Este próximo jueves, se cumplen 45 días en el que el alcalde Jadue mantiene prisión preventiva por ser acusado de delitos de corrupción por eventual fraude al fisco en el caso Farmacias Populares. Ante esto, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades después de 45 días de no estar en el cargo, automáticamente se debe elegir a un nuevo alcalde para reemplazar a Daniel Jadue. Es por esto, que la defensa del alcalde de Recoleta sigue los intentos por sacar de la cárcel al militante comunista para que no pierda su cargo. Asimismo, Juan Carlos Manríquez, abogado de Jadue presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, pero fue declarado inadmisible. Finalmente, según información de El Mercurio, se ingresó de inmediato un recurso de reposición y, en subsidio, una apelación ante la Corte Suprema.
Durante la mañana de este jueves, el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus aseveró que los chats de WhatsApp que lo involucran con el abogado Luis Hermosilla no existen, asegurando que son falsos. Ante esto, Matus dijo que esos chats son de una época en la que no formaba parte del Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema. Dado lo anterior, en una conversación con prensa el ministro Matus señaló quela Comisión de Ética, este pleno y todo el Poder Judicial, tiene competencia para conocer la conducta ministerial de los ministros de esta corte. Y esos WhatsApp, que son falsos. Además, el ministro manifestó quey ustedes van a ver que no hay ningún WhatsApp mío, no hay. Yo se los desmiento y ellos lo único que hacen es poner un titular, haciendo parecer como que yo tuviera WhatsApp con el señor Hermosilla y no hay. Asimismo, Matus aclaró queno hay mensaje con el señor Hermosilla, respecto de ninguna designación, ni ninguna cosa de ese tipo. Finalmente, Jean Pierre Matus fue consultado por la relación con Luis Hermosilla y detalló queél era abogado penalista, no sé si ustedes se acuerdan, profesor de universidad. Llevo 20 años haciendo clases o 30, y conozco a la mayor parte de los abogados que litigan en Chile, y por esa razón yo conocía al señor Hermosilla.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció la necesidad de revisar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, en medio de una creciente polémica que involucra a Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Un reciente reportaje de Ciper reveló que Migueles habría ofrecido al fiscal Carlos Palma un cargo en la Fiscalía Centro Norte y un magíster, a cambio de su apoyo a otro candidato en el proceso para fiscal nacional. Este escándalo ha generado una intensa discusión sobre la transparencia y la independencia del Poder Judicial. En una entrevista con CNN Chile, Cordero enfatizó la importancia de investigar penalmente cualquier comportamiento impropio o posible acto de corrupción que involucre a funcionarios públicos. Desde el punto de vista institucional, no solo uno tiene que despejar las incógnitas penales, sino que también aquellas que están vinculadas al funcionamiento de las instituciones, porque no solo tiene que ejercer de modo independiente, sino que la apariencia pública tiene que garantizar la independencia , afirmó. Cordero también cuestionó los comentarios de la ministra Vivanco, quien planea comunicarse directamente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para reclamar por la filtración de información desde el Ministerio Público a los medios. Cualquier ciudadano puede presentar esa reclamación por escrito. Otra cosa distinta que se manifieste una llamada telefónica y yo creo que esa expresión probablemente no contribuye precisamente a una discusión de igualdad de trato, que es la que yo creo que se está planteando en la actualidad producto estos casos, advirtió el ministro. Además, Cordero insistió en la necesidad de utilizar los mecanismos institucionales previstos por la ley para este tipo de reclamaciones. Una persona que considera que ha existido un comportamiento impropio de un fiscal puede hacer esa reclamación al fiscal nacional, pero otra cosa distinta es manifestar que se va a realizar telefónicamente , explicó. El ministro también respaldó un cambio en el sistema de nombramientos de ministros de Corte, mencionando la importancia de modificar la conformación de ternas o quinas y agilizar los procedimientos. Las tres cosas son conceptualmente distintas, pero tienen un elemento en común: hay comunicaciones que son impropias , señaló. Desde 2015, la Corte Suprema ha reconocido la necesidad de modificar el sistema de nombramientos, según Cordero. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que sucede es que la Suprema tiene bastante escrutinio , indicó. Finalmente, Cordero concluyó que el problema no reside en el Senado, sino en las prácticas de comunicaciones impropias para promover ciertos candidatos o mecanismos. Hay un amplio acuerdo en que el sistema de nombramientos tiene que ser modificado para asegurar la transparencia y la independencia del Poder Judicial , finalizó el ministro.
