Continúan en alerta los vecinos del conjunto habitacional Bellavista 1, quienes denunciaron hace algunos meses una serie de problemas estructurales en sus edificios. Es por esto , que el senador Pedro Araya (PPD) informó que Contraloría fiscalizará en Serviu Antofagasta la calidad de los materiales de construcción.
El senador Pedro Araya Guerrero expresó su preocupación y críticas en torno al acuerdo de litio entre Codelco y SQM bajo la administración del presidente Gabriel Boric. En declaraciones recientes, el legislador manifestó su descontento, comparando la situación actual con negocios realizados durante el régimen de Pinochet. Con Boric, Ponce Lerou hará mejores negocios de los que efectuó con Pinochet , afirmó el senador Araya Guerrero, refiriéndose al acuerdo del litio que se espera firmar entre Codelco y SQM. Ha habido mucha vaguedad de Codelco para entregar información y contestar preguntas concretas, eso ha generado mucho ruido en el congreso , señaló el senador antofagastino. Asimismo, destacó que SQM es la parte más interesada en la pronta firma del convenio, calificando el acuerdo como el negocio de su vida . El senador Araya señaló que uno esperaría que el Presidente Boric se meta en este tema, porque se está jugando el futuro de Chile. Ante esto, Araya añadió que ejercerán todas las acciones legales que procedan, sean civiles, administrativas o penales. Si se llega a concretar este acuerdo será peor que el “Davilazo , (caso judicial que involucró a Codelco en los años 90). Uno de los principales puntos de crítica del senador Araya es la ausencia de una licitación pública en el proceso de adjudicación del acuerdo de litio. Me van a decir que no “que la continuidad operacional”, es cierto, la continuidad operacional del año 2030. No obstante, si el gobierno hubiese iniciado la licitación, ese problema no estaría, porque perfectamente cualquier empresa que se hubiese adjudicado, de aquí al 2025 la explotación del salar podría haber llevado adelante los estudios de impacto ambiental y los permisos.
La ceremonia fue llevada a cabo el martes 16 de abril en Calama y, de acuerdo a lo indicado por el parlamentario, la decisión del Gobierno se relaciona con evitar contacto entre el presidente Boric y la diputada, imputada en el “caso convenios”, específicamente por la arista Democracia Viva.
El senador Pedro Araya Guerrero expresó su desacuerdo con la decisión del juez Urrutia, quien permitió a delincuentes de alta peligrosidad realizar videollamadas con otras personas. La medida fue cuestionada por el parlamentario antofagastino, argumentando que Gendarmería cuenta con las atribuciones necesarias para establecer el régimen penitenciario de visita de los internos. Araya Guerrero destacó que el régimen penitenciario puede ser más restrictivo en las cárceles de alta seguridad, considerando la peligrosidad de los reclusos en esos recintos. Asimismo, subrayó que la decisión de Gendarmería no infringe la legislación nacional ni los tratados internacionales, ya que estos permiten diferencias en este tipo de situaciones. Por lo demás, hay que tener presente que ciertos derechos individuales ceden cuando se trata de proteger un bien mayor, como son ciertos derechos colectivos , afirmó el senador, defendiendo la idea de que la seguridad pública debe primar en estas circunstancias. En relación con la controversia suscitada, Araya Guerrero señaló la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario contra el juez Urrutia, en caso de que su comportamiento sea considerado inapropiado en el ejercicio de sus funciones. Explicó que este proceso podría llevarse a cabo en la respectiva Corte de Apelaciones, donde se investigaría la actuación del magistrado. Existe la posibilidad de que el Presidente de la República le solicite a la Corte Suprema iniciar un proceso de remoción de un juez cuando este ha tenido un mal comportamiento , agregó el senador, subrayando la importancia de los mecanismos de control y supervisión en el ámbito judicial. Sin embargo, Araya Guerrero aclaró que será la Corte de Apelaciones respectiva la encargada de determinar si el comportamiento del juez se ajusta o no a la legislación vigente y, a partir de esa evaluación, decidir si es necesario iniciar un proceso de remoción.
