La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un nuevo informe que vuelve a poner en el foco el uso de recursos públicos en municipios del país, revelando que la Municipalidad de Antofagasta figura entre aquellas que superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas durante los años 2024 y 2025. El análisis, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, evaluó el gasto en celebraciones, conmemoraciones y festividades en las 345 municipalidades del país, comparándolo con el gasto social destinado directamente a personas. Según el informe, Antofagasta registró en 2024 un gasto de $196.471.134 en este tipo de actividades, posicionándose entre las comunas con mayores desembolsos a nivel nacional. La situación se repite en 2025, donde la capital regional incrementa significativamente su gasto, alcanzando los $275.943.951, ubicándose entre los primeros lugares del listado elaborado por el órgano contralor. Estas cifras superan ampliamente los promedios nacionales establecidos para ambos años: $51 millones en 2024 y $38 millones en 2025. Desde Contraloría aclararon que el análisis excluye festividades reconocidas por ley, así como celebraciones tradicionales o eventos que generan impacto económico y turístico en las comunas, como fiestas costumbristas o celebraciones de fin de año. Sin embargo, sí considera actividades que no cuentan con justificación normativa ni cultural relevante, tales como celebraciones de carácter general como Halloween, Día de la Primavera o similares. El informe surge en medio de cuestionamientos de autoridades municipales a nivel nacional, quienes solicitaron mayor precisión en la información publicada. Ante ello, la CGR optó por transparentar el listado completo de municipios que superaron el gasto promedio, reafirmando la necesidad de fortalecer los criterios de uso de recursos públicos. En la Región de Antofagasta, además de la capital regional, también aparecen otras comunas como Mejillones, Sierra Gorda, san Pedro de Atacama y Tocopilla en el listado de 2025, lo que evidencia una tendencia regional en materia de gasto en celebraciones. Este escenario abre nuevamente el debate sobre la pertinencia y priorización del gasto municipal, especialmente en contextos donde existen demandas sociales relevantes en áreas como salud, educación y seguridad. Autoridades y expertos coinciden en la importancia de revisar los criterios de asignación de recursos para asegurar que respondan efectivamente a las necesidades de la ciudadanía. Gastos en el 2024: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Gatos en 2025: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 🔴AHORA | Ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas. pic.twitter.com/Ko242QFoef — Contraloría (@Contraloriacl) April 20, 2026
Un complejo caso remece la Municipalidad de Sierra Gorda. Esto, porque la Alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera Vega, interpuso una querella por el delito de Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda luego de una revisión que reveló la falta de documentación de la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, detectó una situación irregular de una revisión administra, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos.La Fundación noregistra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esosrecursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino delgasto y abre la posibilidad de que estemos frente a un caso de uso indebidode fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. Tras ello, la alcaldesa en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural inició una revisión que dio cuenta la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los r ecursos fueron utilizados para fines distintos de los destinados, además, se reveló la existencia de egresos para servicios de traslado ycompra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. En este escenario, la jefa comunal señala los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios, Michael Díaz Brito, que ejecutó el cargo desde julio de 2021 a septiembre de 2025 y a Luis Larrea Araya, que cumplió las labores de septiembre a octubre de 2025. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Además, identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y a Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y de las rendiciones. Esto, porque al revisar la cartola de la cuenta corriente de Banco Estado, se expusieron depósitos por montos de $1 peso, $1.600 pesos, $3.500 pesos, que de acuerdo a la funcionaria que manejaba la chequera correspondían a depósitos simbólicos para ajustar diferencias en lasrendiciones de cuentas. Además en las rendiciones al municipio sólo se presentaban montos globales, sin detalles de los gastos. Ante la serie de irregularidades, la querellante aseguró haber pedido explicaciones a los dos funcionarios, quienes se habrían contradicho e incluso se imputaron errores entre ellos, entregando versiones distintas. Así, la actual administración aseguró que estarían ante una bicicleta financiera, que en resumen, consistía en: Utilizar recursos provenientes de la subvención municipal (cuenta BancoEstado) para cubrir gastos que correspondían ser pagados con recursos deproyectos y donaciones (cuenta Banco Santander). Emitir cheques desde la cuenta de Banco Santander que luego aparecíancomo “nulos” en la chequera, mientras que el mismo gasto se financiaba, dehecho, con cargo a la cuenta de Banco Estado. Los cuales eran firmados porel secretario y tesorero de la fundación, eludiendo el control de mi rol comopresidenta. Efectuar depósitos por montos pequeños e incoherentes en una u otracuenta para “cuadrar” las cifras de las rendiciones, de manera que lascuentas aparecieran formalmente equilibradas, ocultando el desvío derecursos. El documento presenta una larga lista de irregularidades en pagos, las que habrían sido aprobadas por Michael Díaz. Incluso, se estipula el financiamiento de trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal, que no tiene relación con la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Dentro de las operaciones revisadas, se detectó una operaciónespecialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximadode $4.700.000 destinada a una agrupación de “caporales”, ajena al objetopropio de la Fundación y cuyos beneficiarios no correspondían al personal nia los fines institucionales financiados con subvención municipal, estipula.