Contraloría detecta irregularidades en gestión de Jonathan Velásquez como alcalde de Antofagasta
El informe revela faltas en la rendición de cuentas de transferencias al sector privado, irregularidades en adquisiciones por trato directo y uso indebido de recursos municipales en redes sociales.
La Contraloría General de la República emitió un informe que identifica una serie de irregularidades en la administración de recursos por parte de la Municipalidad de Antofagasta entre enero y septiembre de 2024. Las principales observaciones se centran en el manejo de transferencias al sector privado, adquisiciones directas, y el uso de recursos municipales con fines ajenos a los institucionales.
Entre los hallazgos, destaca que 12 transferencias al sector privado, por un total de $2.218.691.811, no han sido debidamente justificadas desde 2008, incumpliendo la normativa vigente. La municipalidad deberá diseñar un plan de acción con cronogramas específicos para resolver estas observaciones en un plazo máximo de seis meses.
Adicionalmente, se identificaron 10 egresos por $14.917.126 bajo el subtítulo "Bienes y servicios de consumo" que carecen de la documentación necesaria para acreditar la recepción de los bienes y servicios contratados. Contraloría exige que la documentación faltante sea entregada en un plazo de 30 días hábiles, advirtiendo la formulación de reparos en caso de incumplimiento.
También se detectó que en cuatro contrataciones mediante trato directo, por un monto de $12.596.661, no se acreditaron las causales que justificaban esta modalidad, vulnerando la Ley N° 19.886. La municipalidad deberá asegurar que en futuras contrataciones se cumpla con las normativas legales, fundamentando y documentando todas las excepciones que invoque.
Finalmente, el informe constató que desde las redes sociales institucionales se difundieron contenidos que promovían la figura del alcalde en lugar de enaltecer las labores de la entidad municipal, violando la normativa sobre el uso de recursos públicos. Contraloría exige la adopción de medidas para evitar que esta práctica se repita.
La municipalidad deberá informar los avances de sus acciones correctivas en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción del informe.
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1 de junio de 2026
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