El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha fijado para el 8 de julio de 2025, a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
La Contraloría General de la República emitió un informe que identifica una serie de irregularidades en la administración de recursos por parte de la Municipalidad de Antofagasta entre enero y septiembre de 2024. Las principales observaciones se centran en el manejo de transferencias al sector privado, adquisiciones directas, y el uso de recursos municipales con fines ajenos a los institucionales. Entre los hallazgos, destaca que 12 transferencias al sector privado, por un total de $2.218.691.811, no han sido debidamente justificadas desde 2008, incumpliendo la normativa vigente. La municipalidad deberá diseñar un plan de acción con cronogramas específicos para resolver estas observaciones en un plazo máximo de seis meses. Adicionalmente, se identificaron 10 egresos por $14.917.126 bajo el subtítulo Bienes y servicios de consumo que carecen de la documentación necesaria para acreditar la recepción de los bienes y servicios contratados. Contraloría exige que la documentación faltante sea entregada en un plazo de 30 días hábiles, advirtiendo la formulación de reparos en caso de incumplimiento. También se detectó que en cuatro contrataciones mediante trato directo, por un monto de $12.596.661, no se acreditaron las causales que justificaban esta modalidad, vulnerando la Ley N° 19.886. La municipalidad deberá asegurar que en futuras contrataciones se cumpla con las normativas legales, fundamentando y documentando todas las excepciones que invoque. Finalmente, el informe constató que desde las redes sociales institucionales se difundieron contenidos que promovían la figura del alcalde en lugar de enaltecer las labores de la entidad municipal, violando la normativa sobre el uso de recursos públicos. Contraloría exige la adopción de medidas para evitar que esta práctica se repita. La municipalidad deberá informar los avances de sus acciones correctivas en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción del informe.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha fijado para el 8 de julio de 2025, a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
La Contraloría General de la República emitió un informe que identifica una serie de irregularidades en la administración de recursos por parte de la Municipalidad de Antofagasta entre enero y septiembre de 2024. Las principales observaciones se centran en el manejo de transferencias al sector privado, adquisiciones directas, y el uso de recursos municipales con fines ajenos a los institucionales. Entre los hallazgos, destaca que 12 transferencias al sector privado, por un total de $2.218.691.811, no han sido debidamente justificadas desde 2008, incumpliendo la normativa vigente. La municipalidad deberá diseñar un plan de acción con cronogramas específicos para resolver estas observaciones en un plazo máximo de seis meses. Adicionalmente, se identificaron 10 egresos por $14.917.126 bajo el subtítulo Bienes y servicios de consumo que carecen de la documentación necesaria para acreditar la recepción de los bienes y servicios contratados. Contraloría exige que la documentación faltante sea entregada en un plazo de 30 días hábiles, advirtiendo la formulación de reparos en caso de incumplimiento. También se detectó que en cuatro contrataciones mediante trato directo, por un monto de $12.596.661, no se acreditaron las causales que justificaban esta modalidad, vulnerando la Ley N° 19.886. La municipalidad deberá asegurar que en futuras contrataciones se cumpla con las normativas legales, fundamentando y documentando todas las excepciones que invoque. Finalmente, el informe constató que desde las redes sociales institucionales se difundieron contenidos que promovían la figura del alcalde en lugar de enaltecer las labores de la entidad municipal, violando la normativa sobre el uso de recursos públicos. Contraloría exige la adopción de medidas para evitar que esta práctica se repita. La municipalidad deberá informar los avances de sus acciones correctivas en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción del informe.
