Este lunes, el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informara que no ejecutará la construcción de 5.000 viviendas comprometida s en un convenio entre ambas entidades. Se trata de un acuerdo suscrito en el Convenio de Transferencia Habitacional “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre ambas entidades. Según explicaron desde el Gobierno Regional, el acuerdo contemplaba una inversión de $88.995.894.130 FNDR y $355.300.505.057 sectoriales, los que estarían destinados para financiar 8.733 soluciones habitacionales en 42 iniciativas. No obstante, pese al convenio, el servicio anunció que su capacidad de ejecución se redujo a 3.268 viviendas. La situación fue informada en una reunión donde participaron ambos organismos, instancia donde además el Gore fue informado sobre una licitación que contemplaba 1.208 soluciones habitacionales, de las que de acuerdo al Gobernador, no habría sido informado pese al convenio. Esto significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban escritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional, explicó Ricardo Díaz. Tras ello, el Gobernador agregó que: Es por eso que vamos a ir a Contraloría y llevar estas licitaciones y estas adjudicaciones que ha hecho Serviu sin avisar al Gobierno Regional.
Antofagasta TV rectifica información publicada el pasado 28 de agosto respecto del procedimiento administrativo que involucra al doctor Robert Sornoza García, funcionario médico del Hospital Regional de Antofagasta. La aclaración se realiza tras una solicitud de rectificación presentada por el profesional, quien precisó que la Contraloría General de la República no ha impuesto una sanción administrativa definitiva por los hechos informados. El pronunciamiento de Contraloría, fechado el 28 de julio de 2026, representó la resolución mediante la cual el Hospital Regional había aplicado al funcionario una suspensión de empleo por un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones, y ordenó reabrir el procedimiento administrativo. En consecuencia, el sumario deberá continuar su tramitación y ser nuevamente resuelto por la autoridad competente, por lo que actualmente no existe una resolución definitiva respecto de la responsabilidad administrativa del profesional. De esta manera, las referencias contenidas en la publicación anterior que pudieran interpretarse como que se encontraba definitivamente acreditada la responsabilidad del doctor Sornoza por la presentación de documentos alterados o adulterados deben entenderse rectificadas. Los hechos señalados forman parte de un procedimiento administrativo cuya reapertura fue instruida por Contraloría y que permanece pendiente de una resolución definitiva. Antofagasta TV realiza esta precisión con el propósito de entregar correctamente los antecedentes y dejar expresamente establecido el estado actual del procedimiento.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó al Hospital Regional reabrir un sumario administrativo contra un funcionario médico, luego de concluir que la sanción aplicada por el establecimiento asistencial no se ajustó a derecho. Mediante un oficio fechado el 28 de julio de 2026, el organismo de control representó la resolución que había determinado para el funcionario la suspensión de su empleo durante un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones. El procedimiento tiene su origen en una denuncia por la eventual presentación de documentos alterados y certificados de estudios no válidos durante procesos concursales para acceder a jefaturas de servicios clínicos del Hospital Regional de Antofagasta. Según establece el oficio, durante la investigación se acreditó que el funcionario presentó documentación adulterada en procesos para la asignación de las jefaturas médicas de la Unidad de Emergencia y del Servicio de Medicina Interna. Entre los antecedentes se mencionan artículos de investigación científica en los que no habría tenido participación y certificados de estudios superiores cuya autenticidad no pudo ser verificada. El punto central del pronunciamiento de Contraloría está relacionado con la sanción finalmente aplicada. Los antecedentes del sumario establecieron que la conducta habría vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa. Sin embargo, posteriormente se consideraron las circunstancias particulares del caso, los antecedentes aportados por el funcionario y su conducta previa para estimar que la destitución resultaba desproporcionada, optándose por una sanción menor. Contraloría cuestionó esta decisión y sostuvo que la rebaja de la medida propuesta en el sumario no se ajustó a derecho. El organismo recordó que cuando la legislación establece una sanción específica para una infracción grave al principio de probidad administrativa, la autoridad encargada de ejercer la potestad disciplinaria debe aplicarla. En ese sentido, el organismo fiscalizador señala que, si se configura una vulneración grave al principio de probidad, corresponde aplicar la sanción de destitución y la jefatura no puede sustituirla por otra medida ni considerar circunstancias destinadas a disminuir la responsabilidad funcionaria. Por esta razón, Contraloría ordenó al Hospital Regional de Antofagasta reabrir el proceso sumarial y resolverlo conforme a la jurisprudencia administrativa citada en el oficio. Una vez concluido nuevamente el procedimiento, el establecimiento deberá remitir el acto administrativo a Contraloría para su respectivo control de legalidad. El organismo estableció un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del oficio, para cumplir con lo instruido. De esta manera, el pronunciamiento no dispone directamente la destitución del funcionario, sino que deja sin curso la sanción aplicada y obliga al Hospital a reabrir el sumario y adoptar una nueva resolución conforme al criterio jurídico establecido por Contraloría.
