La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta presentó el Informe de Vivienda Pública 2024, elaborado por su Comité de Vivienda y la Unidad de Estudios, que analiza la evolución habitacional regional entre 2014 y 2024, evidenciando brechas estructurales y proponiendo soluciones para reducir el déficit. Según el documento, la Región de Antofagasta enfrenta un déficit total de 50.847 viviendas, compuesto por 37.123 unidades faltantes —entre familias allegadas, viviendas irrecuperables y casos de hacinamiento—, 12.824 familias en campamentos y 900 personas en situación de calle. El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, enfatizó que “pese a los esfuerzos del Plan de Emergencia Habitacional, aún queda mucho por hacer”, destacando la necesidad de adaptar las políticas a la realidad regional, fortalecer alianzas público-privadas y explorar nuevos modelos de acceso como el arriendo con subsidio, cooperativas y microcondominios. El informe también detalla que solo el 44% de los subsidios otorgados entre 2014 y 2024 fueron efectivamente pagados. En los sectores vulnerables, de 14.128 subsidios se concretaron 8.544, mientras que en los sectores medios solo se materializó el 26%, evidenciando la escasez de proyectos de integración social (DS19). Asimismo, se constata que la mayoría de los proyectos DS49 y DS19 se concentran en el norte alto de la ciudad, zonas con escasa conectividad, áreas verdes y servicios, lo que contradice los objetivos de integración territorial del programa. Müller recalcó la urgencia de “identificar terrenos pericentrales para nuevos desarrollos habitacionales y regenerar áreas urbanas deterioradas”. Respecto al Plan de Emergencia Habitacional, de la meta de 17.400 viviendas a 2026, se ha completado un 32% (5.641), mientras otro 22% está en ejecución. Sin embargo, persisten nudos críticos como la burocracia estatal, la falta de planificación intersectorial, el alto valor del suelo y la baja inversión privada. El informe también advierte que la vivienda en la región no es asequible : una familia promedio debe destinar sus ingresos completos durante 10,9 años para adquirir una vivienda, según el índice Price Income Ratio. Solo el 10% de los hogares cumple los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, lo que excluye al 90% de la población del mercado formal. En cuanto al subsidio de arriendo (DS52), el estudio revela que de 1.998 subsidios otorgados, solo 649 (32%) se han pagado, reflejando un bajo impacto y la necesidad de un nuevo modelo que permita acceder a viviendas bien localizadas. La CChC plantea propuestas clave: promover un crecimiento urbano equilibrado, planificar con enfoque territorial y adaptar las políticas habitacionales a las necesidades reales de la población. “El desafío es trabajar unidos para que la vivienda deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho accesible en Antofagasta”, concluyó Müller.
El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta presentó el Informe de Vivienda Pública 2024, elaborado por su Comité de Vivienda y la Unidad de Estudios, que analiza la evolución habitacional regional entre 2014 y 2024, evidenciando brechas estructurales y proponiendo soluciones para reducir el déficit. Según el documento, la Región de Antofagasta enfrenta un déficit total de 50.847 viviendas, compuesto por 37.123 unidades faltantes —entre familias allegadas, viviendas irrecuperables y casos de hacinamiento—, 12.824 familias en campamentos y 900 personas en situación de calle. El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, enfatizó que “pese a los esfuerzos del Plan de Emergencia Habitacional, aún queda mucho por hacer”, destacando la necesidad de adaptar las políticas a la realidad regional, fortalecer alianzas público-privadas y explorar nuevos modelos de acceso como el arriendo con subsidio, cooperativas y microcondominios. El informe también detalla que solo el 44% de los subsidios otorgados entre 2014 y 2024 fueron efectivamente pagados. En los sectores vulnerables, de 14.128 subsidios se concretaron 8.544, mientras que en los sectores medios solo se materializó el 26%, evidenciando la escasez de proyectos de integración social (DS19). Asimismo, se constata que la mayoría de los proyectos DS49 y DS19 se concentran en el norte alto de la ciudad, zonas con escasa conectividad, áreas verdes y servicios, lo que contradice los objetivos de integración territorial del programa. Müller recalcó la urgencia de “identificar terrenos pericentrales para nuevos desarrollos habitacionales y regenerar áreas urbanas deterioradas”. Respecto al Plan de Emergencia Habitacional, de la meta de 17.400 viviendas a 2026, se ha completado un 32% (5.641), mientras otro 22% está en ejecución. Sin embargo, persisten nudos críticos como la burocracia estatal, la falta de planificación intersectorial, el alto valor del suelo y la baja inversión privada. El informe también advierte que la vivienda en la región no es asequible : una familia promedio debe destinar sus ingresos completos durante 10,9 años para adquirir una vivienda, según el índice Price Income Ratio. Solo el 10% de los hogares cumple los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, lo que excluye al 90% de la población del mercado formal. En cuanto al subsidio de arriendo (DS52), el estudio revela que de 1.998 subsidios otorgados, solo 649 (32%) se han pagado, reflejando un bajo impacto y la necesidad de un nuevo modelo que permita acceder a viviendas bien localizadas. La CChC plantea propuestas clave: promover un crecimiento urbano equilibrado, planificar con enfoque territorial y adaptar las políticas habitacionales a las necesidades reales de la población. “El desafío es trabajar unidos para que la vivienda deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho accesible en Antofagasta”, concluyó Müller.
El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
