La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Contraloría General de la República entregó una resolución que establece que actualmente las municipalidades no cuentan con facultades legales para dictar ordenanzas que fijen horarios de funcionamiento a barberías y peluquerías. Esto, luego de una consulta realizada por la Municipalidad de Conchalí respecto de una normativa aplicada por la comuna de Independencia. En el caso de Antofagasta, la ordenanza que restringe el horario de funcionamiento en dichos locales, comenzó a regir el pasado 15 de abril. La ordenanza dictada por la Municipalidad de Antofagasta establecía como límite de funcionamiento un horario máximo de cierre a las 21:30 horas de lunes a sábados, y a las 20:00 horas los domingos, con un horario de apertura desde las 09:00 horas. En caso de incumplir, los locales arriesgaban multas desde las 3 a 5 UTM e incluso la clausura. Por ello, el ente contralor remarcó que la única actividad donde las administraciones municipales pueden fijar horarios, corresponde a establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Y que por lo tanto, las ordenanzas dictadas por los municipios deben ajustarse al marco legal vigente y no pueden establecer exigencias adicionales a las que ya están contempladas en las normativas. En este escenario, la resolución de la CGR dicta que todos los municipios que cuenten con normativas de esta índole, deberán adoptar las medidas necesarias para dejarlas sin efecto o adecuarlas a la legislación vigente. Eso sí, Contraloría precisó que l as municipalidades sí mantienen atribuciones para fiscalizar que los locales cuenten con patente comercial, que no excedan el giro autorizado y que se adopten medidas frente a eventuales irregularidades. Nueva ley La situación podría cambiar el 12 de agosto de de esta año, con la entrada en vigencia la Ley N° 21.802, normativa que fortalece el rol de las municipalidades en materia de seguridad pública y prevención del delito. Según el órgano contralor, la normativa abriría la posibilidad de que los municipios desarrollen estrategias preventivas vinculadas a la seguridad comunal, incluyendo eventuales regulaciones horarias. Todo esto, siempre bajo criterios fundados, proporcionales y ajustados a la realidad específica de cada comuna.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un nuevo informe que vuelve a poner en el foco el uso de recursos públicos en municipios del país, revelando que la Municipalidad de Antofagasta figura entre aquellas que superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas durante los años 2024 y 2025. El análisis, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, evaluó el gasto en celebraciones, conmemoraciones y festividades en las 345 municipalidades del país, comparándolo con el gasto social destinado directamente a personas. Según el informe, Antofagasta registró en 2024 un gasto de $196.471.134 en este tipo de actividades, posicionándose entre las comunas con mayores desembolsos a nivel nacional. La situación se repite en 2025, donde la capital regional incrementa significativamente su gasto, alcanzando los $275.943.951, ubicándose entre los primeros lugares del listado elaborado por el órgano contralor. Estas cifras superan ampliamente los promedios nacionales establecidos para ambos años: $51 millones en 2024 y $38 millones en 2025. Desde Contraloría aclararon que el análisis excluye festividades reconocidas por ley, así como celebraciones tradicionales o eventos que generan impacto económico y turístico en las comunas, como fiestas costumbristas o celebraciones de fin de año. Sin embargo, sí considera actividades que no cuentan con justificación normativa ni cultural relevante, tales como celebraciones de carácter general como Halloween, Día de la Primavera o similares. El informe surge en medio de cuestionamientos de autoridades municipales a nivel nacional, quienes solicitaron mayor precisión en la información publicada. Ante ello, la CGR optó por transparentar el listado completo de municipios que superaron el gasto promedio, reafirmando la necesidad de fortalecer los criterios de uso de recursos públicos. En la Región de Antofagasta, además de la capital regional, también aparecen otras comunas como Mejillones, Sierra Gorda, san Pedro de Atacama y Tocopilla en el listado de 2025, lo que evidencia una tendencia regional en materia de gasto en celebraciones. Este escenario abre nuevamente el debate sobre la pertinencia y priorización del gasto municipal, especialmente en contextos donde existen demandas sociales relevantes en áreas como salud, educación y seguridad. Autoridades y expertos coinciden en la importancia de revisar los criterios de asignación de recursos para asegurar que respondan efectivamente a las necesidades de la ciudadanía. Gastos en el 2024: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Gatos en 2025: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 🔴AHORA | Ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas. pic.twitter.com/Ko242QFoef — Contraloría (@Contraloriacl) April 20, 2026