El viernes pasado, la Municipalidad de Antofagasta recibió las consideraciones de Contraloría General de la República, tras un oficio enviado por el cuerpo de concejales de Antofagasta, en relación al proceso de análisis de ofertas en el contrato de retiro de desechos domiciliarios, en el que se dejó fuera a la empresa DEMARCO S.A. El informe, en resumen, instruye a la casa consistorial, dejar sin efecto la inadmisibilidad injustificada a la empresa Demarco S.A. y volver a evaluar su propuesta de manera correcta en la comisión evaluadora; y emitir un nuevo decreto alcaldicio, porque deben corregir los vicios de forma, incluyendo formalmente todas las inadmisibilidades (si las hubiera) y acompañando todos los antecedentes y memorándums que faltaban. Este oficio, deja sobre la mesa, la posibilidad que la empresa excluida del proceso de evaluación, pueda ser reconsiderada en el trámite final de la adjudicación del contrato por 60 meses.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
Este lunes, el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informara que no ejecutará la construcción de 5.000 viviendas comprometida s en un convenio entre ambas entidades. Se trata de un acuerdo suscrito en el Convenio de Transferencia Habitacional “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre ambas entidades. Según explicaron desde el Gobierno Regional, el acuerdo contemplaba una inversión de $88.995.894.130 FNDR y $355.300.505.057 sectoriales, los que estarían destinados para financiar 8.733 soluciones habitacionales en 42 iniciativas. No obstante, pese al convenio, el servicio anunció que su capacidad de ejecución se redujo a 3.268 viviendas. La situación fue informada en una reunión donde participaron ambos organismos, instancia donde además el Gore fue informado sobre una licitación que contemplaba 1.208 soluciones habitacionales, de las que de acuerdo al Gobernador, no habría sido informado pese al convenio. Esto significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban escritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional, explicó Ricardo Díaz. Tras ello, el Gobernador agregó que: Es por eso que vamos a ir a Contraloría y llevar estas licitaciones y estas adjudicaciones que ha hecho Serviu sin avisar al Gobierno Regional.
