Desde el pasado lunes, las líneas de taxibuses 102 y 111 modificaron su recorrido, dejando de transitar por calle Galleguillos Lorca. Esta decisión ha generado un fuerte impacto entre los residentes del sector, particularmente entre los adultos mayores, quienes denuncian haber quedado sin acceso a transporte público. Ante esto, usuarios de las líneas afectadas expresaron su descontento, señalando que el cambio se habría realizado parabeneficiar a la ciclovía. Sin embargo, la Seremi de Transporte desmintió esta versión, aclarando que la modificación del trazado fue solicitada por las propias empresas de taxibuses. Según la Seremi, la razón detrás del desvío temporal es el mal estado de los tachones de la ciclovía, los cuales, tras ser dañados por vehículos particulares, quedaron con pernos expuestos. Esta situación representaba un riesgo inminente de pinchazos y daños a los neumáticos de las micros, lo que llevó a la autorización del cambio por motivos de seguridad. Finalmente, las autoridades de transporte informaron que el desvío es de carácter temporal. Una vez que el Serviu, entidad responsable del mantenimiento de la ciclovía, realice las reparaciones necesarias en los tachones, l os recorridos de las líneas 102 y 111 volverán a su trayecto habitual por Galleguillos Lorca.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) informó que la fecha de finalización del proyecto Costanera Sur se extenderá hasta finales de junio de este año, debido a importantes retrasos en la instalación de elementos complementarios como paraderos, rejas peatonales y alumbrado público. A pesar de que las obras principales han alcanzado un 80% de avance, estos elementos adicionales solo han avanzado en un 5%, lo que ha retrasado la entrega final del proyecto. Ante esto, durante la última sesión del Consejo Regional, el jefe (s) del departamento técnico del Serviu Antofagasta, Robinson Espejo, presentó un informe detallado sobre el estado de las obras, que comenzaron en 2021. En su exposición, explicó que, aunque la infraestructura principal está casi terminada, las obras de paisajismo, modificación de redes y alumbrado público apenas han alcanzado el 10% de avance, lo que ha impedido cumplir con los plazos originales. Asimismo, uno de los factores que ha influido en estos retrasos es la serie de paralizaciones ordenadas por la Municipalidad de Antofagasta, bajo la administración de la exalcaldesa Karen Rojo. La Corte de Apelaciones determinó que estas interrupciones fueron improcedentes, lo que obligó al municipio a indemnizar a los responsables del proyecto con una suma de $458 millones. Finalmente, con la nueva extensión de plazo, Serviu espera concluir las obras de remodelación para finales de junio, permitiendo la reactivación de un importante sector de la ciudad.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó, por fallo unánime, la sentencia que condena al municipio de Antofagasta a indemnizar con $458.305.984 al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) por los costos derivados de la paralización de las obras de mejoramiento vial en la Avenida Ejército, un proyecto que se vio afectado por una intervención administrativa del municipio en marzo de 2020. Ante esto, en la resolución (causa rol 704-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza, ratificó la decisión del Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta. En este fallo, el tribunal había determinado que la paralización de las obras se debió a la exigencia improcedente de un permiso de urbanización por parte de funcionarios municipales, lo que generó un daño significativo al proyecto y al presupuesto asignado. Asimismo, el tribunal destacó que se probó que el retraso en la ejecución del proyecto fue consecuencia de un actuar negligente por parte de los funcionarios municipales. Estos, al exigir requisitos no válidos al SERVIU y a la empresa constructora, actuaron de forma contraria a las normas legales vigentes, constituyendo una falta de servicio. “Se acreditó que el atraso en la programación original del proyecto se debió a que funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta paralizaron las obras, exigiendo requisitos a SERVIU y la empresa constructora, contraviniendo las normas legales vigentes y sus propios actos”, consigna el fallo. Finalmente, la Corte de Apelaciones rechazó la prueba presentada por la parte demandada, representada por el director (s) del SERVIU Región de Antofagasta, Víctor Gálvez Astudillo, y ratificó la sentencia de primera instancia, con costas del recurso, el 23 de mayo de 2024.
