Ley “Chao Cables”, ¿norma efectiva para el retiro del cableado en desuso?
Las empresas deberán retirar cables en desuso o “chatarra aérea” con planes anuales supervisados por Subtel y municipios, priorizando comunas y zonas rurales críticas.
El 21 de septiembre comenzó a regir plenamente la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables en desuso —denominados “chatarra aérea”— de los postes eléctricos en todo el país. La medida marca el inicio de la fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios.
La normativa fue promulgada en 2019 durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero recién en marzo de 2025 Contraloría tomó razón del decreto 176 que permitió su aplicación. El retraso en la entrada en vigencia había sido objeto de críticas, ya que su implementación temprana podría haber reducido los riesgos durante emergencias como el sistema frontal de agosto pasado.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que el reglamento “ordena procedimientos que las compañías deben implementar, estableciendo métodos claros de ordenamiento y retiro de cables”. Las empresas ahora deberán elaborar planes anuales de retiro y ordenamiento en coordinación con las autoridades comunales y regionales, los cuales se pondrán en marcha a fines de este año y durante 2026.
Estos planes, que tendrán una duración máxima de 12 meses por cada comuna, buscan despejar gradualmente los sectores más afectados por acumulación de cables. La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), ya trabajan en la identificación de zonas prioritarias.
Entre las comunas más afectadas destacan Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Santiago, Maipú, Providencia, La Florida y Lo Barnechea, además de zonas rurales como Curacaví, Melipilla, Colina, Paine y Pirque.
Con esta fiscalización, se busca no solo mejorar la estética urbana, sino también reducir riesgos eléctricos y de seguridad pública, avanzando en un ordenamiento de la infraestructura digital que impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes del país.
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