La Contraloría General de la República reveló que más de 300 personas que trabajan en la administración del Estado tienen condenas por crimen o simple delito, incumpliendo la prohibición expresa de la ley, para continuar ejerciendo un cargo público. La información fue entregada en un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, realizado a partir de un cruce entre las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), Servicio Electoral (SERVEL) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). En dicho documento, se constató que 315 funcionarios y servidores públicos están asociados a 317 registros de condena. Entre ellos, 149 trabajan para gobiernos locales y 166 para el gobierno central. En específico dentro de los funcionarios; 84 pertenecen a Carabineros de Chile; 22 al Ejército de Chile; 8 a la Armada de Chile; 6 a la Municipalidad de Valdivia; 5 a la Fuerza Aérea de Chile; 4 a la Municipalidad de Hualpén; 4 a la Municipalidad de Tierra Amarilla; 4 a la Municipalidad de Chillán; 4 a la Municipalidad de Puerto Montt; y 3 a la Municipalidad de Tocopilla. Respecto a la gravedad de los delitos cometidos por los funcionarios, 73 personas fueron condenadas por crímenes y otros 244 obtuvieron condenas por simples delitos; entre esto último caso, dos funcionarios registraron más de una condena. En este escenario, Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente. Dicha instancia, corresponde a una etapa posterior al ingreso a la administración del Estado, y que impide a una persona continuar ejerciendo un cargo público. Finalmente, las entidades también deberán informar si las condenas han sido evaluadas de manera oportuna y ponderada en los procesos de calificaciones, según los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.
Este martes la Municipalidad de Antofagasta confirmó que la Contraloría General de la República descartó cualquier ilegalidad sobre la transacción extrajudicial celebrada entre la casa consistorial y Club de Deportes Antofagasta, sobre el arriendo de una cancha de entrenamiento y sus costos asociados en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Con el pronunciamiento, queda desestimado el requerimiento de la concejala Karina Guzmán quien s olicitó un pronunciamiento jurídico por parte del órgano contralor para revisar la transacción acordada entre ambas partes. No se advierte ilegalidad en la transacción extrajudicial suscrita por la Municipalidad de Antofagasta, dicta el fallo. Y luego agrega que: Toda vez que concurren los elementos necesarios para su suscripción, en el entendido que el cuerpo de concejales de la comuna ha tenido a la vista todos los antecedentes expuestos ante este Organismo de Control con ocasión de la solicitud de pronunciamiento en el en que ese cuerpo colegiado otorgó su anuencia para la materialización de la transacción extrajudicial cuestionada. De acuerdo al ente contralor, la situación fue abordada en el Concejo Municipal en octubre de 2025, donde dicho acuerdo fuera aprobado por “nueve de los diez concejales asistentes, incluida la concejala Karina Guzmán, más el voto favorable del alcalde. La actual administración municipal concretó un acuerdo extrajudicial donde el club se comprometió al pago de $200 millones en 24 cuotas de $8.333.000, más una serie de cláusulas que velan por el cumplimiento de lo acordado y salvaguardar los intereses del municipio. Muy tranquilos con este espaldarazo de parte de la Contraloría respecto a lo que hemos hecho, y que también fue aprobado por los concejales, incluida la concejala Karina Guzmán, de que estamos trabajando bien y lo vamos a seguir haciendo, señaló el alcalde Sacha Razmilic.
Este lunes, el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informara que no ejecutará la construcción de 5.000 viviendas comprometida s en un convenio entre ambas entidades. Se trata de un acuerdo suscrito en el Convenio de Transferencia Habitacional “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre ambas entidades. Según explicaron desde el Gobierno Regional, el acuerdo contemplaba una inversión de $88.995.894.130 FNDR y $355.300.505.057 sectoriales, los que estarían destinados para financiar 8.733 soluciones habitacionales en 42 iniciativas. No obstante, pese al convenio, el servicio anunció que su capacidad de ejecución se redujo a 3.268 viviendas. La situación fue informada en una reunión donde participaron ambos organismos, instancia donde además el Gore fue informado sobre una licitación que contemplaba 1.208 soluciones habitacionales, de las que de acuerdo al Gobernador, no habría sido informado pese al convenio. Esto significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban escritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional, explicó Ricardo Díaz. Tras ello, el Gobernador agregó que: Es por eso que vamos a ir a Contraloría y llevar estas licitaciones y estas adjudicaciones que ha hecho Serviu sin avisar al Gobierno Regional.
