La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló graves vulnerabilidades en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la plataforma que gestiona la postulación a colegios. La principal falla detectada es la posibilidad de inscribir a personas fallecidas, lo que pone en entredicho la fiabilidad de un sistema que, según expertos, incide directamente en el futuro de los niños. Según el documento que se dio a conocer este martes, detalla que al realizar una prueba de vulnerabilidad, el sistema permitió la postulación utilizando el RUT de una persona adulta fallecida sin emitir ninguna alerta. Esta grave omisión se suma a la falta de registro de las operaciones del sistema, ya que loslogs o registros técnicos se conservan solo por una semana, lo que impide trazar y fiscalizar el proceso. La Contraloría constató que, a la fecha de la revisión, había más de 280 mil campos de estos registros en blanco. Ante estas revelaciones, el mundo académico y la sociedad civil ha expresado su preocupación. El investigador Claudio Álvarez, de la U. de los Andes, señaló que el sistema debería verificar en tiempo real el estado vital de los postulantes, mientras que Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD, afirmó que estas fallaserosionan la credibilidad de una política pública ya fuertemente cuestionada. Por su parte, María Paz Arzola, de LyD, advirtió que la credibilidad del SAE se ve afectada si sus debilidades se hacen evidentes. María Teresa Romero, de Escuelas Abiertas, recalcó que no se trata de un problema menor, sino de una herramienta que define el futuro de los estudiantes. Finalmente, desde el Gobierno, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, aseguró que estas inconsistencias son detectadas y corregidas antes del final del proceso, y descartó que se asignen vacantes a personas con datos de personas fallecidas. Además, afirmó que la nueva infraestructura que ampliará la capacidad de los servidores comenzará a operar este año. Sin embargo, la Contraloría recordó que ya había emitido alertas en 2023, y que gran parte de las mejoras tecnológicas aún están en evaluación o dependen de la Ley de Presupuestos para el año 2026.
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un informe contundente que expone las deficiencias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para gestionar los reclamos masivos derivados del megacorte de luz de febrero pasado. El organismo contralor reveló que el Sernac no contaba con un plan de contingencia para afrontar la emergencia, lo que provocó graves retrasos y la creación de un sistema de gestión ineficiente que perjudicó a los consumidores. Según el informe N°331 de la CGR, la falta de un protocolo adecuado llevó al Sernac a tomar medidas improvisadas. Una de ellas fue suspender el envío de reclamos a las empresas de distribución eléctrica y a otras compañías. Además, se creó un proveedor ficticio llamado Apagón con la intención de agrupar los casos, una medida que no estaba contemplada en la normativa interna del servicio. Esta decisión, además de no estar regulada, resultó ser ineficaz, ya que solo 103 de los 13.587 reclamos recibidos fueron registrados bajo esta categoría. La auditoría también detectó que la suspensión del envío de reclamos generó una demora que superó ampliamente los plazos establecidos por el propio Sernac, alcanzando en algunos casos hasta 40 días. Aún más grave, no se informó a los consumidores que sus reclamos no estaban siendo procesados. Entre los hallazgos más críticos se encuentra el retraso de hasta 39 días en la derivación de casos de personas electrodependientes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un hecho que pone en riesgo la vida de estos pacientes. Finalmente, la Contraloría también desmintió la existencia de una directriz superior para la creación del proveedor Apagón, señalando que la iniciativa surgió de las jefaturas del propio servicio. Ante esta situación, la CGR ordenó al Sernac que, en un plazo de 60 días, implemente una serie de medidas correctivas. Entre ellas, se exige la elaboración de unInstructivo de gestión de casos de alta criticidad, la actualización delProcedimiento de gestión de reclamos y la modificación del convenio con la SEC para incluir la gestión de reclamos masivos.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que al menos 538 funcionarios públicos de Antofagasta con licencia médica fueron sorprendidos asistiendo a casinos de juego entre 2023 y 2024. Este hallazgo, parte de una auditoría más amplia a nivel nacional, pone en evidencia un grave problema de probidad en el sector público. Ante esto, el Servicio de Salud de Antofagasta se sitúa como el organismo con más casos en la región, registrando un total de 179 ingresos a recintos de juego. La cifra lo coloca entre las 20 entidades públicas con mayor número de irregularidades a nivel nacional, liderando el listado regional por sobre otros servicios que también figuran en el informe. A nivel país, el panorama es aún más preocupante. La Contraloría identificó a 13.286 funcionarios públicos que, estando con permisos médicos, realizaron 14.923 visitas a los 25 casinos autorizados en Chile. Las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentran la mayor cantidad de estos casos. El informe, que cruza datos de la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Casinos de Juego, busca fiscalizar el correcto uso de los permisos médicos y el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los funcionarios.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó graves irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante 2023 y 2024 en la Seremi de Salud y la Compin regional. Entre los hallazgos, se verificó que funcionarios sin la función de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Incluso se identificaron autorizaciones de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios contralores. El informe expuso que 113 profesionales no registrados ni habilitados prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin sin advertir la irregularidad. También se detectó una cobertura mínima en fiscalizaciones sobre cumplimiento de reposos (0,12%) y vínculos laborales (0,08%), además de un control insuficiente sobre grandes emisores de licencias. Se constató la emisión de 1.626 licencias por médicos sancionados, 1.479 de ellas autorizadas, pese a estar suspendidos. La Compin levantó sanciones a 59 de 94 médicos sin detallar fundamentos, careciendo de controles sobre cumplimiento y pago de multas. El informe advierte, además, deficiencias en el resguardo de talonarios en papel, inconsistencias en las bases de datos y ausencia de mecanismos para evitar conflictos de interés. A diciembre de 2024, la Compin adeudaba $36.582 millones a 120 instituciones públicas. Ante estas irregularidades, la Contraloría anunció un sumario para establecer responsabilidades y reforzar la transparencia en la gestión de licencias médicas.