Antofagasta TV rectifica información publicada el pasado 28 de agosto respecto del procedimiento administrativo que involucra al doctor Robert Sornoza García, funcionario médico del Hospital Regional de Antofagasta. La aclaración se realiza tras una solicitud de rectificación presentada por el profesional, quien precisó que la Contraloría General de la República no ha impuesto una sanción administrativa definitiva por los hechos informados. El pronunciamiento de Contraloría, fechado el 28 de julio de 2026, representó la resolución mediante la cual el Hospital Regional había aplicado al funcionario una suspensión de empleo por un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones, y ordenó reabrir el procedimiento administrativo. En consecuencia, el sumario deberá continuar su tramitación y ser nuevamente resuelto por la autoridad competente, por lo que actualmente no existe una resolución definitiva respecto de la responsabilidad administrativa del profesional. De esta manera, las referencias contenidas en la publicación anterior que pudieran interpretarse como que se encontraba definitivamente acreditada la responsabilidad del doctor Sornoza por la presentación de documentos alterados o adulterados deben entenderse rectificadas. Los hechos señalados forman parte de un procedimiento administrativo cuya reapertura fue instruida por Contraloría y que permanece pendiente de una resolución definitiva. Antofagasta TV realiza esta precisión con el propósito de entregar correctamente los antecedentes y dejar expresamente establecido el estado actual del procedimiento.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó al Hospital Regional reabrir un sumario administrativo contra un funcionario médico, luego de concluir que la sanción aplicada por el establecimiento asistencial no se ajustó a derecho. Mediante un oficio fechado el 28 de julio de 2026, el organismo de control representó la resolución que había determinado para el funcionario la suspensión de su empleo durante un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones. El procedimiento tiene su origen en una denuncia por la eventual presentación de documentos alterados y certificados de estudios no válidos durante procesos concursales para acceder a jefaturas de servicios clínicos del Hospital Regional de Antofagasta. Según establece el oficio, durante la investigación se acreditó que el funcionario presentó documentación adulterada en procesos para la asignación de las jefaturas médicas de la Unidad de Emergencia y del Servicio de Medicina Interna. Entre los antecedentes se mencionan artículos de investigación científica en los que no habría tenido participación y certificados de estudios superiores cuya autenticidad no pudo ser verificada. El punto central del pronunciamiento de Contraloría está relacionado con la sanción finalmente aplicada. Los antecedentes del sumario establecieron que la conducta habría vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa. Sin embargo, posteriormente se consideraron las circunstancias particulares del caso, los antecedentes aportados por el funcionario y su conducta previa para estimar que la destitución resultaba desproporcionada, optándose por una sanción menor. Contraloría cuestionó esta decisión y sostuvo que la rebaja de la medida propuesta en el sumario no se ajustó a derecho. El organismo recordó que cuando la legislación establece una sanción específica para una infracción grave al principio de probidad administrativa, la autoridad encargada de ejercer la potestad disciplinaria debe aplicarla. En ese sentido, el organismo fiscalizador señala que, si se configura una vulneración grave al principio de probidad, corresponde aplicar la sanción de destitución y la jefatura no puede sustituirla por otra medida ni considerar circunstancias destinadas a disminuir la responsabilidad funcionaria. Por esta razón, Contraloría ordenó al Hospital Regional de Antofagasta reabrir el proceso sumarial y resolverlo conforme a la jurisprudencia administrativa citada en el oficio. Una vez concluido nuevamente el procedimiento, el establecimiento deberá remitir el acto administrativo a Contraloría para su respectivo control de legalidad. El organismo estableció un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del oficio, para cumplir con lo instruido. De esta manera, el pronunciamiento no dispone directamente la destitución del funcionario, sino que deja sin curso la sanción aplicada y obliga al Hospital a reabrir el sumario y adoptar una nueva resolución conforme al criterio jurídico establecido por Contraloría.
El viernes pasado, la Municipalidad de Antofagasta recibió las consideraciones de Contraloría General de la República, tras un oficio enviado por el cuerpo de concejales de Antofagasta, en relación al proceso de análisis de ofertas en el contrato de retiro de desechos domiciliarios, en el que se dejó fuera a la empresa DEMARCO S.A. El informe, en resumen, instruye a la casa consistorial, dejar sin efecto la inadmisibilidad injustificada a la empresa Demarco S.A. y volver a evaluar su propuesta de manera correcta en la comisión evaluadora; y emitir un nuevo decreto alcaldicio, porque deben corregir los vicios de forma, incluyendo formalmente todas las inadmisibilidades (si las hubiera) y acompañando todos los antecedentes y memorándums que faltaban. Este oficio, deja sobre la mesa, la posibilidad que la empresa excluida del proceso de evaluación, pueda ser reconsiderada en el trámite final de la adjudicación del contrato por 60 meses.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
