Este martes, se informó que en medio de un operativo policial, Carabineros de la 1ª Comisaría de Calama concretó la recuperación de casi 30 mil kilos de cátodos de cobre y una rampa de camión con encargo por robo con violencia, en un hecho calificado como una de las incautaciones de cobre más relevantes a nivel nacional en lo que va del año. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado lunes, cuando el conductor del camión fue interceptado por tres sujetos. Los delincuentes retuvieron a la víctima para sustraer la rampa, la cual transportaba el mineral avaluado en $300 millones de pesos. La rampa, además, está avaluada en otros $30 millones. Tras una serie de diligencias especializadas realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Calama en coordinación con el Ministerio Público, se logró ubicar la rampa en un sitio eriazo del sector norponiente de Calama. Así las cosas, con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y una orden judicial gestionada por el Ministerio Público, se efectuó el ingreso al lugar a las 12:40 horas del mismo día, recuperándose en totalidad las especies robadas. En el sitio también se incautaron diversas herramientas utilizadas para delitos de oxicorte, lo que refuerza la hipótesis de participación de bandas especializadas en robo de carga minera. Por instrucción del Fiscal de turno, tanto la carga como la rampla recuperadas fueron devueltas a la empresa afectada
La Policía de Investigaciones (PDI) de Calama, a través de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, llevó a cabo una serie de operativos que culminaron con la detención de tres personas y la incautación de drogas y dinero en efectivo. Una de las principales acciones se centró en un punto de venta de drogas, donde los detectives lograron desbaratar la red y aprehender a tres individuos. Dos de los detenidos son de nacionalidad boliviana y se encontraban en situación migratoria irregular. En el lugar, la PDI incautó una cantidad de cocaína base, además de $78.500 pesos chilenos, que serían producto de transacciones ilícitas. El operativo, que se enmarcó en el artículo 4 de la Ley 20.000, fue coordinado con la Fiscalía Local de Calama y permitió un golpe directo al microtráfico en la zona. El subprefecto Patricio Méndez Charcas, jefe de la Brigada Antinarcóticos, enfatizó el compromiso de la institución con la seguridad de la comunidad.Estas acciones son el resultado de un trabajo constante de inteligencia y coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de erradicar los focos de venta de drogas que afectan a nuestra comunidad. La PDI está comprometida en combatir el crimen organizado y la comercialización de sustancias ilícitas, contribuyendo a la seguridad de todos los ciudadanos, señaló. En un operativo aparte, la PDI también cumplió una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Coquimbo contra un ciudadano chileno. El sujeto era requerido por el delito de amenazas simples contra personas y propiedades. Finalmente, el subprefecto Méndez agregó que las operaciones de la PDI forman parte de una estrategia integral que busca no solo combatir el narcotráfico, sino también garantizar la seguridad de la comunidad ante cualquier tipo de amenaza criminal.
En un operativo conjunto, la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Calama lograron recuperar 1,27 hectáreas de terreno fiscal que habían sido ocupadas de forma ilegal. La restitución, parte del Polígono Inés de Suárez, busca destinar el terreno a proyectos habitacionales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Ante esto, el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, calificó la jornada como unbalance sumamente positivo y destacó que la acción va más allá del simple desalojo.Estamos recuperando estos paños para disponibilizarlos para el Plan de Emergencia Habitacional, señaló. Con esta medida se proyecta la creación de nuevos barrios y equipamiento comunitario que ayude a disminuir la deuda habitacional de la comuna. Asimismo, la restitución se activó a partir de resoluciones judiciales y denuncias ciudadanas, y se enmarca en los compromisos de la Mesa de Restitución Administrativa. Gonzalo Loins, jefe provincial de Bienes Nacionales, confirmó que el terreno recuperado está en una zona de extensión urbana y que se aportará a planes de construcción de viviendas. Finalmente, las autoridades también resaltaron que esta acción no solo aporta a la solución habitacional, sino que también mejora la seguridad pública al eliminar focos de incivilidades y delitos.
