Este jueves en su visita a Antofagasta, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, ratificó que se llevará a cabo la ejecución de las 8.733 soluciones habitacionales inicialmente comprometidas en el convenio de programación 2023-2029, suscrito con el Gobierno Regional de Antofagasta. Esto, luego de que el Serviu confirmara al Gobierno Regional que se reduciría la construcción de soluciones habitacionales comprometidas, lo que finalmente terminó con la solicitud de renuncia del ahora ex Seremi de Vivienda de la región, Jorge Olivares. El secretario de Estado realiza una visita al territorio donde se reunió con el Gobernador Regional, Ricardo Díaz Cortés y tras ello, explicó que al interior del Serviu regional se tomó una decisión “ inconsulta, equivocada y, además, irregular”, por la cual se establecieron responsabilidades políticas. Por ello, Poduje confirmó que la medida fue reversada, manteniendo el compromiso inicial de viviendas asumidas y además, se iniciarán sumarios administrativos. Quiero lamentar y pedir excusas a nombre del Ministerio de Vivienda por este error que ya tuvo responsabilidades y que va a seguir teniendo porque vamos a iniciar sumario. ¿Qué fue lo que ocurrió? El convenio firmado entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda establecía que el GORE iba a financiar un 20% del monto de las viviendas. Y por una razón, que va a determinar el sumario, en algunos casos como Alto La Chimba ese 20% se multiplicó por tres, lo que implicó que se sacó más plata del GORE y menos plata del MINVU”, explicó. Y luego agregó que: Vamos a reversar esas medidas, esos contratos, vamos a hablar con las empresas y decirles que eso no puede ocurrir, y vamos a mantener el 20%. Y si mantenemos el 20%, se hacen las 8.700 viviendas, de las cuales ya hay unas que están en construcción y otras que van a partir en Mejillones. Tras ello, el titular de la cartera confirmó que pese a la decisión del servicio local, que además calificó como irregular, el ministerio va a mantener el acuerdo comprometido, por lo que financiará el 80% para ejecutar las viviendas. Por su parte, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, valoró la reunión con el secretario de Estado, indicando que “el objetivo del Gobierno Regional y del Consejo Regional es defender a las familias de la región, y yo agradezco acá la postura del ministro Poduje, quien ha venido a refrendar esa postura. Se mantiene el convenio en los términos que se había dicho, y además hemos conseguido también la posibilidad de agregar una ayuda más directa a las familias de Tocopilla en términos de reconstrucción”.
Este lunes, el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informara que no ejecutará la construcción de 5.000 viviendas comprometida s en un convenio entre ambas entidades. Se trata de un acuerdo suscrito en el Convenio de Transferencia Habitacional “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre ambas entidades. Según explicaron desde el Gobierno Regional, el acuerdo contemplaba una inversión de $88.995.894.130 FNDR y $355.300.505.057 sectoriales, los que estarían destinados para financiar 8.733 soluciones habitacionales en 42 iniciativas. No obstante, pese al convenio, el servicio anunció que su capacidad de ejecución se redujo a 3.268 viviendas. La situación fue informada en una reunión donde participaron ambos organismos, instancia donde además el Gore fue informado sobre una licitación que contemplaba 1.208 soluciones habitacionales, de las que de acuerdo al Gobernador, no habría sido informado pese al convenio. Esto significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban escritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional, explicó Ricardo Díaz. Tras ello, el Gobernador agregó que: Es por eso que vamos a ir a Contraloría y llevar estas licitaciones y estas adjudicaciones que ha hecho Serviu sin avisar al Gobierno Regional.
Un fallo del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta marcó un nuevo capítulo en la historia del conjunto habitacional El Salar. La justicia condenó solidariamente al Serviu de Antofagasta y a Silvio Cuevas Suárez por los perjuicios sufridos por 77 antiguos pobladores que debieron abandonar sus viviendas debido al grave deterioro estructural. La sentencia surge tras una demanda presentada en julio de 2023 por 77 de los 122 beneficiarios del proyecto habitacional, representados por el abogado Rolando Lorca Silva. El tribunal reconoció la existencia de daño emergente y daño moral, dejando para la etapa de cumplimiento del fallo la determinación de las indemnizaciones correspondientes. Entre los antecedentes considerados, el tribunal estableció que el hormigón utilizado en fundaciones, muros y vigas alcanzó una resistencia a la compresión 60% inferior a la especificada en el proyecto. A ello se sumaron deficiencias en las obras sanitarias, ejecutadas sin las recepciones correspondientes y con numerosas conexiones defectuosas. Estas irregularidades, respaldadas por informes técnicos y una investigación de la Contraloría Regional de Antofagasta, fueron vinculadas directamente con las fisuras, grietas, asentamientos y condiciones de inhabitabilidad registradas en las viviendas. El fallo también estableció una falta de servicio del Serviu, atribuida a una deficiente fiscalización de las obras, la ausencia de un informe de revisor independiente para las instalaciones sanitarias y la falta de control sobre exigencias técnicas establecidas para el proyecto. Según el tribunal, una fiscalización oportuna y diligente habría permitido detectar y corregir las deficiencias durante la construcción, evitando o reduciendo los daños posteriores. La resolución concluyó que tanto la actuación del constructor como la falta de servicio del organismo público concurrieron conjuntamente en la generación de un mismo daño, razón por la cual deberán responder solidariamente ante los 77 demandantes. El pronunciamiento judicial se conoce mientras avanza otro proceso clave para El Salar. El Serviu ya adjudicó, por más de $630 millones, la empresa encargada de ejecutar la demolición del deteriorado conjunto habitacional, paso previo al proceso de reconstrucción que esperan las familias afectadas.
