Tricel confirma destitución del exalcalde Jonathan Velásquez y lo inhabilita por cinco años

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó el pasado martes 12 de agosto la sentencia que destituyó e inhabilitó al exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. La decisión ratifica lo resuelto por el Tribunal Electoral Regional (TER) el pasado 20 de mayo, que acogió un requerimiento presentado por seis concejales de la comuna.

Ante esto, la resolución se fundamentó en una serie de faltas graves que constituyeron "notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa". La causa, liderada por un equipo de abogados encabezado por Axel Villar Ossandón, acreditó múltiples irregularidades en la gestión de Velásquez.

Entre las transgresiones más serias se detallaron:

Gestión irregular del exvertedero La Chimba, donde se incumplieron normativas sanitarias y ambientales, lo que generó advertencias de la Contraloría y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Contratos adjudicados de manera irregular, especialmente mediante tratos directos sin justificación legal, en servicios de recolección de residuos y seguridad municipal.
Uso indebido de abogados municipales para defender causas personales del entonces alcalde, lo que derivó en una querella penal por fraude al Fisco.
Modificaciones unilaterales de contratos de servicios de aseo, disminuyendo obligaciones a favor de empresas proveedoras sin la aprobación del concejo municipal.
Faltas al principio de probidad, evidenciadas en conversaciones filtradas donde Velásquez intercedía en favor de amigos para la obtención de permisos especiales.

Asimismo, la inhabilitación del Tricel se suma a una nueva complicación legal para Velásquez. Ese mismo día, el exjefe comunal fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de violación de secreto. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, solicitó y obtuvo la medida cautelar de arraigo nacional en su contra.

Parta detallar, la acusación se basa en la difusión en marzo de 2024, de un informe médico de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida ese mes tras denunciar agresiones de un apoderado y su alumno. El documento, que era de carácter reservado, señalaba que las afectaciones de la docente no tenían un origen laboral.

“Esa información entendemos que era secreta y reservada, razón por la cual su difusión no se encontraba amparada por la ley”, explicó el fiscal Aguilar. Por este delito, Velásquez arriesga penas que van desde los 61 días hasta los 3 años de privación de libertad. Se fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.