El céntrico restauranteLa Familia de Calama, ubicado en calle Ramírez #1917, fue clausurado temporalmente por la Seremi de Salud tras una fiscalización que reveló serias faltas a las normas de higiene. La medida, que incluye la prohibición de funcionamiento y el inicio de un sumario sanitario, se tomó para proteger la salud de los clientes ante un panorama de grave insalubridad. Según el seremi de Salud, Alberto Godoy, la inspección se realizó como parte de un programa de fiscalización rutinario y destapó un cúmulo de irregularidades. Entre las más alarmantes, los inspectores hallaron cucarachas vivas y muertas, además de una gran acumulación de grasa en fogones, campanas de extracción, paredes y techos. Las deficiencias no terminaron ahí. El informe de la autoridad sanitaria detalló que el local tenía un lavamanos fuera de servicio y sin jabón, un extintor vencido desde 2022 y equipos de refrigeración en mal estado. Aún más grave, se encontraron materias primas a temperatura ambiente y otros productos almacenados entre 12 y 18 grados Celsius, muy por encima de los 5 grados permitidos, lo que representa un riesgo directo de intoxicación alimentaria. Finalmente, el seremi Godoy señaló que el restaurante no podrá reabrir sus puertas hasta que demuestre haber corregido cada una de las observaciones detectadas. El local se expone a multas que, según el Código Sanitario, pueden llegar hasta las 1.000 UTM.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba revertir la decisión del juez de Garantía. El tribunal argumentó que, basándose en la calificación de los hechos, la medida de prisión preventiva resultaría evidentemente desproporcionada. Según la resolución, la responsabilidad de los imputados se centra más en la negligencia que en unincumplimiento de un deber específico. Los ministros señalaron que no se aprecia la existencia de dolo (intención de causar daño) por parte de los padres en el relato de lo ocurrido. Los hechos, según lo expuesto en la formalización de la investigación, ocurrieron el pasado 13 de agosto. La niña se encontraba en el domicilio familiar, donde su padre operaba un taller mecánico. Mientras movían un motor de vehículo con un tecle (herramienta de elevación), el equipo cedió y cayó sobre la menor, provocándole la muerte en el lugar. Finalmente, la justicia optó por no privar de libertad a los padres, ya que considera que la negligencia en este trágico accidente no justifica una medida cautelar tan severa como la prisión preventiva.
Este martes, se informó que en medio de un operativo policial, Carabineros de la 1ª Comisaría de Calama concretó la recuperación de casi 30 mil kilos de cátodos de cobre y una rampa de camión con encargo por robo con violencia, en un hecho calificado como una de las incautaciones de cobre más relevantes a nivel nacional en lo que va del año. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado lunes, cuando el conductor del camión fue interceptado por tres sujetos. Los delincuentes retuvieron a la víctima para sustraer la rampa, la cual transportaba el mineral avaluado en $300 millones de pesos. La rampa, además, está avaluada en otros $30 millones. Tras una serie de diligencias especializadas realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Calama en coordinación con el Ministerio Público, se logró ubicar la rampa en un sitio eriazo del sector norponiente de Calama. Así las cosas, con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y una orden judicial gestionada por el Ministerio Público, se efectuó el ingreso al lugar a las 12:40 horas del mismo día, recuperándose en totalidad las especies robadas. En el sitio también se incautaron diversas herramientas utilizadas para delitos de oxicorte, lo que refuerza la hipótesis de participación de bandas especializadas en robo de carga minera. Por instrucción del Fiscal de turno, tanto la carga como la rampla recuperadas fueron devueltas a la empresa afectada
La Policía de Investigaciones (PDI) de Calama, a través de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, llevó a cabo una serie de operativos que culminaron con la detención de tres personas y la incautación de drogas y dinero en efectivo. Una de las principales acciones se centró en un punto de venta de drogas, donde los detectives lograron desbaratar la red y aprehender a tres individuos. Dos de los detenidos son de nacionalidad boliviana y se encontraban en situación migratoria irregular. En el lugar, la PDI incautó una cantidad de cocaína base, además de $78.500 pesos chilenos, que serían producto de transacciones ilícitas. El operativo, que se enmarcó en el artículo 4 de la Ley 20.000, fue coordinado con la Fiscalía Local de Calama y permitió un golpe directo al microtráfico en la zona. El subprefecto Patricio Méndez Charcas, jefe de la Brigada Antinarcóticos, enfatizó el compromiso de la institución con la seguridad de la comunidad.Estas acciones son el resultado de un trabajo constante de inteligencia y coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de erradicar los focos de venta de drogas que afectan a nuestra comunidad. La PDI está comprometida en combatir el crimen organizado y la comercialización de sustancias ilícitas, contribuyendo a la seguridad de todos los ciudadanos, señaló. En un operativo aparte, la PDI también cumplió una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Coquimbo contra un ciudadano chileno. El sujeto era requerido por el delito de amenazas simples contra personas y propiedades. Finalmente, el subprefecto Méndez agregó que las operaciones de la PDI forman parte de una estrategia integral que busca no solo combatir el narcotráfico, sino también garantizar la seguridad de la comunidad ante cualquier tipo de amenaza criminal.
