El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en compañía de autoridades regionales, presentó el pasado martes en Tocopilla un plan de intervención definitivo para el conjunto habitacional Alto Covadonga. Desde 2017, este condominio, que alberga a 620 familias, ha sufrido un grave deterioro con fisuras y hundimientos, además de problemas en las redes de servicios básicos. La iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) busca garantizar la seguridad y restablecer la funcionalidad del conjunto, marcando un hito en la búsqueda de soluciones a proyectos habitacionales críticos en la región de Antofagasta. Ante esto, la jornada incluyó un recorrido del ministro Montes por los edificios para inspeccionar los daños, seguido de una reunión con las dirigentas de Alto Covadonga. En la instancia, se expusieron las diversas alternativas y plazos para la reconstrucción y recuperación de los espacios públicos, así como una explicación técnica sobre el tratamiento del suelo salino con la nueva normativa. Asimismo, el ministro Montes destacó la importancia del acuerdo alcanzado: “Son 620 familias que llevan en esta situación desde el año 2017. Finalmente, hoy hemos llegado a un punto de entendimiento. Se va a demoler un block de 70 departamentos y se avanzará en otros con debilidad para hacer reparaciones estructurales”. Por su parte, Maritza Orellana, dirigenta de Alto Covadonga, expresó el alivio de los vecinos: “Poderte acostar y sentir que vas a dormir tranquila y no te va a ocurrir nada, eso es impagable. Los vecinos van a poder dormir con paz y tranquilidad, sabiendo que tienen una solución”. El plan de intervención se estructura en tres enfoques: técnico, centrado en la reparación, reforzamiento o demolición de estructuras y recuperación de servicios básicos; social, enfocado en la protección y reubicación de las familias; y jurídico, para evaluar y resolver la situación legal de las unidades a demoler. Así también, esta intervención se enmarca en una serie de iniciativas del actual Minvu para resolver casos críticos en la región de Antofagasta, como el conjunto El Salar en la comuna de Antofagasta, que también presentó daños estructurales. Finalmente, la visita del ministro Montes a la región incluyó además reuniones con la Cámara Chilena de la Construcción para abordar el Plan de Emergencia Habitacional, y con dirigentas de los proyectos Alto Licancabur y Alto del Sol, afectados por retrasos de la empresa Pacal. El ministro enfatizó la urgencia de soluciones para estas familias, esperando una propuesta escrita de la constructora esta semana.
El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en compañía de autoridades regionales, presentó el pasado martes en Tocopilla un plan de intervención definitivo para el conjunto habitacional Alto Covadonga. Desde 2017, este condominio, que alberga a 620 familias, ha sufrido un grave deterioro con fisuras y hundimientos, además de problemas en las redes de servicios básicos. La iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) busca garantizar la seguridad y restablecer la funcionalidad del conjunto, marcando un hito en la búsqueda de soluciones a proyectos habitacionales críticos en la región de Antofagasta. Ante esto, la jornada incluyó un recorrido del ministro Montes por los edificios para inspeccionar los daños, seguido de una reunión con las dirigentas de Alto Covadonga. En la instancia, se expusieron las diversas alternativas y plazos para la reconstrucción y recuperación de los espacios públicos, así como una explicación técnica sobre el tratamiento del suelo salino con la nueva normativa. Asimismo, el ministro Montes destacó la importancia del acuerdo alcanzado: “Son 620 familias que llevan en esta situación desde el año 2017. Finalmente, hoy hemos llegado a un punto de entendimiento. Se va a demoler un block de 70 departamentos y se avanzará en otros con debilidad para hacer reparaciones estructurales”. Por su parte, Maritza Orellana, dirigenta de Alto Covadonga, expresó el alivio de los vecinos: “Poderte acostar y sentir que vas a dormir tranquila y no te va a ocurrir nada, eso es impagable. Los vecinos van a poder dormir con paz y tranquilidad, sabiendo que tienen una solución”. El plan de intervención se estructura en tres enfoques: técnico, centrado en la reparación, reforzamiento o demolición de estructuras y recuperación de servicios básicos; social, enfocado en la protección y reubicación de las familias; y jurídico, para evaluar y resolver la situación legal de las unidades a demoler. Así también, esta intervención se enmarca en una serie de iniciativas del actual Minvu para resolver casos críticos en la región de Antofagasta, como el conjunto El Salar en la comuna de Antofagasta, que también presentó daños estructurales. Finalmente, la visita del ministro Montes a la región incluyó además reuniones con la Cámara Chilena de la Construcción para abordar el Plan de Emergencia Habitacional, y con dirigentas de los proyectos Alto Licancabur y Alto del Sol, afectados por retrasos de la empresa Pacal. El ministro enfatizó la urgencia de soluciones para estas familias, esperando una propuesta escrita de la constructora esta semana.
