Con el objetivo de reforzar el acceso equitativo a recursos públicos para el desarrollo urbano local, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través de la Seremi y Serviu Antofagasta, realizó una jornada de difusión y capacitación dirigida a los municipios de la región en el marco del 35° llamado del Programa de Pavimentación Participativa. La actividad se llevó a cabo en el auditorio del Serviu Antofagasta y reunió a profesionales de las Secretarías de Planificación Comunal (Secplan), quienes recibieron orientación técnica sobre los requisitos, criterios de selección, plazos y procedimientos del fondo concursable. Este programa permite financiar obras de pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y aceras en sectores urbanos de carácter local. La seremi de la cartera, Paula Monsalves, destacó es fundamental que las comunidades se organicen y trabajen de la mano con sus municipios para no dejar pasar esta oportunidad única de contribuir a la mejora de sus barrios. Este programa ha logrado integrar a vecinos y vecinas, transformando calles y pasajes en distintas comunas, construyendo así una región más equitativa, inclusiva y justa para todas y todos, resaltó. Durante la jornada, se revisaron los principales aspectos del reglamento vigente, los aportes municipales requeridos y se realizó un ejercicio práctico de ingreso de proyectos en la plataforma informática del programa. Esta instancia permitió a los equipos municipales identificar desafíos y resolver dudas previas al proceso de postulación formal. Cabe destacar, que el Programa de Pavimentación Participativa se encuentra abierto todo el año para organizaciones comunitarias y comités interesados, pero las postulaciones deben canalizarse obligatoriamente a través de los municipios y en las fechas definidas en cada llamado. Por su parte el director de Serviu, Víctor Gálvez señaló que como Minvu garantizamos una asignación mínima de recursos para todas las comunas de la región que postulen correctamente. Sin embargo, si no presentan proyectos, esos fondos se redistribuyen a quienes sí lo hacen. Por eso es fundamental que los municipios participen activamente. Con todo, en su 34° versión, el programa benefició a las comunas de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama y Taltal, con un total de 42 proyectos seleccionados y una inversión regional de más de $2.933 millones.
Desde el pasado lunes, las líneas de taxibuses 102 y 111 modificaron su recorrido, dejando de transitar por calle Galleguillos Lorca. Esta decisión ha generado un fuerte impacto entre los residentes del sector, particularmente entre los adultos mayores, quienes denuncian haber quedado sin acceso a transporte público. Ante esto, usuarios de las líneas afectadas expresaron su descontento, señalando que el cambio se habría realizado parabeneficiar a la ciclovía. Sin embargo, la Seremi de Transporte desmintió esta versión, aclarando que la modificación del trazado fue solicitada por las propias empresas de taxibuses. Según la Seremi, la razón detrás del desvío temporal es el mal estado de los tachones de la ciclovía, los cuales, tras ser dañados por vehículos particulares, quedaron con pernos expuestos. Esta situación representaba un riesgo inminente de pinchazos y daños a los neumáticos de las micros, lo que llevó a la autorización del cambio por motivos de seguridad. Finalmente, las autoridades de transporte informaron que el desvío es de carácter temporal. Una vez que el Serviu, entidad responsable del mantenimiento de la ciclovía, realice las reparaciones necesarias en los tachones, l os recorridos de las líneas 102 y 111 volverán a su trayecto habitual por Galleguillos Lorca.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) informó que la fecha de finalización del proyecto Costanera Sur se extenderá hasta finales de junio de este año, debido a importantes retrasos en la instalación de elementos complementarios como paraderos, rejas peatonales y alumbrado público. A pesar de que las obras principales han alcanzado un 80% de avance, estos elementos adicionales solo han avanzado en un 5%, lo que ha retrasado la entrega final del proyecto. Ante esto, durante la última sesión del Consejo Regional, el jefe (s) del departamento técnico del Serviu Antofagasta, Robinson Espejo, presentó un informe detallado sobre el estado de las obras, que comenzaron en 2021. En su exposición, explicó que, aunque la infraestructura principal está casi terminada, las obras de paisajismo, modificación de redes y alumbrado público apenas han alcanzado el 10% de avance, lo que ha impedido cumplir con los plazos originales. Asimismo, uno de los factores que ha influido en estos retrasos es la serie de paralizaciones ordenadas por la Municipalidad de Antofagasta, bajo la administración de la exalcaldesa Karen Rojo. La Corte de Apelaciones determinó que estas interrupciones fueron improcedentes, lo que obligó al municipio a indemnizar a los responsables del proyecto con una suma de $458 millones. Finalmente, con la nueva extensión de plazo, Serviu espera concluir las obras de remodelación para finales de junio, permitiendo la reactivación de un importante sector de la ciudad.