El 21 de septiembre comenzó a regir plenamente la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables en desuso —denominados “chatarra aérea”— de los postes eléctricos en todo el país. La medida marca el inicio de la fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios. La normativa fue promulgada en 2019 durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero recién en marzo de 2025 Contraloría tomó razón del decreto 176 que permitió su aplicación. El retraso en la entrada en vigencia había sido objeto de críticas, ya que su implementación temprana podría haber reducido los riesgos durante emergencias como el sistema frontal de agosto pasado. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que el reglamento “ordena procedimientos que las compañías deben implementar, estableciendo métodos claros de ordenamiento y retiro de cables”. Las empresas ahora deberán elaborar planes anuales de retiro y ordenamiento en coordinación con las autoridades comunales y regionales, los cuales se pondrán en marcha a fines de este año y durante 2026. Estos planes, que tendrán una duración máxima de 12 meses por cada comuna, buscan despejar gradualmente los sectores más afectados por acumulación de cables. La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), ya trabajan en la identificación de zonas prioritarias. Entre las comunas más afectadas destacan Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Santiago, Maipú, Providencia, La Florida y Lo Barnechea, además de zonas rurales como Curacaví, Melipilla, Colina, Paine y Pirque. Con esta fiscalización, se busca no solo mejorar la estética urbana, sino también reducir riesgos eléctricos y de seguridad pública, avanzando en un ordenamiento de la infraestructura digital que impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes del país.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de una fiscalización extraordinaria que evaluó el uso, reporte y destino de los recursos entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios del Royalty Minero durante 2024 y una muestra correspondiente a 2025. El análisis se centró en el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos, específicamente en el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, conocidos como “Fondos Puente”. La investigación advirtió que, en el período 2024, varias municipalidades de la Región de Antofagasta no cumplieron plenamente con la obligación de publicar sus reportes en los portales de transparencia activa. Entre ellas, figuran Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Ollagüe, que presentaron incumplimientos al no publicar información, hacerlo de manera incompleta o en ítems erróneos. El informe resaltó además que Ollagüe, una de las 20 municipalidades con mayor aumento proporcional en su presupuesto por el Royalty, respondió fuera de plazo una solicitud de información. En ella reconoció la transferencia de $24 millones al área de educación municipal, aunque en 2025 no publicó voluntariamente antecedentes sobre el uso de estos recursos. En cuanto a los montos, Calama se ubicó como la segunda municipalidad con mayores aportes en 2024, con $2.164 millones, mientras que Antofagasta alcanzó el décimo lugar con $993 millones. Sin embargo, se detectó que Sierra Gorda y San Pedro de Atacama no reportaron a la SUBDERE el uso del Fondo de Equidad Territorial, y que Antofagasta, Taltal y San Pedro tampoco cumplieron con reportar oportunamente los recursos provenientes del Fondo de Comunas Mineras. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó que “la Región de Antofagasta recibe sumas muy considerables del Royalty, y es indispensable que los gobiernos locales cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia, para que los ciudadanos puedan ejercer control social y exigir que estos fondos se traduzcan en mejoras concretas para su calidad de vida”. A nivel nacional, el CPLT advirtió que un 61% de las municipalidades beneficiadas por los Fondos Puente no cumplió de manera íntegra con la publicación de reportes sobre el uso de estos recursos en sus plataformas de transparencia activa.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización realizada a los municipios que reciben ingresos por concepto de royalty minero, revelando que un 61% de ellos incumplió con la obligación de consignar en sus sitios de transparencia activa el uso de dichos recursos. El organismo revisó la gestión de los Fondos Puente —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— correspondientes a 2024 y parte de 2025, evaluando el nivel de rendición de cuentas y cumplimiento normativo. El análisis se enmarca en la Ley N°21.591, que obliga a las municipalidades a informar a la Subdere sobre el uso de estos fondos. Cabe señalar que, mientras la Ley de Presupuestos 2024 establecía la obligación de publicación en portales de transparencia, la Ley 2025 eliminó esta exigencia, dificultando el control ciudadano. Los hallazgos fueron contundentes: de las 307 comunas beneficiarias, 187 no cumplieron plenamente con la normativa. Las faltas detectadas incluyen no habilitar el subítem específico de royalty, subir reportes incompletos o publicar la información en secciones erróneas. Además, de las 38 comunas que no recibieron fondos y debían informar esa condición, un 24% tampoco lo hizo. En términos de ejecución, el CPLT constató que el 97% de los municipios reportó gastos con cargo a estos recursos : un 37% se destinó a iniciativas de inversión, 23% a bienes y servicios, 18% a transferencias corrientes, 12% a activos no financieros y 8% a personal. Entre los principales receptores se encuentran Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Destacan gastos como la transferencia de $1.670 millones de Maipú a la CODEDUC, $1.332 millones de La Pintana para recarpeteo de calles y $732 millones de La Granja en aseo domiciliario. Para 2025, pese a la eliminación de la obligación de publicación, el CPLT revisó los portales de los 20 municipios que más recursos reciben, constatando que solo un 20% entrega información voluntaria sobre la ejecución de los fondos. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó la importancia de la rendición de cuentas: “Se trata de cuantiosas sumas de dinero público cuyo destino debe ser conocido por la ciudadanía. Los resultados evidencian que aún existen brechas importantes de transparencia en los gobiernos locales, y nuestro compromiso es trabajar para acortarlas con todas las herramientas que la ley otorga”.