Antofagasta TV rectifica información publicada el pasado 28 de agosto respecto del procedimiento administrativo que involucra al doctor Robert Sornoza García, funcionario médico del Hospital Regional de Antofagasta. La aclaración se realiza tras una solicitud de rectificación presentada por el profesional, quien precisó que la Contraloría General de la República no ha impuesto una sanción administrativa definitiva por los hechos informados. El pronunciamiento de Contraloría, fechado el 28 de julio de 2026, representó la resolución mediante la cual el Hospital Regional había aplicado al funcionario una suspensión de empleo por un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones, y ordenó reabrir el procedimiento administrativo. En consecuencia, el sumario deberá continuar su tramitación y ser nuevamente resuelto por la autoridad competente, por lo que actualmente no existe una resolución definitiva respecto de la responsabilidad administrativa del profesional. De esta manera, las referencias contenidas en la publicación anterior que pudieran interpretarse como que se encontraba definitivamente acreditada la responsabilidad del doctor Sornoza por la presentación de documentos alterados o adulterados deben entenderse rectificadas. Los hechos señalados forman parte de un procedimiento administrativo cuya reapertura fue instruida por Contraloría y que permanece pendiente de una resolución definitiva. Antofagasta TV realiza esta precisión con el propósito de entregar correctamente los antecedentes y dejar expresamente establecido el estado actual del procedimiento.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó al Hospital Regional reabrir un sumario administrativo contra un funcionario médico, luego de concluir que la sanción aplicada por el establecimiento asistencial no se ajustó a derecho. Mediante un oficio fechado el 28 de julio de 2026, el organismo de control representó la resolución que había determinado para el funcionario la suspensión de su empleo durante un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones. El procedimiento tiene su origen en una denuncia por la eventual presentación de documentos alterados y certificados de estudios no válidos durante procesos concursales para acceder a jefaturas de servicios clínicos del Hospital Regional de Antofagasta. Según establece el oficio, durante la investigación se acreditó que el funcionario presentó documentación adulterada en procesos para la asignación de las jefaturas médicas de la Unidad de Emergencia y del Servicio de Medicina Interna. Entre los antecedentes se mencionan artículos de investigación científica en los que no habría tenido participación y certificados de estudios superiores cuya autenticidad no pudo ser verificada. El punto central del pronunciamiento de Contraloría está relacionado con la sanción finalmente aplicada. Los antecedentes del sumario establecieron que la conducta habría vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa. Sin embargo, posteriormente se consideraron las circunstancias particulares del caso, los antecedentes aportados por el funcionario y su conducta previa para estimar que la destitución resultaba desproporcionada, optándose por una sanción menor. Contraloría cuestionó esta decisión y sostuvo que la rebaja de la medida propuesta en el sumario no se ajustó a derecho. El organismo recordó que cuando la legislación establece una sanción específica para una infracción grave al principio de probidad administrativa, la autoridad encargada de ejercer la potestad disciplinaria debe aplicarla. En ese sentido, el organismo fiscalizador señala que, si se configura una vulneración grave al principio de probidad, corresponde aplicar la sanción de destitución y la jefatura no puede sustituirla por otra medida ni considerar circunstancias destinadas a disminuir la responsabilidad funcionaria. Por esta razón, Contraloría ordenó al Hospital Regional de Antofagasta reabrir el proceso sumarial y resolverlo conforme a la jurisprudencia administrativa citada en el oficio. Una vez concluido nuevamente el procedimiento, el establecimiento deberá remitir el acto administrativo a Contraloría para su respectivo control de legalidad. El organismo estableció un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del oficio, para cumplir con lo instruido. De esta manera, el pronunciamiento no dispone directamente la destitución del funcionario, sino que deja sin curso la sanción aplicada y obliga al Hospital a reabrir el sumario y adoptar una nueva resolución conforme al criterio jurídico establecido por Contraloría.