Tras una serie de cuestionamientos sobre la necesidad de las ciclovías en Antofagasta, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) reafirma su visión de crear un sistema de vías inclusivas para todos y todas. El proyecto, que busca conectar diversas ciclorutas en la ciudad, es una de las acciones clave que se está llevando a cabo en la construcción de infraestructura urbana en la región. Ante esto, el director de Serviu, Víctor Gálvez, destacó que las obras, que actualmente muestran un avance del 5%, permitirán conectar tramos ya existentes de ciclovías, haciendo más segura y accesible la bicicleta como medio de transporte. El proyecto de ciclovías en Eduardo Orchard es parte de una estrategia mayor que busca conectar los distintos tramos existentes en la ciudad. Hoy se critica su construcción alegando baja demanda, pero es un error esperar alta circulación en una red aún inconexa, explicó Gálvez. Por eso, estamos construyendo la infraestructura base que permitirá que más personas opten por la bicicleta de forma segura, como ocurre en ciudades líderes en movilidad sustentable. Asimismo, el proyecto de ciclovías que fue diseñado en 2021, contó con la participación activa de la comunidad a través de talleres y videoconferencias abiertas, en los cuales los ciudadanos pudieron aportar ideas y sugerencias. Durante el proceso, los propios conductores de microbuses pidieron que la ciclovía se ubicara en la pista izquierda para evitar interferir con la subida y bajada de pasajeros. Además, el proyecto recibió la aprobación técnica de todos los organismos pertinentes, incluyendo el Municipio y el Concejo Comunal, quienes se comprometieron con su futura mantención. Así también, las obras de construcción de las ciclorutas en Eduardo Orchard comenzaron en septiembre de 2024 y se espera que finalicen en julio de 2026. Con una extensión de 8,3 km, se sumarán a los 13 km del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la costanera y los 15 km del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), consolidando una red de 36 km de movilidad activa en la ciudad. Dado lo anterior, Gálvez comparó el crecimiento de las ciclovías con el de las vías para vehículos, mencionando que, mientras que existen más de 1.200 km de calles para autos, solo un 2% (28 km) están destinados a bicicletas. La experiencia demuestra que la demanda aumenta cuando se da infraestructura segura y continua, subrayó. Finalmente, desde Serviu señalaron que el objetivo de estas obras también es reutilizar espacios públicos, actualmente ocupados por estacionamientos ilegales, transformándolos en áreas dedicadas a la movilidad activa. Además, se instalarán contadores automáticos para monitorear el uso de las ciclovías, y se aseguró que la evaluación de la infraestructura debe centrarse en su impacto a largo plazo, más que en su uso inmediato. Es una inversión moderada que apunta a una ciudad moderna, equitativa y saludable, donde las personas tengan más y mejores opciones de moverse, concluyó Gálvez.
Desde el pasado lunes, las líneas de taxibuses 102 y 111 modificaron su recorrido, dejando de transitar por calle Galleguillos Lorca. Esta decisión ha generado un fuerte impacto entre los residentes del sector, particularmente entre los adultos mayores, quienes denuncian haber quedado sin acceso a transporte público. Ante esto, usuarios de las líneas afectadas expresaron su descontento, señalando que el cambio se habría realizado parabeneficiar a la ciclovía. Sin embargo, la Seremi de Transporte desmintió esta versión, aclarando que la modificación del trazado fue solicitada por las propias empresas de taxibuses. Según la Seremi, la razón detrás del desvío temporal es el mal estado de los tachones de la ciclovía, los cuales, tras ser dañados por vehículos particulares, quedaron con pernos expuestos. Esta situación representaba un riesgo inminente de pinchazos y daños a los neumáticos de las micros, lo que llevó a la autorización del cambio por motivos de seguridad. Finalmente, las autoridades de transporte informaron que el desvío es de carácter temporal. Una vez que el Serviu, entidad responsable del mantenimiento de la ciclovía, realice las reparaciones necesarias en los tachones, l os recorridos de las líneas 102 y 111 volverán a su trayecto habitual por Galleguillos Lorca.
Una nueva disputa legal se suma al caso ProCultura en Antofagasta, luego que siete exfuncionarios de la fundación presentaran una demanda ante el Juzgado del Trabajo de la ciudad, exigiendo una indemnización total de $46 millones. La acción judicial alega despidos injustificados, subcontratación encubierta y no pago de prestaciones laborales. Los trabajadores participaron en iniciativas desarrolladas en la región bajo convenios entre la Fundación ProCultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Por ello, además de demandar a la fundación como empleadora directa, también responsabilizan de forma solidaria a la Seremi de Vivienda y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio de Calama, los demandantes argumentan que los contratos de la fundación fueron promovidos por estas entidades públicas, lo que justificaría su responsabilidad en el vínculo laboral. En consecuencia, solicitan que ambas instituciones respondan por las obligaciones laborales no cumplidas. En representación del Minvu, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) refutó tajantemente los cargos. Señaló que los convenios firmados con la fundación fueron únicamente de transferencia de fondos, sin que eso implique un vínculo de subordinación o dependencia laboral. También negó que ProCultura haya actuado como contratista, subrayando que la calidad de receptora de recursos no convierte a la fundación en mandataria ni al Estado en empleador indirecto. El fallo que emita el tribunal será clave para definir si las instituciones del Estado pueden ser consideradas corresponsables en las relaciones laborales derivadas de convenios con fundaciones privadas.