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Contraloría General de la República entregó una resolución que establece que actualmente las municipalidades no cuentan con facultades legales para dictar ordenanzas que fijen horarios de funcionamiento a barberías y peluquerías. Esto, luego de una consulta realizada por la Municipalidad de Conchalí respecto de una normativa aplicada por la comuna de Independencia. En el caso de Antofagasta, la ordenanza que restringe el horario de funcionamiento en dichos locales, comenzó a regir el pasado 15 de abril. La ordenanza dictada por la Municipalidad de Antofagasta establecía como límite de funcionamiento un horario máximo de cierre a las 21:30 horas de lunes a sábados, y a las 20:00 horas los domingos, con un horario de apertura desde las 09:00 horas. En caso de incumplir, los locales arriesgaban multas desde las 3 a 5 UTM e incluso la clausura. Por ello, el ente contralor remarcó que la única actividad donde las administraciones municipales pueden fijar horarios, corresponde a establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Y que por lo tanto, las ordenanzas dictadas por los municipios deben ajustarse al marco legal vigente y no pueden establecer exigencias adicionales a las que ya están contempladas en las normativas. En este escenario, la resolución de la CGR dicta que todos los municipios que cuenten con normativas de esta índole, deberán adoptar las medidas necesarias para dejarlas sin efecto o adecuarlas a la legislación vigente. Eso sí, Contraloría precisó que l as municipalidades sí mantienen atribuciones para fiscalizar que los locales cuenten con patente comercial, que no excedan el giro autorizado y que se adopten medidas frente a eventuales irregularidades. Nueva ley La situación podría cambiar el 12 de agosto de de esta año, con la entrada en vigencia la Ley N° 21.802, normativa que fortalece el rol de las municipalidades en materia de seguridad pública y prevención del delito. Según el órgano contralor, la normativa abriría la posibilidad de que los municipios desarrollen estrategias preventivas vinculadas a la seguridad comunal, incluyendo eventuales regulaciones horarias. Todo esto, siempre bajo criterios fundados, proporcionales y ajustados a la realidad específica de cada comuna.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un nuevo informe que vuelve a poner en el foco el uso de recursos públicos en municipios del país, revelando que la Municipalidad de Antofagasta figura entre aquellas que superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas durante los años 2024 y 2025. El análisis, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, evaluó el gasto en celebraciones, conmemoraciones y festividades en las 345 municipalidades del país, comparándolo con el gasto social destinado directamente a personas. Según el informe, Antofagasta registró en 2024 un gasto de $196.471.134 en este tipo de actividades, posicionándose entre las comunas con mayores desembolsos a nivel nacional. La situación se repite en 2025, donde la capital regional incrementa significativamente su gasto, alcanzando los $275.943.951, ubicándose entre los primeros lugares del listado elaborado por el órgano contralor. Estas cifras superan ampliamente los promedios nacionales establecidos para ambos años: $51 millones en 2024 y $38 millones en 2025. Desde Contraloría aclararon que el análisis excluye festividades reconocidas por ley, así como celebraciones tradicionales o eventos que generan impacto económico y turístico en las comunas, como fiestas costumbristas o celebraciones de fin de año. Sin embargo, sí considera actividades que no cuentan con justificación normativa ni cultural relevante, tales como celebraciones de carácter general como Halloween, Día de la Primavera o similares. El informe surge en medio de cuestionamientos de autoridades municipales a nivel nacional, quienes solicitaron mayor precisión en la información publicada. Ante ello, la CGR optó por transparentar el listado completo de municipios que superaron el gasto promedio, reafirmando la necesidad de fortalecer los criterios de uso de recursos públicos. En la Región de Antofagasta, además de la capital regional, también aparecen otras comunas como Mejillones, Sierra Gorda, san Pedro de Atacama y Tocopilla en el listado de 2025, lo que evidencia una tendencia regional en materia de gasto en celebraciones. Este escenario abre nuevamente el debate sobre la pertinencia y priorización del gasto municipal, especialmente en contextos donde existen demandas sociales relevantes en áreas como salud, educación y seguridad. Autoridades y expertos coinciden en la importancia de revisar los criterios de asignación de recursos para asegurar que respondan efectivamente a las necesidades de la ciudadanía. Gastos en el 2024: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Gatos en 2025: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 🔴AHORA | Ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas. pic.twitter.com/Ko242QFoef — Contraloría (@Contraloriacl) April 20, 2026