En un operativo conjunto, la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Calama lograron recuperar 1,27 hectáreas de terreno fiscal que habían sido ocupadas de forma ilegal. La restitución, parte del Polígono Inés de Suárez, busca destinar el terreno a proyectos habitacionales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Ante esto, el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, calificó la jornada como unbalance sumamente positivo y destacó que la acción va más allá del simple desalojo.Estamos recuperando estos paños para disponibilizarlos para el Plan de Emergencia Habitacional, señaló. Con esta medida se proyecta la creación de nuevos barrios y equipamiento comunitario que ayude a disminuir la deuda habitacional de la comuna. Asimismo, la restitución se activó a partir de resoluciones judiciales y denuncias ciudadanas, y se enmarca en los compromisos de la Mesa de Restitución Administrativa. Gonzalo Loins, jefe provincial de Bienes Nacionales, confirmó que el terreno recuperado está en una zona de extensión urbana y que se aportará a planes de construcción de viviendas. Finalmente, las autoridades también resaltaron que esta acción no solo aporta a la solución habitacional, sino que también mejora la seguridad pública al eliminar focos de incivilidades y delitos.
El céntrico restauranteLa Familia de Calama, ubicado en calle Ramírez #1917, fue clausurado temporalmente por la Seremi de Salud tras una fiscalización que reveló serias faltas a las normas de higiene. La medida, que incluye la prohibición de funcionamiento y el inicio de un sumario sanitario, se tomó para proteger la salud de los clientes ante un panorama de grave insalubridad. Según el seremi de Salud, Alberto Godoy, la inspección se realizó como parte de un programa de fiscalización rutinario y destapó un cúmulo de irregularidades. Entre las más alarmantes, los inspectores hallaron cucarachas vivas y muertas, además de una gran acumulación de grasa en fogones, campanas de extracción, paredes y techos. Las deficiencias no terminaron ahí. El informe de la autoridad sanitaria detalló que el local tenía un lavamanos fuera de servicio y sin jabón, un extintor vencido desde 2022 y equipos de refrigeración en mal estado. Aún más grave, se encontraron materias primas a temperatura ambiente y otros productos almacenados entre 12 y 18 grados Celsius, muy por encima de los 5 grados permitidos, lo que representa un riesgo directo de intoxicación alimentaria. Finalmente, el seremi Godoy señaló que el restaurante no podrá reabrir sus puertas hasta que demuestre haber corregido cada una de las observaciones detectadas. El local se expone a multas que, según el Código Sanitario, pueden llegar hasta las 1.000 UTM.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba revertir la decisión del juez de Garantía. El tribunal argumentó que, basándose en la calificación de los hechos, la medida de prisión preventiva resultaría evidentemente desproporcionada. Según la resolución, la responsabilidad de los imputados se centra más en la negligencia que en unincumplimiento de un deber específico. Los ministros señalaron que no se aprecia la existencia de dolo (intención de causar daño) por parte de los padres en el relato de lo ocurrido. Los hechos, según lo expuesto en la formalización de la investigación, ocurrieron el pasado 13 de agosto. La niña se encontraba en el domicilio familiar, donde su padre operaba un taller mecánico. Mientras movían un motor de vehículo con un tecle (herramienta de elevación), el equipo cedió y cayó sobre la menor, provocándole la muerte en el lugar. Finalmente, la justicia optó por no privar de libertad a los padres, ya que considera que la negligencia en este trágico accidente no justifica una medida cautelar tan severa como la prisión preventiva.