Este jueves en su visita a Antofagasta, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, ratificó que se llevará a cabo la ejecución de las 8.733 soluciones habitacionales inicialmente comprometidas en el convenio de programación 2023-2029, suscrito con el Gobierno Regional de Antofagasta. Esto, luego de que el Serviu confirmara al Gobierno Regional que se reduciría la construcción de soluciones habitacionales comprometidas, lo que finalmente terminó con la solicitud de renuncia del ahora ex Seremi de Vivienda de la región, Jorge Olivares. El secretario de Estado realiza una visita al territorio donde se reunió con el Gobernador Regional, Ricardo Díaz Cortés y tras ello, explicó que al interior del Serviu regional se tomó una decisión “ inconsulta, equivocada y, además, irregular”, por la cual se establecieron responsabilidades políticas. Por ello, Poduje confirmó que la medida fue reversada, manteniendo el compromiso inicial de viviendas asumidas y además, se iniciarán sumarios administrativos. Quiero lamentar y pedir excusas a nombre del Ministerio de Vivienda por este error que ya tuvo responsabilidades y que va a seguir teniendo porque vamos a iniciar sumario. ¿Qué fue lo que ocurrió? El convenio firmado entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda establecía que el GORE iba a financiar un 20% del monto de las viviendas. Y por una razón, que va a determinar el sumario, en algunos casos como Alto La Chimba ese 20% se multiplicó por tres, lo que implicó que se sacó más plata del GORE y menos plata del MINVU”, explicó. Y luego agregó que: Vamos a reversar esas medidas, esos contratos, vamos a hablar con las empresas y decirles que eso no puede ocurrir, y vamos a mantener el 20%. Y si mantenemos el 20%, se hacen las 8.700 viviendas, de las cuales ya hay unas que están en construcción y otras que van a partir en Mejillones. Tras ello, el titular de la cartera confirmó que pese a la decisión del servicio local, que además calificó como irregular, el ministerio va a mantener el acuerdo comprometido, por lo que financiará el 80% para ejecutar las viviendas. Por su parte, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, valoró la reunión con el secretario de Estado, indicando que “el objetivo del Gobierno Regional y del Consejo Regional es defender a las familias de la región, y yo agradezco acá la postura del ministro Poduje, quien ha venido a refrendar esa postura. Se mantiene el convenio en los términos que se había dicho, y además hemos conseguido también la posibilidad de agregar una ayuda más directa a las familias de Tocopilla en términos de reconstrucción”.
Este lunes, el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) informara que no ejecutará la construcción de 5.000 viviendas comprometida s en un convenio entre ambas entidades. Se trata de un acuerdo suscrito en el Convenio de Transferencia Habitacional “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre ambas entidades. Según explicaron desde el Gobierno Regional, el acuerdo contemplaba una inversión de $88.995.894.130 FNDR y $355.300.505.057 sectoriales, los que estarían destinados para financiar 8.733 soluciones habitacionales en 42 iniciativas. No obstante, pese al convenio, el servicio anunció que su capacidad de ejecución se redujo a 3.268 viviendas. La situación fue informada en una reunión donde participaron ambos organismos, instancia donde además el Gore fue informado sobre una licitación que contemplaba 1.208 soluciones habitacionales, de las que de acuerdo al Gobernador, no habría sido informado pese al convenio. Esto significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban escritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional, explicó Ricardo Díaz. Tras ello, el Gobernador agregó que: Es por eso que vamos a ir a Contraloría y llevar estas licitaciones y estas adjudicaciones que ha hecho Serviu sin avisar al Gobierno Regional.
Un fallo del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta marcó un nuevo capítulo en la historia del conjunto habitacional El Salar. La justicia condenó solidariamente al Serviu de Antofagasta y a Silvio Cuevas Suárez por los perjuicios sufridos por 77 antiguos pobladores que debieron abandonar sus viviendas debido al grave deterioro estructural. La sentencia surge tras una demanda presentada en julio de 2023 por 77 de los 122 beneficiarios del proyecto habitacional, representados por el abogado Rolando Lorca Silva. El tribunal reconoció la existencia de daño emergente y daño moral, dejando para la etapa de cumplimiento del fallo la determinación de las indemnizaciones correspondientes. Entre los antecedentes considerados, el tribunal estableció que el hormigón utilizado en fundaciones, muros y vigas alcanzó una resistencia a la compresión 60% inferior a la especificada en el proyecto. A ello se sumaron deficiencias en las obras sanitarias, ejecutadas sin las recepciones correspondientes y con numerosas conexiones defectuosas. Estas irregularidades, respaldadas por informes técnicos y una investigación de la Contraloría Regional de Antofagasta, fueron vinculadas directamente con las fisuras, grietas, asentamientos y condiciones de inhabitabilidad registradas en las viviendas. El fallo también estableció una falta de servicio del Serviu, atribuida a una deficiente fiscalización de las obras, la ausencia de un informe de revisor independiente para las instalaciones sanitarias y la falta de control sobre exigencias técnicas establecidas para el proyecto. Según el tribunal, una fiscalización oportuna y diligente habría permitido detectar y corregir las deficiencias durante la construcción, evitando o reduciendo los daños posteriores. La resolución concluyó que tanto la actuación del constructor como la falta de servicio del organismo público concurrieron conjuntamente en la generación de un mismo daño, razón por la cual deberán responder solidariamente ante los 77 demandantes. El pronunciamiento judicial se conoce mientras avanza otro proceso clave para El Salar. El Serviu ya adjudicó, por más de $630 millones, la empresa encargada de ejecutar la demolición del deteriorado conjunto habitacional, paso previo al proceso de reconstrucción que esperan las familias afectadas.