La Contraloría General de la República reveló que más de 300 personas que trabajan en la administración del Estado tienen condenas por crimen o simple delito, incumpliendo la prohibición expresa de la ley, para continuar ejerciendo un cargo público. La información fue entregada en un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, realizado a partir de un cruce entre las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), Servicio Electoral (SERVEL) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). En dicho documento, se constató que 315 funcionarios y servidores públicos están asociados a 317 registros de condena. Entre ellos, 149 trabajan para gobiernos locales y 166 para el gobierno central. En específico dentro de los funcionarios; 84 pertenecen a Carabineros de Chile; 22 al Ejército de Chile; 8 a la Armada de Chile; 6 a la Municipalidad de Valdivia; 5 a la Fuerza Aérea de Chile; 4 a la Municipalidad de Hualpén; 4 a la Municipalidad de Tierra Amarilla; 4 a la Municipalidad de Chillán; 4 a la Municipalidad de Puerto Montt; y 3 a la Municipalidad de Tocopilla. Respecto a la gravedad de los delitos cometidos por los funcionarios, 73 personas fueron condenadas por crímenes y otros 244 obtuvieron condenas por simples delitos; entre esto último caso, dos funcionarios registraron más de una condena. En este escenario, Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente. Dicha instancia, corresponde a una etapa posterior al ingreso a la administración del Estado, y que impide a una persona continuar ejerciendo un cargo público. Finalmente, las entidades también deberán informar si las condenas han sido evaluadas de manera oportuna y ponderada en los procesos de calificaciones, según los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.
Este martes la Municipalidad de Antofagasta confirmó que la Contraloría General de la República descartó cualquier ilegalidad sobre la transacción extrajudicial celebrada entre la casa consistorial y Club de Deportes Antofagasta, sobre el arriendo de una cancha de entrenamiento y sus costos asociados en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Con el pronunciamiento, queda desestimado el requerimiento de la concejala Karina Guzmán quien s olicitó un pronunciamiento jurídico por parte del órgano contralor para revisar la transacción acordada entre ambas partes. No se advierte ilegalidad en la transacción extrajudicial suscrita por la Municipalidad de Antofagasta, dicta el fallo. Y luego agrega que: Toda vez que concurren los elementos necesarios para su suscripción, en el entendido que el cuerpo de concejales de la comuna ha tenido a la vista todos los antecedentes expuestos ante este Organismo de Control con ocasión de la solicitud de pronunciamiento en el en que ese cuerpo colegiado otorgó su anuencia para la materialización de la transacción extrajudicial cuestionada. De acuerdo al ente contralor, la situación fue abordada en el Concejo Municipal en octubre de 2025, donde dicho acuerdo fuera aprobado por “nueve de los diez concejales asistentes, incluida la concejala Karina Guzmán, más el voto favorable del alcalde. La actual administración municipal concretó un acuerdo extrajudicial donde el club se comprometió al pago de $200 millones en 24 cuotas de $8.333.000, más una serie de cláusulas que velan por el cumplimiento de lo acordado y salvaguardar los intereses del municipio. Muy tranquilos con este espaldarazo de parte de la Contraloría respecto a lo que hemos hecho, y que también fue aprobado por los concejales, incluida la concejala Karina Guzmán, de que estamos trabajando bien y lo vamos a seguir haciendo, señaló el alcalde Sacha Razmilic.
Este lunes, el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informara que no ejecutará la construcción de 5.000 viviendas comprometida s en un convenio entre ambas entidades. Se trata de un acuerdo suscrito en el Convenio de Transferencia Habitacional “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre ambas entidades. Según explicaron desde el Gobierno Regional, el acuerdo contemplaba una inversión de $88.995.894.130 FNDR y $355.300.505.057 sectoriales, los que estarían destinados para financiar 8.733 soluciones habitacionales en 42 iniciativas. No obstante, pese al convenio, el servicio anunció que su capacidad de ejecución se redujo a 3.268 viviendas. La situación fue informada en una reunión donde participaron ambos organismos, instancia donde además el Gore fue informado sobre una licitación que contemplaba 1.208 soluciones habitacionales, de las que de acuerdo al Gobernador, no habría sido informado pese al convenio. Esto significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban escritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional, explicó Ricardo Díaz. Tras ello, el Gobernador agregó que: Es por eso que vamos a ir a Contraloría y llevar estas licitaciones y estas adjudicaciones que ha hecho Serviu sin avisar al Gobierno Regional.
