Este martes, la bancada del Partido Republicano anunció que elevaron una solicitud para que se conforme una comisión investigadora a raíz de la fallida compra de la casa del exPresidente Salvador Allende, y junto con ello, recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para buscar que la ministra de Defensa, Maya Fernández, y su tía y senadora Isabel Allende, sean cesadas de sus cargos, puesto que ambas firmaron el contrato de compraventa.
El requerimiento en cuestión, se ingresará para que el organismo resuelva una eventual inconstitucionalidad en el contrato que se habría suscrito para esta operación. Cabe recordar que la ley prohíbe expresamente que ministros celebren contratos con el Estado.
En este escenario, el jefe de la bancada republicana, Luis Sánchez, señaló que “si no fuera gracias a la prensa nadie en este país sabría de este secretito que tenían escondido entre el Presidente de la República, la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende. Se ha destapado el escándalo y en buena hora, porque ya sabemos que no fue solamente las conversaciones para que tuviera lugar esta compraventa sino que el contrato se firmó y eso es especialmente importante”, remarcó el congresal.
“El contrato se llegó a suscribir y por lo tanto, se llegó a producir la causal establecida en la Constitución en el artículo 60 inciso segundo y en el 93 inciso 13, que establece la cesación de pleno derecho del cargo de ministra de Estado, por un lado, de senadora por el otro lado, por suscribir contratos convenios con el Estado [...] eso es inconstitucional y la consecuencia que la constitución establece para eso es que queda cesado en el cargo y a quien le corresponde resolver esto es al Tribunal Constitucional”, fustigó el parlamentario.
Así las cosas, el timonel, por último, llamó públicamente a Fernández a tomar ella la decisión de renunciar a su cargo en el Gobierno.
Por su parte, desde la UDI están de acuerdo con esta acción, aunque no tienen fe en su resultado. "Los fallos del TC en el último tiempo han sido extremadamente políticos, y la presidencia del organismo ha actuado como una caja de resonancia del Gobierno del Presidente Boric", acusó el diputado gremialista Juan Antonio Coloma.
11 de julio de 2025
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