Valoran aprobación de proyecto que endurece persecución al crimen organizado
El senador Pedro Araya destacó los principales alcances de la normativa, que tras la aprobación del parlamento quedó en condiciones de ser promulgada.
Con 27 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que mejora la persecución del delito de narcotráfico y crimen organizado, tras lo cual la iniciativa pasó al Ejecutivo y quedó en condiciones de ser promulgada.
Al respecto, el senador Pedro Araya, se refirió a la aprobación de este importante proyecto, “votamos a favor de esta iniciativa, porque creo que nuestro país y las instituciones que están a cargo de la persecución penal, como Carabineros, PDI, la fiscalía, tienen que contar con herramientas eficaces para desbaratar las bandas criminales”.
El parlamentario destacó algunos de los principales alcances de la normativa. “Va a perseguir la ruta del dinero, de forma tal de dar a las bandas criminales donde más les duele, que es en el lucro o las ganancias que puedan tener, producto de la actividad criminal, se va a permitir el decomiso de bienes, de dinero, sin que aún se dicte sentencia definitiva, esperamos que esta ley pueda ayudar, efectivamente, a desbaratar bandas que se dedican al narcotráfico, al tráfico de armas y a la trata de personas”.
Esta iniciativa que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Proyecto
Algunos de los puntos relevantes de la norma dicen relación con la sanción a quien administre a alguna persona, sustancias ilícitas sin su consentimiento. En este contexto, las penas pueden llegar a presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años) si se usa violencia o intimidación para administrar u obligar el consumo.
Igualmente, se castiga a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica. Para ellos, la pena va desde los 3 años y un día a 10 años, más multas de 80 a 400 UTM (entre 5 a 25 millones aprox.).
Otro punto importante, es que si algún delito relacionado a las drogas se cometió valiéndose de un menor de 18 años o personas exentas de responsabilidad, se aumenta en un grado la pena. A su vez, la pena aumentará en dos grados, cuando se proveyere de armas de fuego a menores de edad para alcanzar fines delictivos.
Incautaciones
Entre los instrumentos incautados se incorporan bienes muebles e inmuebles, que el juez de garantía podrá destinar provisionalmente a petición del Ministerio Público. Igualmente, se podrán destinar a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro. En todo caso, se exigirá que su objetivo institucional sea la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción.
Cannabis
En este plano, se entenderá justificado el cultivo de cannabis para la atención de un tratamiento médico. Lo anterior, con la presentación de una receta médica extendida por un médico cirujano tratante. Dicho documento debe indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración. Junto a esto, referirse a la forma de administración, la que no podrá ser mediante combustión.
La norma también sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a quien use recetas falsas para justificar el cultivo de cannabis. La pena aumentará en un grado en caso de comercialización de la droga o facilitación a un tercero.
30 de julio de 2026
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