Un año de trabajo de la Fiscalía de Calama junto a la PDI, permitió concretar una importante operación contra organizaciones criminales dedicadas al comercio sexual y la trata de personas en la capital loína.

Durante la operación fueron allanados 13 inmuebles ubicados en distintos puntos de la ciudad, además de otro en la comuna de Santiago, logrando detener a 19 personas en total, en su mayoría extranjeros, quienes desempeñaban diferentes roles en las organizaciones investigadas.

De esta manera, detectaron la presencia de 35 mujeres de distintas nacionalidades, quienes fueron trasladadas en calidad víctimas a instalaciones policiales para evaluar medidas de protección. Tarea que fue desarrollada por profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional. 

Los allanamientos fueron planificados por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Iquique de la PDI. En ellos participaron más de 150 detectives provenientes de unidades de todo el norte, coordinados por la Prefectura Antinarcóticos Norte de la PDI y bajo dirección de la Fiscalía de Calama. 

Víctimas eran captadas en el extranjero

El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, explicó que esta operación es el resultado de dos investigaciones paralelas realizadas en conjunto con la PDI, en las que lograron determinar la existencia de organizaciones criminales que mantenían inmuebles destinados al comercio sexual, donde existían víctimas que eran captadas en el extranjero y luego obligadas a prestar tales actividades. 

"Son dos investigaciones de largo aliento, ambas bastante similares en cuanto a la cantidad de inmuebles que hemos allanado, como así también en cuanto a su forma de funcionamiento. Se trata de organizaciones de extranjeros que reclutaban personas, que son víctimas, y que estaban dedicadas al comercio sexual en la ciudad", señala el fiscal.

Por su parte, el prefecto Marcelo Atala Muñoz, jefe de la Prefectura Antinarcóticos Norte de la PDI, indica "este es el desenlace de una operación que data desde hace un año, proceso investigativo que llevamos junto al Ministerio Público y gracias al cual logran desbaratar dos estructuras criminales, las cuales se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual".

Atala recalca que el resultado del procedimiento es positivo, toda vez que "se logró la detención de los líderes de estas estructuras y las personas que están asociadas a ellos para cometer este delito, como también rescatar a las víctimas".

En tanto, la prefecta Claudia Chamorro, jefa de la Prefectura El Loa de la PDI, destacó el trabajo colaborativo y profesional realizado por la Unidad de Trata de Personas Iquique, en coordinación con la Prefectura Antinarcóticos Norte y el Ministerio Público, el cual asegura "impactará positivamente en la seguridad pública en la provincia".

En el procedimiento también participó la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, con la concurrencia de profesionales de Calama y Antofagasta en terreno, junto a la jefa de la unidad, abogada Alicia Crisosto, realizando labores de contención, orientación atención especializada y detección de necesidades de las víctimas. 

"Nuestra primera preocupación fue brindar contención a estas mujeres, que estuvieron expuestas a situaciones muy complejas, y que en su mayoría no tienen redes de apoyo a las cuales recurrir en nuestro país", explica la profesional. 

Millonarias cuentas bancarias

Durante la operación incautaron 1 kilo 361 gramos de cannabis sativa, además de $15 millones de pesos en moneda nacional y más de $52 millones de pesos en cuentas bancarias, así como $14 mil dólares y cuatro vehículos. 

También recuperaron más de 100 cartuchos de distintos calibres, más de 4 millones de pesos en alcoholes y tabaco, evidencia documental, testimonial, activos digitales, computadores y celulares. A todo esto se agrega el congelamiento de 25 cuentas bancarias de seis entidades financieras distintas. 

Este miércoles en la tarde los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama y de Santiago, donde declararon legales sus detenciones.

Atendida la magnitud y complejidad de la operación, la Fiscalía de Calama solicitó ampliar su detención por el máximo legal de 72 horas, lo que fue concedido por ambos tribunales.