Continúan en alerta los vecinos del conjunto habitacional Bellavista 1, quienes denunciaron hace algunos meses una serie de problemas estructurales en sus edificios. Es por esto , que el senador Pedro Araya (PPD) informó que Contraloría fiscalizará en Serviu Antofagasta la calidad de los materiales de construcción.
El senador Pedro Araya Guerrero expresó su preocupación y críticas en torno al acuerdo de litio entre Codelco y SQM bajo la administración del presidente Gabriel Boric. En declaraciones recientes, el legislador manifestó su descontento, comparando la situación actual con negocios realizados durante el régimen de Pinochet. Con Boric, Ponce Lerou hará mejores negocios de los que efectuó con Pinochet , afirmó el senador Araya Guerrero, refiriéndose al acuerdo del litio que se espera firmar entre Codelco y SQM. Ha habido mucha vaguedad de Codelco para entregar información y contestar preguntas concretas, eso ha generado mucho ruido en el congreso , señaló el senador antofagastino. Asimismo, destacó que SQM es la parte más interesada en la pronta firma del convenio, calificando el acuerdo como el negocio de su vida . El senador Araya señaló que uno esperaría que el Presidente Boric se meta en este tema, porque se está jugando el futuro de Chile. Ante esto, Araya añadió que ejercerán todas las acciones legales que procedan, sean civiles, administrativas o penales. Si se llega a concretar este acuerdo será peor que el “Davilazo , (caso judicial que involucró a Codelco en los años 90). Uno de los principales puntos de crítica del senador Araya es la ausencia de una licitación pública en el proceso de adjudicación del acuerdo de litio. Me van a decir que no “que la continuidad operacional”, es cierto, la continuidad operacional del año 2030. No obstante, si el gobierno hubiese iniciado la licitación, ese problema no estaría, porque perfectamente cualquier empresa que se hubiese adjudicado, de aquí al 2025 la explotación del salar podría haber llevado adelante los estudios de impacto ambiental y los permisos.
La ceremonia fue llevada a cabo el martes 16 de abril en Calama y, de acuerdo a lo indicado por el parlamentario, la decisión del Gobierno se relaciona con evitar contacto entre el presidente Boric y la diputada, imputada en el “caso convenios”, específicamente por la arista Democracia Viva.
El senador Pedro Araya Guerrero expresó su desacuerdo con la decisión del juez Urrutia, quien permitió a delincuentes de alta peligrosidad realizar videollamadas con otras personas. La medida fue cuestionada por el parlamentario antofagastino, argumentando que Gendarmería cuenta con las atribuciones necesarias para establecer el régimen penitenciario de visita de los internos. Araya Guerrero destacó que el régimen penitenciario puede ser más restrictivo en las cárceles de alta seguridad, considerando la peligrosidad de los reclusos en esos recintos. Asimismo, subrayó que la decisión de Gendarmería no infringe la legislación nacional ni los tratados internacionales, ya que estos permiten diferencias en este tipo de situaciones. Por lo demás, hay que tener presente que ciertos derechos individuales ceden cuando se trata de proteger un bien mayor, como son ciertos derechos colectivos , afirmó el senador, defendiendo la idea de que la seguridad pública debe primar en estas circunstancias. En relación con la controversia suscitada, Araya Guerrero señaló la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario contra el juez Urrutia, en caso de que su comportamiento sea considerado inapropiado en el ejercicio de sus funciones. Explicó que este proceso podría llevarse a cabo en la respectiva Corte de Apelaciones, donde se investigaría la actuación del magistrado. Existe la posibilidad de que el Presidente de la República le solicite a la Corte Suprema iniciar un proceso de remoción de un juez cuando este ha tenido un mal comportamiento , agregó el senador, subrayando la importancia de los mecanismos de control y supervisión en el ámbito judicial. Sin embargo, Araya Guerrero aclaró que será la Corte de Apelaciones respectiva la encargada de determinar si el comportamiento del juez se ajusta o no a la legislación vigente y, a partir de esa evaluación, decidir si es necesario iniciar un proceso de remoción.