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un nuevo informe que vuelve a poner en el foco el uso de recursos públicos en municipios del país, revelando que la Municipalidad de Antofagasta figura entre aquellas que superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas durante los años 2024 y 2025. El análisis, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, evaluó el gasto en celebraciones, conmemoraciones y festividades en las 345 municipalidades del país, comparándolo con el gasto social destinado directamente a personas. Según el informe, Antofagasta registró en 2024 un gasto de $196.471.134 en este tipo de actividades, posicionándose entre las comunas con mayores desembolsos a nivel nacional. La situación se repite en 2025, donde la capital regional incrementa significativamente su gasto, alcanzando los $275.943.951, ubicándose entre los primeros lugares del listado elaborado por el órgano contralor. Estas cifras superan ampliamente los promedios nacionales establecidos para ambos años: $51 millones en 2024 y $38 millones en 2025. Desde Contraloría aclararon que el análisis excluye festividades reconocidas por ley, así como celebraciones tradicionales o eventos que generan impacto económico y turístico en las comunas, como fiestas costumbristas o celebraciones de fin de año. Sin embargo, sí considera actividades que no cuentan con justificación normativa ni cultural relevante, tales como celebraciones de carácter general como Halloween, Día de la Primavera o similares. El informe surge en medio de cuestionamientos de autoridades municipales a nivel nacional, quienes solicitaron mayor precisión en la información publicada. Ante ello, la CGR optó por transparentar el listado completo de municipios que superaron el gasto promedio, reafirmando la necesidad de fortalecer los criterios de uso de recursos públicos. En la Región de Antofagasta, además de la capital regional, también aparecen otras comunas como Mejillones, Sierra Gorda, san Pedro de Atacama y Tocopilla en el listado de 2025, lo que evidencia una tendencia regional en materia de gasto en celebraciones. Este escenario abre nuevamente el debate sobre la pertinencia y priorización del gasto municipal, especialmente en contextos donde existen demandas sociales relevantes en áreas como salud, educación y seguridad. Autoridades y expertos coinciden en la importancia de revisar los criterios de asignación de recursos para asegurar que respondan efectivamente a las necesidades de la ciudadanía. Gastos en el 2024: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Gatos en 2025: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 🔴AHORA | Ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas. pic.twitter.com/Ko242QFoef — Contraloría (@Contraloriacl) April 20, 2026
Un complejo caso remece la Municipalidad de Sierra Gorda. Esto, porque la Alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera Vega, interpuso una querella por el delito de Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda luego de una revisión que reveló la falta de documentación de la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, detectó una situación irregular de una revisión administra, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos.La Fundación noregistra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esosrecursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino delgasto y abre la posibilidad de que estemos frente a un caso de uso indebidode fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. Tras ello, la alcaldesa en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural inició una revisión que dio cuenta la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los r ecursos fueron utilizados para fines distintos de los destinados, además, se reveló la existencia de egresos para servicios de traslado ycompra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. En este escenario, la jefa comunal señala los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios, Michael Díaz Brito, que ejecutó el cargo desde julio de 2021 a septiembre de 2025 y a Luis Larrea Araya, que cumplió las labores de septiembre a octubre de 2025. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Además, identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y a Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y de las rendiciones. Esto, porque al revisar la cartola de la cuenta corriente de Banco Estado, se expusieron depósitos por montos de $1 peso, $1.600 pesos, $3.500 pesos, que de acuerdo a la funcionaria que manejaba la chequera correspondían a depósitos simbólicos para ajustar diferencias en lasrendiciones de cuentas. Además en las rendiciones al municipio sólo se presentaban montos globales, sin detalles de los gastos. Ante la serie de irregularidades, la querellante aseguró haber pedido explicaciones a los dos funcionarios, quienes se habrían contradicho e incluso se imputaron errores entre ellos, entregando versiones distintas. Así, la actual administración aseguró que estarían ante una bicicleta financiera, que en resumen, consistía en: Utilizar recursos provenientes de la subvención municipal (cuenta BancoEstado) para cubrir gastos que correspondían ser pagados con recursos deproyectos y donaciones (cuenta Banco Santander). Emitir cheques desde la cuenta de Banco Santander que luego aparecíancomo “nulos” en la chequera, mientras que el mismo gasto se financiaba, dehecho, con cargo a la cuenta de Banco Estado. Los cuales eran firmados porel secretario y tesorero de la fundación, eludiendo el control de mi rol comopresidenta. Efectuar depósitos por montos pequeños e incoherentes en una u otracuenta para “cuadrar” las cifras de las rendiciones, de manera que lascuentas aparecieran formalmente equilibradas, ocultando el desvío derecursos. El documento presenta una larga lista de irregularidades en pagos, las que habrían sido aprobadas por Michael Díaz. Incluso, se estipula el financiamiento de trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal, que no tiene relación con la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Dentro de las operaciones revisadas, se detectó una operaciónespecialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximadode $4.700.000 destinada a una agrupación de “caporales”, ajena al objetopropio de la Fundación y cuyos beneficiarios no correspondían al personal nia los fines institucionales financiados con subvención municipal, estipula.
