Una publicación de Timeline del periodista Jonathan Mondaca, denunció la situación que ocurre en el sector del Huáscar, en el extremo sur de Antofagasta. Un terreno frente al camping municipal fue cercado con material sólido a fines del año pasado, perímetro que según Bienes Nacionales estaría fuera de loteo, por lo que no pueden permitir edificaciones.

Según las versiones obtenidas por el medio digital, vecinos señalaron que incluso fue usada maquinaria pesada para nivelar el lugar. Además en el sitio existirían condiciones para suponer que estas personas no tienen necesidad de una vivienda. 

Esto fue planteado por la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, quien sostuvo "claramente no hay necesidad de una vivienda". Agrega para Timeline, que construyeron sobre un terreno que no cumple con el uso de suelo para su proyección y hay otra zona que no es edificable porque se encuentra fuera de plano.

"Tenemos que ser justos -las tomas son ilegales- ya sean en un barrio residencial o de alta densidad, con una consolidación importante de la construcción o en otros sectores que son más vulnerables con construcciones muy precarias", expresó la autoridad.

Por su parte, una de las involucradas en estas llamadas "tomas VIP", la dirigenta del Partido Socialista (PS), Jacqueline Santander, salió a defenderse expresando que no es una toma ilegal, si no que irregular. Esto porque ella habría ingresado una solicitud en Bienes Nacionales para solicitar el arriendo del inmueble fiscal.

Santander que fue candidata a senadora del PS, asegura que esta solicitud la hizo en paralelo a la construcción. Y puntualiza, "no es la misma situación, por ejemplo, que se da en el sector norte, las personas ahí no hacen solicitudes de arriendo de inmueble fiscal".

También utiliza como argumento que existen más personas en el sector en la misma situación, algunos quienes habrían logrado regularizarse y agrega que es un tema de "voluntad política". Todo esto de acuerdo a lo publicado por Timeline.

Bienes Nacionales asegura que los terrenos fueron fiscalizados y existen cuatro órdenes de desalojo, las que deben ser efectuadas por la Delegación Presidencial Regional. El problema estaría en el costo que esto reviste, por el dinero que debe invertirse en contratar maquinaria para desalojar estas tomas sólidas y de gran envergadura.