La región de Antofagasta se ha consolidado como uno de los territorios con mayor impacto del crimen organizado en el país, ubicándose entre las tres regiones con más alta concentración de este tipo de delitos. Así lo revela el Segundo Informe del Indicador Nacional de Crimen Organizado (INCO), elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián. El estudio, que analizó los delitos ingresados al Ministerio Público entre 2022 y 2024, posiciona a Antofagasta dentro de la macrozona norte, que exhibe los mayores niveles de afectación criminal a nivel nacional. En términos absolutos, la región acumuló 8.300 delitos asociados al crimen organizado en el periodo, mostrando un preocupante aumento sostenido: 2.458 casos en 2022, 2.738 en 2023 y 3.104 en 2024. Ante esto, la situación es crítica en varios puntos de la región. En 2024, Antofagasta concentró la mayor frecuencia de casos con 1.845 delitos, ubicándose novena a nivel nacional. Le siguieron Calama y Tocopilla en las cifras absolutas. Sin embargo, Ollagüe destacó por su incidencia relativa: alcanzó una tasa de 639 delitos cada 100 mil habitantes, la segunda más alta del país solo superada por Colchane (Región de Tarapacá). Finalmente, el informe vincula esta alta concentración delictiva a diversos factores, incluyendo el 14% de población extranjera, la baja dotación policial en relación al tamaño poblacional y ciertas variables socioeconómicas. Además, el estudio advierte sobre un posible “efecto globo”, sugiriendo que la presión policial en zonas urbanas podría estar desplazando la actividad criminal hacia comunas fronterizas.
Un informe de la Fiscalía Regional de Antofagasta posiciona al fraude al Fisco y al lavado de dinero como los principales delitos de corrupción y económicos que afectan a la región. Durante el primer semestre de este año, la entidad abrió un total de 51 investigaciones por este tipo de ilícitos, cifra similar a la del año anterior, aunque con un notable incremento en una de las categorías. De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), el fraude a organismos del Estado y el lavado de dinero por parte de personas naturales fueron los delitos más recurrentes, con 13 casos cada uno. Les sigue el cohecho o soborno de particulares, con 9 casos. Un dato que genera alerta es el aumento del 333% en los casos de lavado de dinero en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 3 a 13 investigaciones. El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que este incremento está estrechamente ligado al fenómeno del crimen organizado.Las organizaciones criminales utilizan el lavado de dinero como una herramienta para consolidar y expandir su poder, afirmó, lo que permite a estas bandas fortalecer su estructura, corromper instituciones y financiar nuevas actividades ilícitas. Finalmente, Castro Bekios subrayó que, aunque los casos de corrupción no son tan numerosos como otros crímenes, son una prioridad para el Ministerio Público por comprometer la probidad pública y la confianza en las instituciones. En este contexto, destacó la reciente creación de la Fiscalía de Alta Complejidad (FAC), que se enfocará en combatir este tipo de delitos, así como otros que requieren un enfoque especializado. La autoridad también resaltó que importantes investigaciones a nivel nacional, como varias aristas del “Caso Convenios”, han sido radicadas en la región de Antofagasta, evidenciando el trabajo especializado en esta área.
Antofagasta se ha convertido en el epicentro de un encuentro clave para redefinir la estrategia contra el crimen organizado en la macrozona norte del país. El evento, organizado por la Fiscalía Regional, reúne a fiscales, jefes policiales, representantes de diversas instituciones y agencias especializadas, tanto nacionales como internacionales, con un objetivo central: perseguir el dinero que alimenta a estas estructuras delictivas. Durante la jornada inaugural, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, enfatizó la necesidad de virar el foco investigativo hacia el patrimonio de las organizaciones criminales. Señaló que, históricamente, la persecución se ha centrado en los delitos y los individuos, descuidando la vasta riqueza que acumulan y movilizan.Debemos comprender que el crimen organizado no es solo una suma de delitos violentos, sino que un fenómeno estructurado, sofisticado y profundamente arraigado en intereses económicos. Su verdadero poder reside en su capacidad de generar, mover y ocultar enormes flujos de dinero. Y es allí, en su patrimonio, donde se encuentra su vulnerabilidad más crítica, afirmó el persecutor. Ante esto, el encuentro también abordó los desafíos futuros en materia de seguridad, como el impacto del corredor bioceánico y el creciente uso de tecnologías como drones de largo alcance para el tráfico de drogas. El fiscal Castro Bekios advirtió sobre la capacidad de estos dispositivos para recorrer grandes distancias, abriendo nuevas vías para el transporte ilícito. Por su parte, el jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, Mauricio Jorquera Ramírez, subrayó la importancia de generar un diagnóstico actualizado de las amenazas, incluyendo la presencia de organizaciones criminales transnacionales y la potencial utilización del corredor bioceánico para actividades ilícitas. En la misma línea, el jefe de la Zona Coquimbo de Carabineros, general Juan Antonio Muñoz Montero, resaltó la crucial necesidad de una coordinación permanente entre las instituciones del norte para enfrentar fenómenos criminales comunes como el tráfico de drogas. Asimismo, la jornada inaugural contó con la participación de destacados expositores, como Luis Ignacio García Sigman, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Antonio Javier Maza, del Ministerio de Seguridad de Argentina, quienes aportaron perspectivas internacionales a la discusión. También participaron expertos nacionales en la materia. Finalmente, se espera que en la segunda jornada del encuentro se profundice en estrategias concretas con las exposiciones de la Directora Nacional de Aduanas, el jefe del Departamento de Investigación Penitenciaria de Gendarmería, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, y fiscales especializados, buscando fortalecer la colaboración y las herramientas para desarticular el poder económico del crimen organizado en la macrozona norte.