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó, por fallo unánime, la sentencia que condena al municipio de Antofagasta a indemnizar con $458.305.984 al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) por los costos derivados de la paralización de las obras de mejoramiento vial en la Avenida Ejército, un proyecto que se vio afectado por una intervención administrativa del municipio en marzo de 2020. Ante esto, en la resolución (causa rol 704-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza, ratificó la decisión del Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta. En este fallo, el tribunal había determinado que la paralización de las obras se debió a la exigencia improcedente de un permiso de urbanización por parte de funcionarios municipales, lo que generó un daño significativo al proyecto y al presupuesto asignado. Asimismo, el tribunal destacó que se probó que el retraso en la ejecución del proyecto fue consecuencia de un actuar negligente por parte de los funcionarios municipales. Estos, al exigir requisitos no válidos al SERVIU y a la empresa constructora, actuaron de forma contraria a las normas legales vigentes, constituyendo una falta de servicio. “Se acreditó que el atraso en la programación original del proyecto se debió a que funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta paralizaron las obras, exigiendo requisitos a SERVIU y la empresa constructora, contraviniendo las normas legales vigentes y sus propios actos”, consigna el fallo. Finalmente, la Corte de Apelaciones rechazó la prueba presentada por la parte demandada, representada por el director (s) del SERVIU Región de Antofagasta, Víctor Gálvez Astudillo, y ratificó la sentencia de primera instancia, con costas del recurso, el 23 de mayo de 2024.
Con el objetivo de reforzar el acceso equitativo a recursos públicos para el desarrollo urbano local, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través de la Seremi y Serviu Antofagasta, realizó una jornada de difusión y capacitación dirigida a los municipios de la región en el marco del 35° llamado del Programa de Pavimentación Participativa. La actividad se llevó a cabo en el auditorio del Serviu Antofagasta y reunió a profesionales de las Secretarías de Planificación Comunal (Secplan), quienes recibieron orientación técnica sobre los requisitos, criterios de selección, plazos y procedimientos del fondo concursable. Este programa permite financiar obras de pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y aceras en sectores urbanos de carácter local. La seremi de la cartera, Paula Monsalves, destacó es fundamental que las comunidades se organicen y trabajen de la mano con sus municipios para no dejar pasar esta oportunidad única de contribuir a la mejora de sus barrios. Este programa ha logrado integrar a vecinos y vecinas, transformando calles y pasajes en distintas comunas, construyendo así una región más equitativa, inclusiva y justa para todas y todos, resaltó. Durante la jornada, se revisaron los principales aspectos del reglamento vigente, los aportes municipales requeridos y se realizó un ejercicio práctico de ingreso de proyectos en la plataforma informática del programa. Esta instancia permitió a los equipos municipales identificar desafíos y resolver dudas previas al proceso de postulación formal. Cabe destacar, que el Programa de Pavimentación Participativa se encuentra abierto todo el año para organizaciones comunitarias y comités interesados, pero las postulaciones deben canalizarse obligatoriamente a través de los municipios y en las fechas definidas en cada llamado. Por su parte el director de Serviu, Víctor Gálvez señaló que como Minvu garantizamos una asignación mínima de recursos para todas las comunas de la región que postulen correctamente. Sin embargo, si no presentan proyectos, esos fondos se redistribuyen a quienes sí lo hacen. Por eso es fundamental que los municipios participen activamente. Con todo, en su 34° versión, el programa benefició a las comunas de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama y Taltal, con un total de 42 proyectos seleccionados y una inversión regional de más de $2.933 millones.