Este lunes 17 de junio, la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la jurisdicción que investigará la trágica muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en una marcha en Putre. La Segunda Sala del máximo tribunal resolverá la disputa de competencia generada en el caso conscriptos de Putre. La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Vargas invocando el Protocolo de Minnesota, utilizado en investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por la madre del soldado fallecido, Romy Vargas. En una entrevista con BioBioChile, Vargas expresó su oposición a la exhumación. Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no , afirmó. Romy Vargas argumentó que no confía en la ministra Book debido a su relación con el ámbito militar, ya que está casada con un militar. También criticó la preferencia de Book de mantener la investigación en la Fiscalía Militar. El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, valoró la orden de exhumación, sugiriendo que podría tratarse de una muerte ilícita con vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y transparente. En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado independiente Rubén Oyarzo, miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, destacó la necesidad de que el caso sea tratado por la justicia civil, coincidiendo con la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH, como querellante en el caso, ha insistido en que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante la investigación. Sumándose a estas voces, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe ante la Corte Suprema abogando también por la jurisdicción civil.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión de paralizar la investigación del “Caso Conscriptos” en la justicia ordinaria. Este recurso surge en respuesta a la orden de la segunda sala del máximo tribunal emitida el pasado viernes, que acogió una solicitud de la Fiscalía Militar para suspender las indagaciones hasta determinar la jurisdicción correspondiente. Desde el INDH se recalca la importancia de aplicar el Protocolo de Minnesota en la nueva autopsia del cuerpo de Franco Vargas, una diligencia que habían solicitado al Juzgado de Garantía de Arica. Este protocolo, desarrollado por las Naciones Unidas, es esencial en casos de muertes potencialmente ilícitas para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva. No obstante, la decisión de la Corte Suprema ha dejado esta y otras diligencias en suspenso. El instituto señaló que la ministra en visita Jenny Book nunca ordenó realizar una autopsia conforme al Protocolo de Minnesota. ¿Por qué solo cuando la Fiscalía pide esta diligencia para investigar las muertes potencialmente ilícitas el Fiscal General del Ministerio Público pide la orden de no innovar (…) ¿Se estará intentando ocultar algo?, ya que el procedimiento en Fiscalía Militar es secreto, a diferencia del de la justicia civil. “La intervención de la Fiscalía Militar en este caso no favorece ni la transparencia ni la efectividad de la investigación penal, resultando en una investigación reservada y tardía. Esto no solo afecta el proceso judicial, sino que también incrementa el dolor y la afectación de derechos de las víctimas” , argumentó el INDH en su solicitud.
Este próximo jueves, se cumplen 45 días en el que el alcalde Jadue mantiene prisión preventiva por ser acusado de delitos de corrupción por eventual fraude al fisco en el caso Farmacias Populares. Ante esto, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades después de 45 días de no estar en el cargo, automáticamente se debe elegir a un nuevo alcalde para reemplazar a Daniel Jadue. Es por esto, que la defensa del alcalde de Recoleta sigue los intentos por sacar de la cárcel al militante comunista para que no pierda su cargo. Asimismo, Juan Carlos Manríquez, abogado de Jadue presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, pero fue declarado inadmisible. Finalmente, según información de El Mercurio, se ingresó de inmediato un recurso de reposición y, en subsidio, una apelación ante la Corte Suprema.
Durante la mañana de este jueves, el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus aseveró que los chats de WhatsApp que lo involucran con el abogado Luis Hermosilla no existen, asegurando que son falsos. Ante esto, Matus dijo que esos chats son de una época en la que no formaba parte del Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema. Dado lo anterior, en una conversación con prensa el ministro Matus señaló quela Comisión de Ética, este pleno y todo el Poder Judicial, tiene competencia para conocer la conducta ministerial de los ministros de esta corte. Y esos WhatsApp, que son falsos. Además, el ministro manifestó quey ustedes van a ver que no hay ningún WhatsApp mío, no hay. Yo se los desmiento y ellos lo único que hacen es poner un titular, haciendo parecer como que yo tuviera WhatsApp con el señor Hermosilla y no hay. Asimismo, Matus aclaró queno hay mensaje con el señor Hermosilla, respecto de ninguna designación, ni ninguna cosa de ese tipo. Finalmente, Jean Pierre Matus fue consultado por la relación con Luis Hermosilla y detalló queél era abogado penalista, no sé si ustedes se acuerdan, profesor de universidad. Llevo 20 años haciendo clases o 30, y conozco a la mayor parte de los abogados que litigan en Chile, y por esa razón yo conocía al señor Hermosilla.