Según información del medio Diario Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta ha llegado a un acuerdo extrajudicial para indemnizar a una mujer que denunció al exalcalde Jonathan Velásquez por acoso sexual y laboral. La decisión, que fue aprobada por el Concejo Municipal, implica que el municipio asumirá el costo de las conductas sexistas de la exautoridad. Ante esto, la abogada de la denunciante, Susan Garate, reveló los detalles del acuerdo, señalando que su clienta formaba parte del círculo cercano de Velásquez. La denuncia, que se hizo pública en abril de 2023, acusaba al exjefe comunal de hostigamiento y comentarios con connotación sexual, además de invitaciones a viajes con recursos municipales. Asimismo, el actual alcalde, Sacha Razmilic, junto al pleno de concejales, condenó enérgicamente las acciones de Velásquez. “Tenemos un exalcalde acusado y ahora con un acuerdo por acoso sexual. Es una vergüenza para la historia de Antofagasta”, fustigó la autoridad. Para detallar, la gestión de Velásquez ha dejado al municipio con un costo superior a los 240 millones de pesos en demandas laborales e indemnizaciones, acumuladas entre 2021 y 2024. Además, el exalcalde se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos por abandono de deberes y faltas a la probidad. Finalmente, en el Concejo Municipal, la concejala Karina Guzmán (FRVS) expresó que la inhabilitación de Velásquez “debería ser de por vida, porque hizo mucho daño a la comunidad y sobre todo a las mujeres”. Por su parte, la concejala Carolina Rivera (PDG) lamentó que la exadministración causeestas vergüenzas, mientras que el concejal Patricio Aguirre (REP) solicitó que no se instalen retratos ni fotografías de Velásquez en el edificio municipal.
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó el pasado martes 12 de agosto la sentencia que destituyó e inhabilitó al exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. La decisión ratifica lo resuelto por el Tribunal Electoral Regional (TER) el pasado 20 de mayo, que acogió un requerimiento presentado por seis concejales de la comuna. Ante esto, la resolución se fundamentó en una serie de faltas graves que constituyeronnotable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. La causa, liderada por un equipo de abogados encabezado por Axel Villar Ossandón, acreditó múltiples irregularidades en la gestión de Velásquez. Entre las transgresiones más serias se detallaron: Gestión irregular del exvertedero La Chimba, donde se incumplieron normativas sanitarias y ambientales, lo que generó advertencias de la Contraloría y la Superintendencia del Medio Ambiente. Contratos adjudicados de manera irregular, especialmente mediante tratos directos sin justificación legal, en servicios de recolección de residuos y seguridad municipal. Uso indebido de abogados municipales para defender causas personales del entonces alcalde, lo que derivó en una querella penal por fraude al Fisco. Modificaciones unilaterales de contratos de servicios de aseo, disminuyendo obligaciones a favor de empresas proveedoras sin la aprobación del concejo municipal. Faltas al principio de probidad, evidenciadas en conversaciones filtradas donde Velásquez intercedía en favor de amigos para la obtención de permisos especiales. Asimismo, la inhabilitación del Tricel se suma a una nueva complicación legal para Velásquez. Ese mismo día, el exjefe comunal fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de violación de secreto. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, solicitó y obtuvo la medida cautelar de arraigo nacional en su contra. Parta detallar, la acusación se basa en la difusión en marzo de 2024, de un informe médico de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida ese mes tras denunciar agresiones de un apoderado y su alumno. El documento, que era de carácter reservado, señalaba que las afectaciones de la docente no tenían un origen laboral. “Esa información entendemos que era secreta y reservada, razón por la cual su difusión no se encontraba amparada por la ley”, explicó el fiscal Aguilar. Por este delito, Velásquez arriesga penas que van desde los 61 días hasta los 3 años de privación de libertad. Se fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.
