Un informe de la Contraloría General de la República reveló que al menos 538 funcionarios públicos de Antofagasta con licencia médica fueron sorprendidos asistiendo a casinos de juego entre 2023 y 2024. Este hallazgo, parte de una auditoría más amplia a nivel nacional, pone en evidencia un grave problema de probidad en el sector público. Ante esto, el Servicio de Salud de Antofagasta se sitúa como el organismo con más casos en la región, registrando un total de 179 ingresos a recintos de juego. La cifra lo coloca entre las 20 entidades públicas con mayor número de irregularidades a nivel nacional, liderando el listado regional por sobre otros servicios que también figuran en el informe. A nivel país, el panorama es aún más preocupante. La Contraloría identificó a 13.286 funcionarios públicos que, estando con permisos médicos, realizaron 14.923 visitas a los 25 casinos autorizados en Chile. Las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentran la mayor cantidad de estos casos. El informe, que cruza datos de la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Casinos de Juego, busca fiscalizar el correcto uso de los permisos médicos y el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los funcionarios.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que al menos 538 funcionarios públicos de Antofagasta con licencia médica fueron sorprendidos asistiendo a casinos de juego entre 2023 y 2024. Este hallazgo, parte de una auditoría más amplia a nivel nacional, pone en evidencia un grave problema de probidad en el sector público. Ante esto, el Servicio de Salud de Antofagasta se sitúa como el organismo con más casos en la región, registrando un total de 179 ingresos a recintos de juego. La cifra lo coloca entre las 20 entidades públicas con mayor número de irregularidades a nivel nacional, liderando el listado regional por sobre otros servicios que también figuran en el informe. A nivel país, el panorama es aún más preocupante. La Contraloría identificó a 13.286 funcionarios públicos que, estando con permisos médicos, realizaron 14.923 visitas a los 25 casinos autorizados en Chile. Las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentran la mayor cantidad de estos casos. El informe, que cruza datos de la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Casinos de Juego, busca fiscalizar el correcto uso de los permisos médicos y el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los funcionarios.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
En un giro relevante para la fiscalización del sector público, la Contraloría General de la República instruyó este martes a todos los órganos de la Administración del Estado —incluidos municipios y servicios descentralizados— a reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia, como los libros en papel, por mecanismos electrónicos modernos y verificables. El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, advierte que los registros físicos no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad que exige la normativa vigente. Por ello, dejarán de ser válidos para justificar el pago de sueldos o para fines de control administrativo. Registros obsoletos y vulnerables Según el oficio, los libros de asistencia en papel presentan serias debilidades, como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas, problemas que han sido detectados de forma reiterada por la Contraloría en distintas auditorías. Impacto en municipios y gobiernos regionales por nueva instrucción de Contraloría La orden de la Contraloría tendrá efectos directos en municipios y gobiernos regionales, donde aún persiste el uso de libros físicos para el control de asistencia. Estos organismos deberán reportar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la implementación de mecanismos electrónicos mediante la Ventanilla Única del sistema SIAD. El cronograma no podrá superar el primer semestre de 2026, salvo casos justificados por falta de presupuesto. En situaciones excepcionales, se podrá aplicar un sistema alternativo dentro del mismo servicio, siempre que exista un acto administrativo fundado y sin basarse en jerarquías para no vulnerar la igualdad ante la ley.
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
