El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
En entrevista televisiva, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta, Jorge Maturana, advirtió sobre la falta de liderazgo y coordinación entre autoridades para enfrentar los principales problemas urbanos de la ciudad: movilidad, conectividad y déficit habitacional. Maturana sostuvo que la capital regional “arrastra desde hace dos décadas diagnósticos y estudios que no se traducen en obras”, ejemplificando con los proyectos de transporte masivo –como tranvías o corredores de buses– que nunca se han concretado pese a sucesivos anuncios. En ese sentido, planteó que existe una oportunidad clave con la reconversión de terrenos del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), que permitiría habilitar un eje de transporte de norte a sur, conectando áreas habitacionales en desarrollo, el Hospital Regional y futuros polos urbanos. “El ferrocarril tiene la llave maestra para mejorar la ciudad. La conectividad debe pasar por los patios ferroviarios, integrando proyectos habitacionales y de infraestructura”, subrayó. Respecto a la crisis habitacional y proliferación de campamentos, el dirigente afirmó que el problema radica en la falta de terrenos bien ubicados y de vivienda accesible. “Hoy en Antofagasta el promedio de una vivienda bordea las 4.200 UF, lo que la hace inalcanzable para profesionales jóvenes y familias emergentes. Necesitamos repensar la política habitacional y construir ciudad, no solo casas aisladas junto a vertederos o barrios industriales”, agregó. Maturana llamó a las autoridades regionales, particularmente al Gobierno Regional y al Ministerio de Vivienda, a encabezar un plan maestro que permita integrar movilidad, vivienda y desarrollo urbano sostenible. “Lo que falta no son recursos, sino voluntad y liderazgo técnico. Antofagasta debe dejar de ser solo la ‘capital minera’ y proyectarse como una ciudad amable, verde y habitable”, concluyó.
El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
En entrevista televisiva, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta, Jorge Maturana, advirtió sobre la falta de liderazgo y coordinación entre autoridades para enfrentar los principales problemas urbanos de la ciudad: movilidad, conectividad y déficit habitacional. Maturana sostuvo que la capital regional “arrastra desde hace dos décadas diagnósticos y estudios que no se traducen en obras”, ejemplificando con los proyectos de transporte masivo –como tranvías o corredores de buses– que nunca se han concretado pese a sucesivos anuncios. En ese sentido, planteó que existe una oportunidad clave con la reconversión de terrenos del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), que permitiría habilitar un eje de transporte de norte a sur, conectando áreas habitacionales en desarrollo, el Hospital Regional y futuros polos urbanos. “El ferrocarril tiene la llave maestra para mejorar la ciudad. La conectividad debe pasar por los patios ferroviarios, integrando proyectos habitacionales y de infraestructura”, subrayó. Respecto a la crisis habitacional y proliferación de campamentos, el dirigente afirmó que el problema radica en la falta de terrenos bien ubicados y de vivienda accesible. “Hoy en Antofagasta el promedio de una vivienda bordea las 4.200 UF, lo que la hace inalcanzable para profesionales jóvenes y familias emergentes. Necesitamos repensar la política habitacional y construir ciudad, no solo casas aisladas junto a vertederos o barrios industriales”, agregó. Maturana llamó a las autoridades regionales, particularmente al Gobierno Regional y al Ministerio de Vivienda, a encabezar un plan maestro que permita integrar movilidad, vivienda y desarrollo urbano sostenible. “Lo que falta no son recursos, sino voluntad y liderazgo técnico. Antofagasta debe dejar de ser solo la ‘capital minera’ y proyectarse como una ciudad amable, verde y habitable”, concluyó.