Desde el pasado lunes, las líneas de taxibuses 102 y 111 modificaron su recorrido, dejando de transitar por calle Galleguillos Lorca. Esta decisión ha generado un fuerte impacto entre los residentes del sector, particularmente entre los adultos mayores, quienes denuncian haber quedado sin acceso a transporte público. Ante esto, usuarios de las líneas afectadas expresaron su descontento, señalando que el cambio se habría realizado parabeneficiar a la ciclovía. Sin embargo, la Seremi de Transporte desmintió esta versión, aclarando que la modificación del trazado fue solicitada por las propias empresas de taxibuses. Según la Seremi, la razón detrás del desvío temporal es el mal estado de los tachones de la ciclovía, los cuales, tras ser dañados por vehículos particulares, quedaron con pernos expuestos. Esta situación representaba un riesgo inminente de pinchazos y daños a los neumáticos de las micros, lo que llevó a la autorización del cambio por motivos de seguridad. Finalmente, las autoridades de transporte informaron que el desvío es de carácter temporal. Una vez que el Serviu, entidad responsable del mantenimiento de la ciclovía, realice las reparaciones necesarias en los tachones, l os recorridos de las líneas 102 y 111 volverán a su trayecto habitual por Galleguillos Lorca.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) informó que la fecha de finalización del proyecto Costanera Sur se extenderá hasta finales de junio de este año, debido a importantes retrasos en la instalación de elementos complementarios como paraderos, rejas peatonales y alumbrado público. A pesar de que las obras principales han alcanzado un 80% de avance, estos elementos adicionales solo han avanzado en un 5%, lo que ha retrasado la entrega final del proyecto. Ante esto, durante la última sesión del Consejo Regional, el jefe (s) del departamento técnico del Serviu Antofagasta, Robinson Espejo, presentó un informe detallado sobre el estado de las obras, que comenzaron en 2021. En su exposición, explicó que, aunque la infraestructura principal está casi terminada, las obras de paisajismo, modificación de redes y alumbrado público apenas han alcanzado el 10% de avance, lo que ha impedido cumplir con los plazos originales. Asimismo, uno de los factores que ha influido en estos retrasos es la serie de paralizaciones ordenadas por la Municipalidad de Antofagasta, bajo la administración de la exalcaldesa Karen Rojo. La Corte de Apelaciones determinó que estas interrupciones fueron improcedentes, lo que obligó al municipio a indemnizar a los responsables del proyecto con una suma de $458 millones. Finalmente, con la nueva extensión de plazo, Serviu espera concluir las obras de remodelación para finales de junio, permitiendo la reactivación de un importante sector de la ciudad.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó, por fallo unánime, la sentencia que condena al municipio de Antofagasta a indemnizar con $458.305.984 al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) por los costos derivados de la paralización de las obras de mejoramiento vial en la Avenida Ejército, un proyecto que se vio afectado por una intervención administrativa del municipio en marzo de 2020. Ante esto, en la resolución (causa rol 704-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza, ratificó la decisión del Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta. En este fallo, el tribunal había determinado que la paralización de las obras se debió a la exigencia improcedente de un permiso de urbanización por parte de funcionarios municipales, lo que generó un daño significativo al proyecto y al presupuesto asignado. Asimismo, el tribunal destacó que se probó que el retraso en la ejecución del proyecto fue consecuencia de un actuar negligente por parte de los funcionarios municipales. Estos, al exigir requisitos no válidos al SERVIU y a la empresa constructora, actuaron de forma contraria a las normas legales vigentes, constituyendo una falta de servicio. “Se acreditó que el atraso en la programación original del proyecto se debió a que funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta paralizaron las obras, exigiendo requisitos a SERVIU y la empresa constructora, contraviniendo las normas legales vigentes y sus propios actos”, consigna el fallo. Finalmente, la Corte de Apelaciones rechazó la prueba presentada por la parte demandada, representada por el director (s) del SERVIU Región de Antofagasta, Víctor Gálvez Astudillo, y ratificó la sentencia de primera instancia, con costas del recurso, el 23 de mayo de 2024.