El 21 de septiembre comenzó a regir plenamente la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables en desuso —denominados “chatarra aérea”— de los postes eléctricos en todo el país. La medida marca el inicio de la fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios. La normativa fue promulgada en 2019 durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero recién en marzo de 2025 Contraloría tomó razón del decreto 176 que permitió su aplicación. El retraso en la entrada en vigencia había sido objeto de críticas, ya que su implementación temprana podría haber reducido los riesgos durante emergencias como el sistema frontal de agosto pasado. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que el reglamento “ordena procedimientos que las compañías deben implementar, estableciendo métodos claros de ordenamiento y retiro de cables”. Las empresas ahora deberán elaborar planes anuales de retiro y ordenamiento en coordinación con las autoridades comunales y regionales, los cuales se pondrán en marcha a fines de este año y durante 2026. Estos planes, que tendrán una duración máxima de 12 meses por cada comuna, buscan despejar gradualmente los sectores más afectados por acumulación de cables. La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), ya trabajan en la identificación de zonas prioritarias. Entre las comunas más afectadas destacan Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Santiago, Maipú, Providencia, La Florida y Lo Barnechea, además de zonas rurales como Curacaví, Melipilla, Colina, Paine y Pirque. Con esta fiscalización, se busca no solo mejorar la estética urbana, sino también reducir riesgos eléctricos y de seguridad pública, avanzando en un ordenamiento de la infraestructura digital que impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes del país.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de una fiscalización extraordinaria que evaluó el uso, reporte y destino de los recursos entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios del Royalty Minero durante 2024 y una muestra correspondiente a 2025. El análisis se centró en el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos, específicamente en el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial, conocidos como “Fondos Puente”. La investigación advirtió que, en el período 2024, varias municipalidades de la Región de Antofagasta no cumplieron plenamente con la obligación de publicar sus reportes en los portales de transparencia activa. Entre ellas, figuran Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Ollagüe, que presentaron incumplimientos al no publicar información, hacerlo de manera incompleta o en ítems erróneos. El informe resaltó además que Ollagüe, una de las 20 municipalidades con mayor aumento proporcional en su presupuesto por el Royalty, respondió fuera de plazo una solicitud de información. En ella reconoció la transferencia de $24 millones al área de educación municipal, aunque en 2025 no publicó voluntariamente antecedentes sobre el uso de estos recursos. En cuanto a los montos, Calama se ubicó como la segunda municipalidad con mayores aportes en 2024, con $2.164 millones, mientras que Antofagasta alcanzó el décimo lugar con $993 millones. Sin embargo, se detectó que Sierra Gorda y San Pedro de Atacama no reportaron a la SUBDERE el uso del Fondo de Equidad Territorial, y que Antofagasta, Taltal y San Pedro tampoco cumplieron con reportar oportunamente los recursos provenientes del Fondo de Comunas Mineras. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó que “la Región de Antofagasta recibe sumas muy considerables del Royalty, y es indispensable que los gobiernos locales cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia, para que los ciudadanos puedan ejercer control social y exigir que estos fondos se traduzcan en mejoras concretas para su calidad de vida”. A nivel nacional, el CPLT advirtió que un 61% de las municipalidades beneficiadas por los Fondos Puente no cumplió de manera íntegra con la publicación de reportes sobre el uso de estos recursos en sus plataformas de transparencia activa.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización realizada a los municipios que reciben ingresos por concepto de royalty minero, revelando que un 61% de ellos incumplió con la obligación de consignar en sus sitios de transparencia activa el uso de dichos recursos. El organismo revisó la gestión de los Fondos Puente —Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial— correspondientes a 2024 y parte de 2025, evaluando el nivel de rendición de cuentas y cumplimiento normativo. El análisis se enmarca en la Ley N°21.591, que obliga a las municipalidades a informar a la Subdere sobre el uso de estos fondos. Cabe señalar que, mientras la Ley de Presupuestos 2024 establecía la obligación de publicación en portales de transparencia, la Ley 2025 eliminó esta exigencia, dificultando el control ciudadano. Los hallazgos fueron contundentes: de las 307 comunas beneficiarias, 187 no cumplieron plenamente con la normativa. Las faltas detectadas incluyen no habilitar el subítem específico de royalty, subir reportes incompletos o publicar la información en secciones erróneas. Además, de las 38 comunas que no recibieron fondos y debían informar esa condición, un 24% tampoco lo hizo. En términos de ejecución, el CPLT constató que el 97% de los municipios reportó gastos con cargo a estos recursos : un 37% se destinó a iniciativas de inversión, 23% a bienes y servicios, 18% a transferencias corrientes, 12% a activos no financieros y 8% a personal. Entre los principales receptores se encuentran Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Destacan gastos como la transferencia de $1.670 millones de Maipú a la CODEDUC, $1.332 millones de La Pintana para recarpeteo de calles y $732 millones de La Granja en aseo domiciliario. Para 2025, pese a la eliminación de la obligación de publicación, el CPLT revisó los portales de los 20 municipios que más recursos reciben, constatando que solo un 20% entrega información voluntaria sobre la ejecución de los fondos. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó la importancia de la rendición de cuentas: “Se trata de cuantiosas sumas de dinero público cuyo destino debe ser conocido por la ciudadanía. Los resultados evidencian que aún existen brechas importantes de transparencia en los gobiernos locales, y nuestro compromiso es trabajar para acortarlas con todas las herramientas que la ley otorga”.
