Esta semana comenzó oficialmente la implementación de la denominada Ley “Chao Cables”, normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado en desuso instalado en postes y calles del país. La medida busca eliminar la denominada “basura aérea”, uno de los problemas urbanos más visibles en diversas ciudades de Chile. La ley fue promulgada en 2019 durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero su puesta en marcha se concretó recién este año tras la publicación del reglamento correspondiente en el Diario Oficial y la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. La normativa establece que las compañías de telecomunicaciones serán responsables de retirar o regularizar el cableado que ya no esté en funcionamiento, tarea que deberá realizarse en coordinación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios, quienes tendrán un rol clave en la identificación de zonas críticas. El debate sobre la necesidad de aplicar esta ley se reactivó en agosto de 2024, luego de un intenso sistema frontal que afectó a varias regiones del país durante el invierno. En ese contexto, la caída de cables y postes en mal estado agravó las emergencias en distintas comunas, lo que aceleró la implementación del marco regulatorio. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que ya se solicitó a los gobiernos regionales coordinar el trabajo con los municipios para identificar los sectores con mayor presencia de cables en desuso. Según detalló la autoridad, las municipalidades han comenzado a identificar puntos críticos para el retiro del cableado, mientras que las empresas informan cuáles de sus instalaciones están fuera de servicio. Con esta información se busca generar una planificación conjunta que permita ejecutar los trabajos de retiro. Se espera que la primera planificación quede definida entre noviembre y diciembre, con el objetivo de iniciar el retiro de cables desde enero en los sectores más críticos de las comunas. Con esta normativa, el Gobierno busca mejorar la seguridad urbana, reducir riesgos en emergencias y recuperar el espacio público, avanzando hacia ciudades más ordenadas y seguras.
El 21 de septiembre comenzó a regir plenamente la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables en desuso —denominados “chatarra aérea”— de los postes eléctricos en todo el país. La medida marca el inicio de la fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios. La normativa fue promulgada en 2019 durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero recién en marzo de 2025 Contraloría tomó razón del decreto 176 que permitió su aplicación. El retraso en la entrada en vigencia había sido objeto de críticas, ya que su implementación temprana podría haber reducido los riesgos durante emergencias como el sistema frontal de agosto pasado. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que el reglamento “ordena procedimientos que las compañías deben implementar, estableciendo métodos claros de ordenamiento y retiro de cables”. Las empresas ahora deberán elaborar planes anuales de retiro y ordenamiento en coordinación con las autoridades comunales y regionales, los cuales se pondrán en marcha a fines de este año y durante 2026. Estos planes, que tendrán una duración máxima de 12 meses por cada comuna, buscan despejar gradualmente los sectores más afectados por acumulación de cables. La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), ya trabajan en la identificación de zonas prioritarias. Entre las comunas más afectadas destacan Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Santiago, Maipú, Providencia, La Florida y Lo Barnechea, además de zonas rurales como Curacaví, Melipilla, Colina, Paine y Pirque. Con esta fiscalización, se busca no solo mejorar la estética urbana, sino también reducir riesgos eléctricos y de seguridad pública, avanzando en un ordenamiento de la infraestructura digital que impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes del país.
Esta semana comenzó oficialmente la implementación de la denominada Ley “Chao Cables”, normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado en desuso instalado en postes y calles del país. La medida busca eliminar la denominada “basura aérea”, uno de los problemas urbanos más visibles en diversas ciudades de Chile. La ley fue promulgada en 2019 durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero su puesta en marcha se concretó recién este año tras la publicación del reglamento correspondiente en el Diario Oficial y la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. La normativa establece que las compañías de telecomunicaciones serán responsables de retirar o regularizar el cableado que ya no esté en funcionamiento, tarea que deberá realizarse en coordinación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios, quienes tendrán un rol clave en la identificación de zonas críticas. El debate sobre la necesidad de aplicar esta ley se reactivó en agosto de 2024, luego de un intenso sistema frontal que afectó a varias regiones del país durante el invierno. En ese contexto, la caída de cables y postes en mal estado agravó las emergencias en distintas comunas, lo que aceleró la implementación del marco regulatorio. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que ya se solicitó a los gobiernos regionales coordinar el trabajo con los municipios para identificar los sectores con mayor presencia de cables en desuso. Según detalló la autoridad, las municipalidades han comenzado a identificar puntos críticos para el retiro del cableado, mientras que las empresas informan cuáles de sus instalaciones están fuera de servicio. Con esta información se busca generar una planificación conjunta que permita ejecutar los trabajos de retiro. Se espera que la primera planificación quede definida entre noviembre y diciembre, con el objetivo de iniciar el retiro de cables desde enero en los sectores más críticos de las comunas. Con esta normativa, el Gobierno busca mejorar la seguridad urbana, reducir riesgos en emergencias y recuperar el espacio público, avanzando hacia ciudades más ordenadas y seguras.
El 21 de septiembre comenzó a regir plenamente la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables en desuso —denominados “chatarra aérea”— de los postes eléctricos en todo el país. La medida marca el inicio de la fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios. La normativa fue promulgada en 2019 durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero recién en marzo de 2025 Contraloría tomó razón del decreto 176 que permitió su aplicación. El retraso en la entrada en vigencia había sido objeto de críticas, ya que su implementación temprana podría haber reducido los riesgos durante emergencias como el sistema frontal de agosto pasado. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que el reglamento “ordena procedimientos que las compañías deben implementar, estableciendo métodos claros de ordenamiento y retiro de cables”. Las empresas ahora deberán elaborar planes anuales de retiro y ordenamiento en coordinación con las autoridades comunales y regionales, los cuales se pondrán en marcha a fines de este año y durante 2026. Estos planes, que tendrán una duración máxima de 12 meses por cada comuna, buscan despejar gradualmente los sectores más afectados por acumulación de cables. La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), ya trabajan en la identificación de zonas prioritarias. Entre las comunas más afectadas destacan Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Santiago, Maipú, Providencia, La Florida y Lo Barnechea, además de zonas rurales como Curacaví, Melipilla, Colina, Paine y Pirque. Con esta fiscalización, se busca no solo mejorar la estética urbana, sino también reducir riesgos eléctricos y de seguridad pública, avanzando en un ordenamiento de la infraestructura digital que impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes del país.