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló graves vulnerabilidades en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la plataforma que gestiona la postulación a colegios. La principal falla detectada es la posibilidad de inscribir a personas fallecidas, lo que pone en entredicho la fiabilidad de un sistema que, según expertos, incide directamente en el futuro de los niños. Según el documento que se dio a conocer este martes, detalla que al realizar una prueba de vulnerabilidad, el sistema permitió la postulación utilizando el RUT de una persona adulta fallecida sin emitir ninguna alerta. Esta grave omisión se suma a la falta de registro de las operaciones del sistema, ya que loslogs o registros técnicos se conservan solo por una semana, lo que impide trazar y fiscalizar el proceso. La Contraloría constató que, a la fecha de la revisión, había más de 280 mil campos de estos registros en blanco. Ante estas revelaciones, el mundo académico y la sociedad civil ha expresado su preocupación. El investigador Claudio Álvarez, de la U. de los Andes, señaló que el sistema debería verificar en tiempo real el estado vital de los postulantes, mientras que Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD, afirmó que estas fallaserosionan la credibilidad de una política pública ya fuertemente cuestionada. Por su parte, María Paz Arzola, de LyD, advirtió que la credibilidad del SAE se ve afectada si sus debilidades se hacen evidentes. María Teresa Romero, de Escuelas Abiertas, recalcó que no se trata de un problema menor, sino de una herramienta que define el futuro de los estudiantes. Finalmente, desde el Gobierno, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, aseguró que estas inconsistencias son detectadas y corregidas antes del final del proceso, y descartó que se asignen vacantes a personas con datos de personas fallecidas. Además, afirmó que la nueva infraestructura que ampliará la capacidad de los servidores comenzará a operar este año. Sin embargo, la Contraloría recordó que ya había emitido alertas en 2023, y que gran parte de las mejoras tecnológicas aún están en evaluación o dependen de la Ley de Presupuestos para el año 2026.
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un informe contundente que expone las deficiencias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para gestionar los reclamos masivos derivados del megacorte de luz de febrero pasado. El organismo contralor reveló que el Sernac no contaba con un plan de contingencia para afrontar la emergencia, lo que provocó graves retrasos y la creación de un sistema de gestión ineficiente que perjudicó a los consumidores. Según el informe N°331 de la CGR, la falta de un protocolo adecuado llevó al Sernac a tomar medidas improvisadas. Una de ellas fue suspender el envío de reclamos a las empresas de distribución eléctrica y a otras compañías. Además, se creó un proveedor ficticio llamado Apagón con la intención de agrupar los casos, una medida que no estaba contemplada en la normativa interna del servicio. Esta decisión, además de no estar regulada, resultó ser ineficaz, ya que solo 103 de los 13.587 reclamos recibidos fueron registrados bajo esta categoría. La auditoría también detectó que la suspensión del envío de reclamos generó una demora que superó ampliamente los plazos establecidos por el propio Sernac, alcanzando en algunos casos hasta 40 días. Aún más grave, no se informó a los consumidores que sus reclamos no estaban siendo procesados. Entre los hallazgos más críticos se encuentra el retraso de hasta 39 días en la derivación de casos de personas electrodependientes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un hecho que pone en riesgo la vida de estos pacientes. Finalmente, la Contraloría también desmintió la existencia de una directriz superior para la creación del proveedor Apagón, señalando que la iniciativa surgió de las jefaturas del propio servicio. Ante esta situación, la CGR ordenó al Sernac que, en un plazo de 60 días, implemente una serie de medidas correctivas. Entre ellas, se exige la elaboración de unInstructivo de gestión de casos de alta criticidad, la actualización delProcedimiento de gestión de reclamos y la modificación del convenio con la SEC para incluir la gestión de reclamos masivos.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que al menos 538 funcionarios públicos de Antofagasta con licencia médica fueron sorprendidos asistiendo a casinos de juego entre 2023 y 2024. Este hallazgo, parte de una auditoría más amplia a nivel nacional, pone en evidencia un grave problema de probidad en el sector público. Ante esto, el Servicio de Salud de Antofagasta se sitúa como el organismo con más casos en la región, registrando un total de 179 ingresos a recintos de juego. La cifra lo coloca entre las 20 entidades públicas con mayor número de irregularidades a nivel nacional, liderando el listado regional por sobre otros servicios que también figuran en el informe. A nivel país, el panorama es aún más preocupante. La Contraloría identificó a 13.286 funcionarios públicos que, estando con permisos médicos, realizaron 14.923 visitas a los 25 casinos autorizados en Chile. Las regiones de O’Higgins, Biobío y Valparaíso concentran la mayor cantidad de estos casos. El informe, que cruza datos de la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Casinos de Juego, busca fiscalizar el correcto uso de los permisos médicos y el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los funcionarios.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
