La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
El Ministerio de Vivienda reconoció a empresas inmobiliarias, a través de correos revelados por Diario Financiero, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Aunque no se precisaron montos oficiales, la industria estima una deuda total superior a los US$1.000 millones, que incluye a grandes compañías, Pymes, propietarios de terrenos y proveedores. Si bien el Minvu había advertido a algunas constructoras que los pagos no llegarían antes de marzo de 2026, también señaló que no existe certeza de cumplir en esa fecha. Ante ello, la cartera recurrió a una modalidad de pago con BancoEstado, conocida como “Confirming”, que permite a las empresas anticipar facturas, aunque con un interés del 0,5% por cuota que deben asumir los privados. La crisis impacta directamente al PEH, una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca entregar 260 mil viviendas en cuatro años. A agosto, se habían concretado 214.588 soluciones habitacionales (82,5% de la meta), con otras 127.428 en ejecución. Sin embargo, detrás de estas cifras existen deudas que retrasan proyectos y ponen en riesgo la continuidad de numerosas constructoras. Ejecutivos del rubro aseguran que el Minvu adeuda millones de dólares en anticipos y pagos finales bajo subsidios DS19 (primera vivienda) y DS49 (familias vulnerables). Algunas empresas denuncian que incluso no se les permite emitir facturas por los montos adeudados, lo que impide registrar formalmente la deuda. Carlos Marambio, gerente de la Asociación de Viviendas Sociales, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas no resistirán la falta de liquidez, proyectando un aumento de reorganizaciones financieras y quiebras. A esto se suma el reclamo de que mientras la entrega de subsidios creció entre 20 y 30%, el presupuesto apenas subió un 5%, lo que tensionó aún más las finanzas del ministerio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió el mecanismo de “Confirming” señalando que existe desde 2011, pero la oposición, encabezada por Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “patear” pagos al próximo mandato y condicionó la tramitación de la Ley de Presupuestos a mayor transparencia. En paralelo, algunos Servicios de Vivienda (Serviu) habrían comprometido un gasto superior al presupuesto vigente, lo que fue reportado a la Dirección de Presupuestos. Desde el Minvu aseguran que trabajan en conjunto con Dipres para aumentar los recursos, aunque reconocen que el 90% del presupuesto sectorial debe destinarse al pago de compromisos arrastrados, dejando poco margen para nuevas inversiones.