La región de Antofagasta se ha consolidado como uno de los territorios con mayor impacto del crimen organizado en el país, ubicándose entre las tres regiones con más alta concentración de este tipo de delitos. Así lo revela el Segundo Informe del Indicador Nacional de Crimen Organizado (INCO), elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián. El estudio, que analizó los delitos ingresados al Ministerio Público entre 2022 y 2024, posiciona a Antofagasta dentro de la macrozona norte, que exhibe los mayores niveles de afectación criminal a nivel nacional. En términos absolutos, la región acumuló 8.300 delitos asociados al crimen organizado en el periodo, mostrando un preocupante aumento sostenido: 2.458 casos en 2022, 2.738 en 2023 y 3.104 en 2024. Ante esto, la situación es crítica en varios puntos de la región. En 2024, Antofagasta concentró la mayor frecuencia de casos con 1.845 delitos, ubicándose novena a nivel nacional. Le siguieron Calama y Tocopilla en las cifras absolutas. Sin embargo, Ollagüe destacó por su incidencia relativa: alcanzó una tasa de 639 delitos cada 100 mil habitantes, la segunda más alta del país solo superada por Colchane (Región de Tarapacá). Finalmente, el informe vincula esta alta concentración delictiva a diversos factores, incluyendo el 14% de población extranjera, la baja dotación policial en relación al tamaño poblacional y ciertas variables socioeconómicas. Además, el estudio advierte sobre un posible “efecto globo”, sugiriendo que la presión policial en zonas urbanas podría estar desplazando la actividad criminal hacia comunas fronterizas.
Un informe de la Fiscalía Regional de Antofagasta posiciona al fraude al Fisco y al lavado de dinero como los principales delitos de corrupción y económicos que afectan a la región. Durante el primer semestre de este año, la entidad abrió un total de 51 investigaciones por este tipo de ilícitos, cifra similar a la del año anterior, aunque con un notable incremento en una de las categorías. De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), el fraude a organismos del Estado y el lavado de dinero por parte de personas naturales fueron los delitos más recurrentes, con 13 casos cada uno. Les sigue el cohecho o soborno de particulares, con 9 casos. Un dato que genera alerta es el aumento del 333% en los casos de lavado de dinero en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 3 a 13 investigaciones. El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que este incremento está estrechamente ligado al fenómeno del crimen organizado.Las organizaciones criminales utilizan el lavado de dinero como una herramienta para consolidar y expandir su poder, afirmó, lo que permite a estas bandas fortalecer su estructura, corromper instituciones y financiar nuevas actividades ilícitas. Finalmente, Castro Bekios subrayó que, aunque los casos de corrupción no son tan numerosos como otros crímenes, son una prioridad para el Ministerio Público por comprometer la probidad pública y la confianza en las instituciones. En este contexto, destacó la reciente creación de la Fiscalía de Alta Complejidad (FAC), que se enfocará en combatir este tipo de delitos, así como otros que requieren un enfoque especializado. La autoridad también resaltó que importantes investigaciones a nivel nacional, como varias aristas del “Caso Convenios”, han sido radicadas en la región de Antofagasta, evidenciando el trabajo especializado en esta área.
Antofagasta se ha convertido en el epicentro de un encuentro clave para redefinir la estrategia contra el crimen organizado en la macrozona norte del país. El evento, organizado por la Fiscalía Regional, reúne a fiscales, jefes policiales, representantes de diversas instituciones y agencias especializadas, tanto nacionales como internacionales, con un objetivo central: perseguir el dinero que alimenta a estas estructuras delictivas. Durante la jornada inaugural, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, enfatizó la necesidad de virar el foco investigativo hacia el patrimonio de las organizaciones criminales. Señaló que, históricamente, la persecución se ha centrado en los delitos y los individuos, descuidando la vasta riqueza que acumulan y movilizan.Debemos comprender que el crimen organizado no es solo una suma de delitos violentos, sino que un fenómeno estructurado, sofisticado y profundamente arraigado en intereses económicos. Su verdadero poder reside en su capacidad de generar, mover y ocultar enormes flujos de dinero. Y es allí, en su patrimonio, donde se encuentra su vulnerabilidad más crítica, afirmó el persecutor. Ante esto, el encuentro también abordó los desafíos futuros en materia de seguridad, como el impacto del corredor bioceánico y el creciente uso de tecnologías como drones de largo alcance para el tráfico de drogas. El fiscal Castro Bekios advirtió sobre la capacidad de estos dispositivos para recorrer grandes distancias, abriendo nuevas vías para el transporte ilícito. Por su parte, el jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, Mauricio Jorquera Ramírez, subrayó la importancia de generar un diagnóstico actualizado de las amenazas, incluyendo la presencia de organizaciones criminales transnacionales y la potencial utilización del corredor bioceánico para actividades ilícitas. En la misma línea, el jefe de la Zona Coquimbo de Carabineros, general Juan Antonio Muñoz Montero, resaltó la crucial necesidad de una coordinación permanente entre las instituciones del norte para enfrentar fenómenos criminales comunes como el tráfico de drogas. Asimismo, la jornada inaugural contó con la participación de destacados expositores, como Luis Ignacio García Sigman, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Antonio Javier Maza, del Ministerio de Seguridad de Argentina, quienes aportaron perspectivas internacionales a la discusión. También participaron expertos nacionales en la materia. Finalmente, se espera que en la segunda jornada del encuentro se profundice en estrategias concretas con las exposiciones de la Directora Nacional de Aduanas, el jefe del Departamento de Investigación Penitenciaria de Gendarmería, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, y fiscales especializados, buscando fortalecer la colaboración y las herramientas para desarticular el poder económico del crimen organizado en la macrozona norte.