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció la necesidad de revisar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, en medio de una creciente polémica que involucra a Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Un reciente reportaje de Ciper reveló que Migueles habría ofrecido al fiscal Carlos Palma un cargo en la Fiscalía Centro Norte y un magíster, a cambio de su apoyo a otro candidato en el proceso para fiscal nacional. Este escándalo ha generado una intensa discusión sobre la transparencia y la independencia del Poder Judicial. En una entrevista con CNN Chile, Cordero enfatizó la importancia de investigar penalmente cualquier comportamiento impropio o posible acto de corrupción que involucre a funcionarios públicos. Desde el punto de vista institucional, no solo uno tiene que despejar las incógnitas penales, sino que también aquellas que están vinculadas al funcionamiento de las instituciones, porque no solo tiene que ejercer de modo independiente, sino que la apariencia pública tiene que garantizar la independencia , afirmó. Cordero también cuestionó los comentarios de la ministra Vivanco, quien planea comunicarse directamente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para reclamar por la filtración de información desde el Ministerio Público a los medios. Cualquier ciudadano puede presentar esa reclamación por escrito. Otra cosa distinta que se manifieste una llamada telefónica y yo creo que esa expresión probablemente no contribuye precisamente a una discusión de igualdad de trato, que es la que yo creo que se está planteando en la actualidad producto estos casos, advirtió el ministro. Además, Cordero insistió en la necesidad de utilizar los mecanismos institucionales previstos por la ley para este tipo de reclamaciones. Una persona que considera que ha existido un comportamiento impropio de un fiscal puede hacer esa reclamación al fiscal nacional, pero otra cosa distinta es manifestar que se va a realizar telefónicamente , explicó. El ministro también respaldó un cambio en el sistema de nombramientos de ministros de Corte, mencionando la importancia de modificar la conformación de ternas o quinas y agilizar los procedimientos. Las tres cosas son conceptualmente distintas, pero tienen un elemento en común: hay comunicaciones que son impropias , señaló. Desde 2015, la Corte Suprema ha reconocido la necesidad de modificar el sistema de nombramientos, según Cordero. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que sucede es que la Suprema tiene bastante escrutinio , indicó. Finalmente, Cordero concluyó que el problema no reside en el Senado, sino en las prácticas de comunicaciones impropias para promover ciertos candidatos o mecanismos. Hay un amplio acuerdo en que el sistema de nombramientos tiene que ser modificado para asegurar la transparencia y la independencia del Poder Judicial , finalizó el ministro.
Este lunes 17 de junio, la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la jurisdicción que investigará la trágica muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en una marcha en Putre. La Segunda Sala del máximo tribunal resolverá la disputa de competencia generada en el caso conscriptos de Putre. La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Vargas invocando el Protocolo de Minnesota, utilizado en investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por la madre del soldado fallecido, Romy Vargas. En una entrevista con BioBioChile, Vargas expresó su oposición a la exhumación. Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no , afirmó. Romy Vargas argumentó que no confía en la ministra Book debido a su relación con el ámbito militar, ya que está casada con un militar. También criticó la preferencia de Book de mantener la investigación en la Fiscalía Militar. El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, valoró la orden de exhumación, sugiriendo que podría tratarse de una muerte ilícita con vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y transparente. En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado independiente Rubén Oyarzo, miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, destacó la necesidad de que el caso sea tratado por la justicia civil, coincidiendo con la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH, como querellante en el caso, ha insistido en que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante la investigación. Sumándose a estas voces, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe ante la Corte Suprema abogando también por la jurisdicción civil.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión de paralizar la investigación del “Caso Conscriptos” en la justicia ordinaria. Este recurso surge en respuesta a la orden de la segunda sala del máximo tribunal emitida el pasado viernes, que acogió una solicitud de la Fiscalía Militar para suspender las indagaciones hasta determinar la jurisdicción correspondiente. Desde el INDH se recalca la importancia de aplicar el Protocolo de Minnesota en la nueva autopsia del cuerpo de Franco Vargas, una diligencia que habían solicitado al Juzgado de Garantía de Arica. Este protocolo, desarrollado por las Naciones Unidas, es esencial en casos de muertes potencialmente ilícitas para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva. No obstante, la decisión de la Corte Suprema ha dejado esta y otras diligencias en suspenso. El instituto señaló que la ministra en visita Jenny Book nunca ordenó realizar una autopsia conforme al Protocolo de Minnesota. ¿Por qué solo cuando la Fiscalía pide esta diligencia para investigar las muertes potencialmente ilícitas el Fiscal General del Ministerio Público pide la orden de no innovar (…) ¿Se estará intentando ocultar algo?, ya que el procedimiento en Fiscalía Militar es secreto, a diferencia del de la justicia civil. “La intervención de la Fiscalía Militar en este caso no favorece ni la transparencia ni la efectividad de la investigación penal, resultando en una investigación reservada y tardía. Esto no solo afecta el proceso judicial, sino que también incrementa el dolor y la afectación de derechos de las víctimas” , argumentó el INDH en su solicitud.