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) informó que la fecha de finalización del proyecto Costanera Sur se extenderá hasta finales de junio de este año, debido a importantes retrasos en la instalación de elementos complementarios como paraderos, rejas peatonales y alumbrado público. A pesar de que las obras principales han alcanzado un 80% de avance, estos elementos adicionales solo han avanzado en un 5%, lo que ha retrasado la entrega final del proyecto. Ante esto, durante la última sesión del Consejo Regional, el jefe (s) del departamento técnico del Serviu Antofagasta, Robinson Espejo, presentó un informe detallado sobre el estado de las obras, que comenzaron en 2021. En su exposición, explicó que, aunque la infraestructura principal está casi terminada, las obras de paisajismo, modificación de redes y alumbrado público apenas han alcanzado el 10% de avance, lo que ha impedido cumplir con los plazos originales. Asimismo, uno de los factores que ha influido en estos retrasos es la serie de paralizaciones ordenadas por la Municipalidad de Antofagasta, bajo la administración de la exalcaldesa Karen Rojo. La Corte de Apelaciones determinó que estas interrupciones fueron improcedentes, lo que obligó al municipio a indemnizar a los responsables del proyecto con una suma de $458 millones. Finalmente, con la nueva extensión de plazo, Serviu espera concluir las obras de remodelación para finales de junio, permitiendo la reactivación de un importante sector de la ciudad.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó, por fallo unánime, la sentencia que condena al municipio de Antofagasta a indemnizar con $458.305.984 al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) por los costos derivados de la paralización de las obras de mejoramiento vial en la Avenida Ejército, un proyecto que se vio afectado por una intervención administrativa del municipio en marzo de 2020. Ante esto, en la resolución (causa rol 704-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza, ratificó la decisión del Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta. En este fallo, el tribunal había determinado que la paralización de las obras se debió a la exigencia improcedente de un permiso de urbanización por parte de funcionarios municipales, lo que generó un daño significativo al proyecto y al presupuesto asignado. Asimismo, el tribunal destacó que se probó que el retraso en la ejecución del proyecto fue consecuencia de un actuar negligente por parte de los funcionarios municipales. Estos, al exigir requisitos no válidos al SERVIU y a la empresa constructora, actuaron de forma contraria a las normas legales vigentes, constituyendo una falta de servicio. “Se acreditó que el atraso en la programación original del proyecto se debió a que funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta paralizaron las obras, exigiendo requisitos a SERVIU y la empresa constructora, contraviniendo las normas legales vigentes y sus propios actos”, consigna el fallo. Finalmente, la Corte de Apelaciones rechazó la prueba presentada por la parte demandada, representada por el director (s) del SERVIU Región de Antofagasta, Víctor Gálvez Astudillo, y ratificó la sentencia de primera instancia, con costas del recurso, el 23 de mayo de 2024.
Tras una serie de cuestionamientos sobre la necesidad de las ciclovías en Antofagasta, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) reafirma su visión de crear un sistema de vías inclusivas para todos y todas. El proyecto, que busca conectar diversas ciclorutas en la ciudad, es una de las acciones clave que se está llevando a cabo en la construcción de infraestructura urbana en la región. Ante esto, el director de Serviu, Víctor Gálvez, destacó que las obras, que actualmente muestran un avance del 5%, permitirán conectar tramos ya existentes de ciclovías, haciendo más segura y accesible la bicicleta como medio de transporte. El proyecto de ciclovías en Eduardo Orchard es parte de una estrategia mayor que busca conectar los distintos tramos existentes en la ciudad. Hoy se critica su construcción alegando baja demanda, pero es un error esperar alta circulación en una red aún inconexa, explicó Gálvez. Por eso, estamos construyendo la infraestructura base que permitirá que más personas opten por la bicicleta de forma segura, como ocurre en ciudades líderes en movilidad sustentable. Asimismo, el proyecto de ciclovías que fue diseñado en 2021, contó con la participación activa de la comunidad a través de talleres y videoconferencias abiertas, en los cuales los ciudadanos pudieron aportar ideas y sugerencias. Durante el proceso, los propios conductores de microbuses pidieron que la ciclovía se ubicara en la pista izquierda para evitar interferir con la subida y bajada de pasajeros. Además, el proyecto recibió la aprobación técnica de todos los organismos pertinentes, incluyendo el Municipio y el Concejo Comunal, quienes se comprometieron con su futura mantención. Así también, las obras de construcción de las ciclorutas en Eduardo Orchard comenzaron en septiembre de 2024 y se espera que finalicen en julio de 2026. Con una extensión de 8,3 km, se sumarán a los 13 km del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la costanera y los 15 km del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), consolidando una red de 36 km de movilidad activa en la ciudad. Dado lo anterior, Gálvez comparó el crecimiento de las ciclovías con el de las vías para vehículos, mencionando que, mientras que existen más de 1.200 km de calles para autos, solo un 2% (28 km) están destinados a bicicletas. La experiencia demuestra que la demanda aumenta cuando se da infraestructura segura y continua, subrayó. Finalmente, desde Serviu señalaron que el objetivo de estas obras también es reutilizar espacios públicos, actualmente ocupados por estacionamientos ilegales, transformándolos en áreas dedicadas a la movilidad activa. Además, se instalarán contadores automáticos para monitorear el uso de las ciclovías, y se aseguró que la evaluación de la infraestructura debe centrarse en su impacto a largo plazo, más que en su uso inmediato. Es una inversión moderada que apunta a una ciudad moderna, equitativa y saludable, donde las personas tengan más y mejores opciones de moverse, concluyó Gálvez.
