Polémica por convenios de pareja de la diputada Catalina Pérez con Seremi de Vivienda de Antofagasta
En las últimas horas se reveló que a través de la fundación Democracia Viva se suscribieron convenios por $426 millones para ejecutar intervenciones y acciones sociales en campamentos de la región.
Una delicada situación fue dada a conocer a la opinión pública por el medio digital Timeline, luego que la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) cuestionara la gestión del seremi de Vivienda, Carlos Contreras (RD), primero por no considerarlos en las decisiones del denominado Equipo de Asentamientos Precarios y la contratación de nuevos profesionales sin especificar sus funciones.
Sin embargo, lo más preocupante para los funcionarios, son los convenios por un total de 426 millones de pesos, suscritos entre la Seremi de Vivienda y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, quien es pareja de la diputada Catalina Pérez, y al igual que la parlamentaria y el seremi Carlos Contreras, son miembros del Partido Revolución Democrática.
De acuerdo a la investigación realizada por el medio digital, los convenios fueron firmados en octubre de 2022, cuando Daniel Andrade había asumido como asesor de la Subsecretaría de Defensa, lo cual también ha sido cuestionado, ya que es ingeniero mecánico y no tendría experiencia en el área.
Convenios
El primer contrato entre la Fundación Democracia Viva se suscribió el 3 de octubre de 2022, por un monto de 200 millones de pesos, para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios, proyecto que estuvo orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad, a partir de la construcción de obras básicas y acciones comunitarias.
En tanto, el 27 de octubre se firma un nuevo convenio, aunque ahora por un monto que alcanza los $170 millones para la ejecución de un proyecto socio territorial para las familias de asentamientos precarios. Finalmente, el último contrato se suscribe el 19 de diciembre del 2022 por 56 millones de pesos para la elaboración de diagnósticos socio territoriales y planes de intervención y acciones sociales - comunitarias en campamentos en la Región de Antofagasta.
Sin embargo, son las relaciones y vínculos en los contratos, lo que cuestionan los funcionarios del Serviu, no obstante, según consigna Timeline, la diputada Pérez aseguró sobre esta polémica que “yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o conocimiento específico”.
Además, dijo que va a oficiar a la Contraloría para aclarar cualquier duda al respecto, manifestando que "se realizó con la más absoluta legalidad y apego a los estándares de transparencia y probidad de éste y cualquier convenio suscrito en la región, porque no voy a tolerar que algunos inescrupulosos con claros incentivos políticos busquen sembrar un manto de duda sobre mi gestión parlamentaria”.
Sin embargo, la revelación de este hecho generó de inmediato repercusiones en el ámbito pólítico, en ese sentido, el ex candidato presidencial del Partido Republicando José Antonio Kast afirmó que "la denuncia de corrupción debe ser investigada cuanto antes. Más de 400 millones a fundación recién creada de la pareja de la Diputada Catalina Pérez".
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Además se materializó la notificación de expulsión de un ciudadano colombiano; mientras que la detenida mantenía una orden de detención vigente por el delito de contrabando.
Una fiscalización constató que masas y hallullas en preparación que eran tapadas con naylon y lonas sucias; además de la presencia de mosquitos, polillas y telarañas.
La mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses, quien llegó al CAN con lesiones y sin signos vitales.
Mientras se revisaba un proceso de licitación por cerca de $680 millones, el concejo fue interrumpido por la ausencia de algunos ediles quienes fueron vistos en una de las actividades del Presidente José Antonio Kast.
La detenida, mujer de nacionalidad chilena, pasará a control de detención durante esta jornada por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses.
La máxima autoridad del país se reunió con el presidente de Escondida | BHP, Alejandro Tapia, en el marco del ingreso del permiso ambiental del proyecto, que considera una inversión superior a US$5.000 millones.
El encuentro se realizó en el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), institución impulsada por Escondida que forma cada año a más de 33 mil personas en oficios críticos para la minería.
Asimismo, el mandatario aseguró que "la evaluación ambiental es parte
de la institucionalidad de Chile y el Gobierno la respeta y la hace respetar".
La menor habría ingresado sin signos vitales al Centro Asistencial Norte, donde pese a los intentos de reanimación, falleció en el recinto de salud.
Las clases fueron suspendidas este martes, pero apoderados aseguran que hasta este lunes, la instrucción de la CMDS era limpiar con cloro para continuar con las actividades.
El Gobernador Regional llamó al mandatorio a "escuchar sus propias palabras" tras su encuentro con la delegada presidencial Katherine López y el alcalde Sacha Razmilic.
