La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, ha tomado drásticas medidas tras confirmarse el uso irregular de licencias médicas para viajar al extranjero por parte de sus trabajadores. La empresa estatal anunció el despido de 21 empleados involucrados en esta práctica, que fue destapada por una investigación de la Contraloría General de la República. Ante esto, la Contraloría identificó un total de 204 licencias que habrían sido utilizadas de forma indebida en Codelco. Al respecto, la cuprífera precisó que 153 personas están involucradas en el polémico caso, de las cuales 118 se encontraban trabajando en la empresa al momento de recibir la información. De ellas, 21 personas ya fueron desvinculadas y seguimos avanzando en el análisis de los demás casos para que cualquier irregularidad sea sancionada con la máxima severidad, como lo hemos hecho hasta ahora, señalaron desde Codelco a Radio Bío Bio. Finalmente, este caso de uso irregular de licencias médicas no solo ha afectado a servicios públicos, sino también a varias empresas. Otro ejemplo es BancoEstado, donde se registraron 317 licencias utilizadas para salir del país. La entidad bancaria ha anunciado unainvestigación exhaustiva y la aplicación de las medidas administrativas y legales correspondientes.
La directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, anunció este miércoles que se instruyó a todos los servicios públicos del país iniciar sumarios administrativos, en un plazo máximo de 72 horas, contra funcionarios que hicieron uso indebido de licencias médicas viajando al extranjero. La medida responde a los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República, que detectó más de 25.000 casos entre 2023 y 2024. Martínez explicó que el ausentismo en el sector público ha crecido considerablemente tras la pandemia, duplicándose en promedio los días de ausencia de los funcionarios. “Esto implica más de 8 millones de días laborales perdidos al año, lo que representa un gasto superior a los 350 millones de dólares por suplencias y reemplazos”, detalló. Además de los sumarios, la directora de la Dipres recalcó que también se deberán iniciar procesos de reintegro de los montos correspondientes a las licencias médicas mal utilizadas. “La instrucción es clara: se deben aplicar sanciones y recuperar los recursos fiscales mal empleados”, enfatizó. Antofagasta Un total de 492 funcionarios públicos en la Región de Antofagasta habrían incumplido el reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país entre 2023 y 2024, según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República. El informe, que analiza más de 5 millones de licencias médicas emitidas a nivel nacional, detalla que durante esos periodos se realizaron 59.575 salidas o entradas internacionales, muchas de ellas mientras los funcionarios se encontraban con licencia activa. En Antofagasta, estas cifras superan las 800 entradas y salidas del país. Calama Entre las entidades con mayor licencias aparece la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. Revisa el informe de la contraloría ACÁ
La Contraloría General de la República notificó la toma de razón del reglamento de la esperada Ley Uber, un acto administrativo calificado como histórico por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este paso crucial allana el camino para la pronta entrada en vigencia de la normativa que busca regular a las empresas de aplicaciones de transporte. Ante esto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo un llamado a las empresas del sector a colaborar en la correcta implementación de la ley, que se espera entre en vigor en los próximos días. Sin embargo, la directora ejecutiva de Alianza IN Chile, Marcela Sabat, expresó su preocupación y no descartó recurrir a instancias internacionales para frenar la norma, argumentando que sobrepasa los límites de la protección de datos de los usuarios. Finalmente, desde la Confederación Nacional de Taxistas de Chile (Confenatach), su presidente nacional, Luis Reyes, señaló que la leyempareja la cancha, aunque reconoció que no era el escenario ideal que buscaban. Tras la publicación del reglamento en el Diario Oficial, se abrirá un plazo legal de 30 días para que la Ley Uber comience a regir en el país.
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, ha tomado drásticas medidas tras confirmarse el uso irregular de licencias médicas para viajar al extranjero por parte de sus trabajadores. La empresa estatal anunció el despido de 21 empleados involucrados en esta práctica, que fue destapada por una investigación de la Contraloría General de la República. Ante esto, la Contraloría identificó un total de 204 licencias que habrían sido utilizadas de forma indebida en Codelco. Al respecto, la cuprífera precisó que 153 personas están involucradas en el polémico caso, de las cuales 118 se encontraban trabajando en la empresa al momento de recibir la información. De ellas, 21 personas ya fueron desvinculadas y seguimos avanzando en el análisis de los demás casos para que cualquier irregularidad sea sancionada con la máxima severidad, como lo hemos hecho hasta ahora, señalaron desde Codelco a Radio Bío Bio. Finalmente, este caso de uso irregular de licencias médicas no solo ha afectado a servicios públicos, sino también a varias empresas. Otro ejemplo es BancoEstado, donde se registraron 317 licencias utilizadas para salir del país. La entidad bancaria ha anunciado unainvestigación exhaustiva y la aplicación de las medidas administrativas y legales correspondientes.
La directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, anunció este miércoles que se instruyó a todos los servicios públicos del país iniciar sumarios administrativos, en un plazo máximo de 72 horas, contra funcionarios que hicieron uso indebido de licencias médicas viajando al extranjero. La medida responde a los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República, que detectó más de 25.000 casos entre 2023 y 2024. Martínez explicó que el ausentismo en el sector público ha crecido considerablemente tras la pandemia, duplicándose en promedio los días de ausencia de los funcionarios. “Esto implica más de 8 millones de días laborales perdidos al año, lo que representa un gasto superior a los 350 millones de dólares por suplencias y reemplazos”, detalló. Además de los sumarios, la directora de la Dipres recalcó que también se deberán iniciar procesos de reintegro de los montos correspondientes a las licencias médicas mal utilizadas. “La instrucción es clara: se deben aplicar sanciones y recuperar los recursos fiscales mal empleados”, enfatizó. Antofagasta Un total de 492 funcionarios públicos en la Región de Antofagasta habrían incumplido el reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país entre 2023 y 2024, según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República. El informe, que analiza más de 5 millones de licencias médicas emitidas a nivel nacional, detalla que durante esos periodos se realizaron 59.575 salidas o entradas internacionales, muchas de ellas mientras los funcionarios se encontraban con licencia activa. En Antofagasta, estas cifras superan las 800 entradas y salidas del país. Calama Entre las entidades con mayor licencias aparece la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. Revisa el informe de la contraloría ACÁ
La Contraloría General de la República notificó la toma de razón del reglamento de la esperada Ley Uber, un acto administrativo calificado como histórico por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este paso crucial allana el camino para la pronta entrada en vigencia de la normativa que busca regular a las empresas de aplicaciones de transporte. Ante esto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo un llamado a las empresas del sector a colaborar en la correcta implementación de la ley, que se espera entre en vigor en los próximos días. Sin embargo, la directora ejecutiva de Alianza IN Chile, Marcela Sabat, expresó su preocupación y no descartó recurrir a instancias internacionales para frenar la norma, argumentando que sobrepasa los límites de la protección de datos de los usuarios. Finalmente, desde la Confederación Nacional de Taxistas de Chile (Confenatach), su presidente nacional, Luis Reyes, señaló que la leyempareja la cancha, aunque reconoció que no era el escenario ideal que buscaban. Tras la publicación del reglamento en el Diario Oficial, se abrirá un plazo legal de 30 días para que la Ley Uber comience a regir en el país.
