordenó al Sernac que, en un plazo de 60 días, implemente una serie de medidas correctivas. Entre ellas, se exige la elaboración de unInstructivo de gestión de casos de alta criticidad, la actualización delProcedimiento de gestión de reclamos y la modificación del convenio con la SEC para incluir la gestión de reclamos masivos.
