Cámara aprueba proyecto de ley para eliminar la discriminación financiera por padecer cáncer
En caso de ser aprobada en su forma actual, las personas afectadas podrán solicitar directamente a las instituciones financieras la eliminación de su registro oncológico.
En la sesión llevada a cabo el día martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley conocido como "ley de olvido oncológico". Esta ley tiene como objetivo eliminar del sistema financiero la información oncológica de los pacientes que han padecido cáncer, con el fin de evitar la discriminación hacia estas personas al momento de acceder a productos bancarios y crediticios.
La propuesta fue analizada en base al informe presentado por el diputado Christian Matheson, en representación de la Comisión de Economía. Ahora, el proyecto pasará a segundo trámite en el Senado.
Estas indicaciones se suman a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con su atención en salud. El proyecto establece que toda persona tiene el derecho de solicitar la eliminación de la información clínica relacionada con un diagnóstico oncológico, con el objetivo de acceder a productos y servicios financieros sin ser discriminada por su historial médico.
Además, se prohíbe la solicitud de información oncológica o la obligación de declarar haber padecido cáncer al momento de suscribir un contrato o negocio jurídico. Esta medida aplica a todas las entidades reguladas y fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, una vez transcurridos tres años desde el alta médica.
En caso de ser aprobada en su forma actual, las personas afectadas podrán solicitar directamente a las instituciones financieras la eliminación de su registro oncológico.
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Los abogados del imputado, Daniel Andrade, solicitaron declarar incompetente al tribunal de Antofagasta. Se fijó una nueva fecha de preparación de juicio oral.








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Norma publicada en el Diario Oficial permitirá a colegios usar detectores de metales y otras medidas preventivas para reforzar la seguridad y la convivencia en las comunidades educativas.
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