Corte Suprema acogió recursos de protección de comunidades indígenas por licitación del litio
Porque no se cumplió con el requisito de fijar un lugar específico para desarrollar el proyecto, no pudiendo realizarse -una consulta indígena previa- como estipula la ley.
La Corte Suprema acogió los recursos de protección interpuestos por las comunidades indígenas atacameñas de Camar y Coyo en contra de los procesos de licitación de explotación de cuotas de litio.
En la sentencia (causa rol 99-2022), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Sergio Muñoz, la ministra Ángela Vivanco, los ministros Mario Carroza, Jean Pierre Matus y el abogado (i) Pedro Águila– acogió la acción cautelar presentada en contra de las "Bases de Licitación Pública, Nacional e Internacional, para la Suscripción de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio", al considerar que en la especie no se cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley.
"Que sobre la base de las consideraciones desarrolladas, es dable inferir fundadamente, que el mecanismo propuesto por la autoridad administrativa en el Decreto impugnado, eludió un deber en lo relativo a la completa determinación del objeto de la licitación, pues omitió la individualización del lugar geográfico en que se desarrollará la actividad minera".
La resolución agrega, "los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas […]’ al ofrecer como objeto de la licitación un bien emplazado en cualquier área del territorio nacional".
Para la Sala Constitucional, en la especie: “(…) en definitiva, no cabe sino concluir, que la omisión denunciada importa en el caso, una vulneración arbitraria de la garantía de igualdad ante la ley respecto de los recurrentes, según lo dispuesto en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, sólo reparable con privar de efectos al acto impugnado”.
"Se deja sin efecto la adjudicación de contratos de exploración, explotación y comercialización de dos cuotas de 80.000 toneladas de #litio metálico..." No puede avanzar una licitación de litio donde no haya habido consulta indígena ni se conozca qué salares serán explotados. https://t.co/sZipgKBcQe
— Cristina Dorador Ortiz 🦩 (@criordor) June 1, 2022
el viernes pasado a las 10:13
el viernes pasado a las 10:13
19 de mayo de 2026
El recinto de salud avanza en atención, consultas y cirugías oncológicas en el “Plan Alerta Oncológica”, cuya primera parte, de 90 días, termina el próximo 9 de junio.



El máximo tribunal respaldó el rechazo al recurso presentado por la defensa, que buscaba suspender el proceso por la eventual inimputabilidad por enajenación mental del imputado.
El proyecto contempla una moderna infraestructura penitenciaria de más de 71 mil m² en Calama. La inversión supera las UF 8,6 millones y busca fortalecer la seguridad y capacidad carcelaria del país.
El desfile escolar se llevará a cabo este viernes en el sector centro sur de la capital regional y generará interrupciones de tránsito en Avenida Grecia.
El sujeto de 21 años fue detenido por los delitos flagrantes de amenazas de muerte, infracción a la Ley de Armas y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
El transporte público mayor disminuirá las frecuencias de sus recorridos de norte a sur y sur a norte, entre las 06:00 y 08:00 horas. La medida incluye la línea eléctrica E-01.
A través de cámaras de vigilancia, el municipio fiscalizará que los frontis de hogares y locales comerciales, no mantengan escombros, basura o fecas de animales.
El accidente se registró a la altura del kilómetro 6 de la ruta y fue protagonizado por un vehículo mayor que trasladaba perfiles de construcción y ventanas de vidrio.
De acuerdo al Seremi de Salud, en la comuna aún faltan 50.720 personas por vacunar dentro del colectivo de adultos mayores de 60 años. De ellas, 8.521 tiene más de 75 años.
El sujeto, chileno de 29 años, debía cumplir una condena de 1.082 días de presidio por tráfico de drogas. Además, registra seis causas penales anteriores.
La organización asumió la responsabilidad de las dificultades operativas de la edición 2025 del Carnaval de los Colores y señaló que las situaciones administrativas pendientes se encuentran en revisión.




























































