Este martes 12 de agosto, el exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, fue formalizado por el delito de violación de secreto tras la divulgación de información privada de la profesora Katherine Yoma. La docente falleció luego de denunciar acoso, amenazas y agresiones en su lugar de trabajo. Velásquez, quien no se había presentado a una audiencia previa, asistió al centro de justicia para ser notificado de los cargos. El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional en su contra, prohibiéndole salir del país, y estableció un plazo de 60 días para la investigación. No se dictaron medidas más restrictivas como la prisión preventiva o el arresto domiciliario. Ante esto, la denuncia fue interpuesta por la familia de la profesora Yoma, quien previamente había denunciado ser víctima de hostigamiento y agresiones. Según la acusación, Velásquez utilizó sus redes sociales para divulgar antecedentes médicos y personales de la docente. El objetivo de esta acción, según la querella, era desacreditar las denuncias de Yoma y deslindar responsabilidades de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Finalmente, este caso se suma a los múltiples procesos judiciales que enfrenta el exedil. Velásquez también es investigado por fraude al fisco debido a la pérdida de $600 millones durante el Festival de Antofagasta, y por el uso de abogados municipales para fines particulares. Además, enfrenta un proceso en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por abandono de deberes y faltas a la probidad, que podría inhabilitarlo de ejercer o postular a cargos públicos en el futuro.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para este martes 8 de julio a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
Según información del medio Diario Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta ha llegado a un acuerdo extrajudicial para indemnizar a una mujer que denunció al exalcalde Jonathan Velásquez por acoso sexual y laboral. La decisión, que fue aprobada por el Concejo Municipal, implica que el municipio asumirá el costo de las conductas sexistas de la exautoridad. Ante esto, la abogada de la denunciante, Susan Garate, reveló los detalles del acuerdo, señalando que su clienta formaba parte del círculo cercano de Velásquez. La denuncia, que se hizo pública en abril de 2023, acusaba al exjefe comunal de hostigamiento y comentarios con connotación sexual, además de invitaciones a viajes con recursos municipales. Asimismo, el actual alcalde, Sacha Razmilic, junto al pleno de concejales, condenó enérgicamente las acciones de Velásquez. “Tenemos un exalcalde acusado y ahora con un acuerdo por acoso sexual. Es una vergüenza para la historia de Antofagasta”, fustigó la autoridad. Para detallar, la gestión de Velásquez ha dejado al municipio con un costo superior a los 240 millones de pesos en demandas laborales e indemnizaciones, acumuladas entre 2021 y 2024. Además, el exalcalde se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos por abandono de deberes y faltas a la probidad. Finalmente, en el Concejo Municipal, la concejala Karina Guzmán (FRVS) expresó que la inhabilitación de Velásquez “debería ser de por vida, porque hizo mucho daño a la comunidad y sobre todo a las mujeres”. Por su parte, la concejala Carolina Rivera (PDG) lamentó que la exadministración causeestas vergüenzas, mientras que el concejal Patricio Aguirre (REP) solicitó que no se instalen retratos ni fotografías de Velásquez en el edificio municipal.
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó el pasado martes 12 de agosto la sentencia que destituyó e inhabilitó al exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. La decisión ratifica lo resuelto por el Tribunal Electoral Regional (TER) el pasado 20 de mayo, que acogió un requerimiento presentado por seis concejales de la comuna. Ante esto, la resolución se fundamentó en una serie de faltas graves que constituyeronnotable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. La causa, liderada por un equipo de abogados encabezado por Axel Villar Ossandón, acreditó múltiples irregularidades en la gestión de Velásquez. Entre las transgresiones más serias se detallaron: Gestión irregular del exvertedero La Chimba, donde se incumplieron normativas sanitarias y ambientales, lo que generó advertencias de la Contraloría y la Superintendencia del Medio Ambiente. Contratos adjudicados de manera irregular, especialmente mediante tratos directos sin justificación legal, en servicios de recolección de residuos y seguridad municipal. Uso indebido de abogados municipales para defender causas personales del entonces alcalde, lo que derivó en una querella penal por fraude al Fisco. Modificaciones unilaterales de contratos de servicios de aseo, disminuyendo obligaciones a favor de empresas proveedoras sin la aprobación del concejo municipal. Faltas al principio de probidad, evidenciadas en conversaciones filtradas donde Velásquez intercedía en favor de amigos para la obtención de permisos especiales. Asimismo, la inhabilitación del Tricel se suma a una nueva complicación legal para Velásquez. Ese mismo día, el exjefe comunal fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de violación de secreto. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, solicitó y obtuvo la medida cautelar de arraigo nacional en su contra. Parta detallar, la acusación se basa en la difusión en marzo de 2024, de un informe médico de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida ese mes tras denunciar agresiones de un apoderado y su alumno. El documento, que era de carácter reservado, señalaba que las afectaciones de la docente no tenían un origen laboral. “Esa información entendemos que era secreta y reservada, razón por la cual su difusión no se encontraba amparada por la ley”, explicó el fiscal Aguilar. Por este delito, Velásquez arriesga penas que van desde los 61 días hasta los 3 años de privación de libertad. Se fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.
Este martes 12 de agosto, el exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, fue formalizado por el delito de violación de secreto tras la divulgación de información privada de la profesora Katherine Yoma. La docente falleció luego de denunciar acoso, amenazas y agresiones en su lugar de trabajo. Velásquez, quien no se había presentado a una audiencia previa, asistió al centro de justicia para ser notificado de los cargos. El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional en su contra, prohibiéndole salir del país, y estableció un plazo de 60 días para la investigación. No se dictaron medidas más restrictivas como la prisión preventiva o el arresto domiciliario. Ante esto, la denuncia fue interpuesta por la familia de la profesora Yoma, quien previamente había denunciado ser víctima de hostigamiento y agresiones. Según la acusación, Velásquez utilizó sus redes sociales para divulgar antecedentes médicos y personales de la docente. El objetivo de esta acción, según la querella, era desacreditar las denuncias de Yoma y deslindar responsabilidades de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Finalmente, este caso se suma a los múltiples procesos judiciales que enfrenta el exedil. Velásquez también es investigado por fraude al fisco debido a la pérdida de $600 millones durante el Festival de Antofagasta, y por el uso de abogados municipales para fines particulares. Además, enfrenta un proceso en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por abandono de deberes y faltas a la probidad, que podría inhabilitarlo de ejercer o postular a cargos públicos en el futuro.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para este martes 8 de julio a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