Antofagasta TV rectifica información publicada el pasado 28 de agosto respecto del procedimiento administrativo que involucra al doctor Robert Sornoza García, funcionario médico del Hospital Regional de Antofagasta. La aclaración se realiza tras una solicitud de rectificación presentada por el profesional, quien precisó que la Contraloría General de la República no ha impuesto una sanción administrativa definitiva por los hechos informados. El pronunciamiento de Contraloría, fechado el 28 de julio de 2026, representó la resolución mediante la cual el Hospital Regional había aplicado al funcionario una suspensión de empleo por un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones, y ordenó reabrir el procedimiento administrativo. En consecuencia, el sumario deberá continuar su tramitación y ser nuevamente resuelto por la autoridad competente, por lo que actualmente no existe una resolución definitiva respecto de la responsabilidad administrativa del profesional. De esta manera, las referencias contenidas en la publicación anterior que pudieran interpretarse como que se encontraba definitivamente acreditada la responsabilidad del doctor Sornoza por la presentación de documentos alterados o adulterados deben entenderse rectificadas. Los hechos señalados forman parte de un procedimiento administrativo cuya reapertura fue instruida por Contraloría y que permanece pendiente de una resolución definitiva. Antofagasta TV realiza esta precisión con el propósito de entregar correctamente los antecedentes y dejar expresamente establecido el estado actual del procedimiento.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó al Hospital Regional reabrir un sumario administrativo contra un funcionario médico, luego de concluir que la sanción aplicada por el establecimiento asistencial no se ajustó a derecho. Mediante un oficio fechado el 28 de julio de 2026, el organismo de control representó la resolución que había determinado para el funcionario la suspensión de su empleo durante un mes, con derecho al 50% de sus remuneraciones. El procedimiento tiene su origen en una denuncia por la eventual presentación de documentos alterados y certificados de estudios no válidos durante procesos concursales para acceder a jefaturas de servicios clínicos del Hospital Regional de Antofagasta. Según establece el oficio, durante la investigación se acreditó que el funcionario presentó documentación adulterada en procesos para la asignación de las jefaturas médicas de la Unidad de Emergencia y del Servicio de Medicina Interna. Entre los antecedentes se mencionan artículos de investigación científica en los que no habría tenido participación y certificados de estudios superiores cuya autenticidad no pudo ser verificada. El punto central del pronunciamiento de Contraloría está relacionado con la sanción finalmente aplicada. Los antecedentes del sumario establecieron que la conducta habría vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa. Sin embargo, posteriormente se consideraron las circunstancias particulares del caso, los antecedentes aportados por el funcionario y su conducta previa para estimar que la destitución resultaba desproporcionada, optándose por una sanción menor. Contraloría cuestionó esta decisión y sostuvo que la rebaja de la medida propuesta en el sumario no se ajustó a derecho. El organismo recordó que cuando la legislación establece una sanción específica para una infracción grave al principio de probidad administrativa, la autoridad encargada de ejercer la potestad disciplinaria debe aplicarla. En ese sentido, el organismo fiscalizador señala que, si se configura una vulneración grave al principio de probidad, corresponde aplicar la sanción de destitución y la jefatura no puede sustituirla por otra medida ni considerar circunstancias destinadas a disminuir la responsabilidad funcionaria. Por esta razón, Contraloría ordenó al Hospital Regional de Antofagasta reabrir el proceso sumarial y resolverlo conforme a la jurisprudencia administrativa citada en el oficio. Una vez concluido nuevamente el procedimiento, el establecimiento deberá remitir el acto administrativo a Contraloría para su respectivo control de legalidad. El organismo estableció un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del oficio, para cumplir con lo instruido. De esta manera, el pronunciamiento no dispone directamente la destitución del funcionario, sino que deja sin curso la sanción aplicada y obliga al Hospital a reabrir el sumario y adoptar una nueva resolución conforme al criterio jurídico establecido por Contraloría.