Peligran viviendas sociales: Minvu reconoce deuda de US$1.000 millones
El Ministerio de Vivienda admitió no tener fondos para cumplir compromisos del Plan de Emergencia Habitacional, generando incertidumbre en la industria y familias.
El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores.
Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados.
La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras.
Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda.
Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia.
En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
12 de mayo de 2026
El entre establece que los municipios no tienen facultades para fijar horarios de funcionamiento para los centros de estética. La ordenanza entró en vigencia el 15 de abril.
La actividad se realizará este sábado 9 de mayo en el anfiteatro de la Plaza Nicolás Tirado; contará con una feria de emprendedoras y la presentación del artista local David Saa.
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El hecho ocurrió en el sector norte de Antofagasta. El imputado habría atacado con un arma blanca a un funcionario policial durante su detención.
La jornada, realizada junto a la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), reunió a proveedores y actores del ecosistema productivo regional e incluyó espacios de articulación con ejecutivos de la compañía minera.
Uno de los detenidos, chileno de 29 años, mantenía dos órdenes vigentes por los delitos de Lesiones Leves y Falsificación o Uso Malicioso de Documentación, emitidas en 2023.
Pese al estado de la infraestructura, el Consejo de Monumentos Nacionales busca la protección legal de la puntilla de abrigo, el casino y la cubierta ondulada en el sector oriente.
El sujeto arrojó escombros en avenida Padre Alberto Hurtado, pero fue captado por las cámaras de televigilancia. Deberá pagar una multa que va desde 1 a 3 UTM.
El monto asciende a los $81.257 y el pago se realizará de manera automática a las personas que acrediten 65 años o más, y cuya pensión sea inferior o igual a $231.440.
La salida se realizó de forma voluntaria, pero Contraloría habría recibido una denuncia por falta a la probidad, ya que mantendría una deuda con el fisco, por el CAE.
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