A partir del próximo miércoles 17 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones de Fiestas Patrias, comienza oficialmente el periodo legal de propaganda electoral en todo el país. Esta etapa marcará un despliegue político intenso en medios de comunicación, redes sociales y la vía pública, con mensajes de los candidatos y candidatas que competirán en noviembre por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Región de Antofagasta, correspondiente al Distrito 3, serán más de treinta los postulantes que buscarán representar a la zona, según el Servel, donde sólo cinco deberán ser elegidos. Entre ellos, destacan nombres de diversos pactos y partidos políticos. Por el Pacto Cambio por Chile se presentan Yovana Ahumada Palma, Carolina Moscoso Carrasco, Leslie Moll Vera (PSC), Adriana Jiménez Retamal (PNL), Carlo Arqueros Pizarro y Silvana Ubillo Rojas (Partido Republicano). En el Pacto Izquierda Ecológica Popular Animalista y Humanista postulan Adela Pizarro Goncalvez (PH) y Dan Ibacache Paniagua (Igualdad). El Pacto Unidad por Chile lleva a Sebastián Videla Castillo (IND-PL), Jaime Araya Guerrero (IND-PPD), Paulina Lizana Martínez (PC), Marcela Hernando Pérez (PR), Margarita Montecino Cortez (DC) y Gabriela Carrasco Urquieta (FA). Por Chile Grande y Unido, competirán José Miguel Castro Bascuñán y Daniela Castro Araya (RN), Carolina Latorre Cruz y José Véliz Véliz (Demócratas), Jorge Olivares Puentes y Yantiel Calderón Valenzuela (Evópoli). El Pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas inscribió a Hernán Velásquez Núñez, Marión Tapia González y Danahe Rojas Mamani (FRVS), María Lazcano Torres, Eduardo Sotomayor Ortiz y Marco Ramo Paez (AH). Desde el Partido de la Gente (PDG) competirán Fabián Ossandón Briceño, Paola Debia González, Sergio Marmie Ibarrondo, Jessie González Bugueño, Vilma Esquivel Céspedes y Luis Ramos Bustos. En tanto, Popular lleva a Nelly Castillo Saravia, mientras que el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) tendrá como candidatos a Natalia Sánchez Muñoz, Daniel Vargas Downing, Daniela Avilés Honores y Néstor Vera Rojas. Con el inicio de la franja legal, se espera un escenario político marcado por la alta exposición pública de los candidatos y la competencia en terreno, donde los mensajes electorales convivirán con las celebraciones dieciocheras.
El proyecto de ley que busca prohibir y sancionar las carreras de perros en todo Chile avanza en su tramitación legislativa, marcando un paso crucial en la protección animal. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa por un contundente 6 a 1, un respaldo que abre la puerta a su discusión y eventual votación en la Sala de la Corporación. La propuesta, que se fundamenta en la explotación de animales de compañía, establece duras sanciones para quienes organicen y participen en estas competencias. Las penas de presidio menor en su grado medio, que van desde los 541 días hasta los 3 años y un día, se suman a multas de entre 20 y 40 UTM. Además, los condenados se verán enfrentados a la inhabilidad perpetua para tener animales y al pago de los gastos de rehabilitación del can. La iniciativa también contempla castigos para quienes promuevan, difundan o faciliten estas carreras, con multas que oscilan entre las 5 y 20 UTM. Una indicación de la diputada Yovana Ahumada fue agregada al texto, especificando que el dueño o tenedor del animal rescatado deberá hacerse cargo de los costos de su atención y rehabilitación. Finalmente, la Comisión recibió el testimonio del representante de la Fundación Galgos Chile, Luis Martínez, quien expuso sobre la realidad de esta práctica en el país y la experiencia de otras naciones que ya la han erradicado. La votación favorable de los parlamentarios demuestra un compromiso creciente con el bienestar animal y podría significar el fin de una actividad que, según sus críticos, causa un enorme sufrimiento a los perros.
Una investigación interna de 90 días realizada por la Cámara de Diputados concluyó que ningún parlamentario ha hecho mal uso de licencias médicas para salir del país. La indagatoria, que se inició en mayo a raíz de un informe de la Contraloría sobre más de 25 mil funcionarios públicos con licencias fraudulentas, fue liderada por el secretario general, Miguel Landeros. Ante esto, Landeros informó que se cruzó la información de todos los viajes realizados por los 155 parlamentarios en ejercicio con sus licencias médicas. “No hemos encontrado coincidencias”, afirmó. La revisión cubrió el periodo desde marzo de 2022 hasta mayo de 2025. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), manifestó su satisfacción con los resultados y aseguró que la presidencia cumplió con su compromiso de investigar. Landeros, sin embargo, evitó dar detalles sobre el estado de la investigación de los funcionarios de la Cámara, donde sí se han detectado casos bajo pesquisa, pero están en etapas de apelación que podrían extenderse hasta los tribunales. “Hay casos que se están investigando, los hay, están en un proceso bastante avanzado”, advirtió. Finalmente, Castro respaldó a Landeros, señalando que no se puede entregar una cifra de funcionarios involucrados para no entorpecer el proceso. No obstante, se comprometió a informar los resultados cuando finalice la investigación.
En una conversación con T13 En Vivo, el diputado de Renovación Nacional (RN) y Presidente de la Cámara de Diputados José Miguel Castro señaló quevemos una vez más al Ejecutivo cojeando acá en el parlamento y que las promesas de las ministras vocera de gobierno y de la Secretaría General de la Presidenciano se hacen realidad. Para Castro, la falta de los votos necesarios evidencia que el gobierno no logra hacer cumplir la Constitución en el Congreso. La responsabilidad de lo que pase en el Senado, donde se puede reponer esto y después de nuevo en la Cámara, es del Presidente de la República, enfatizó Castro. Asimismo, el presidente de la Cámara, quien había promovido una sesión especial para discutir el proyecto, lamentó que este revés deje a los políticosmuy mal frente a la ciudadanía. Aunque Boric ha sido cuestionado por el oficialismo debido a su gestión en áreas como seguridad, economía y feminismo, Castro afirmó queque fracase el Presidente o su conglomerado en democracia, yo creo que es salir por la ventana y no por la puerta de entrada. A pesar del tropiezo, Castro insistió en quetenemos una oportunidad todavía y se comprometió a no bajar los brazos en su rol como líder de la oposición, señalando que si es necesario, convocará a otra sesión especial una vez que el proyecto retorne del Senado.
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
A partir del próximo miércoles 17 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones de Fiestas Patrias, comienza oficialmente el periodo legal de propaganda electoral en todo el país. Esta etapa marcará un despliegue político intenso en medios de comunicación, redes sociales y la vía pública, con mensajes de los candidatos y candidatas que competirán en noviembre por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Región de Antofagasta, correspondiente al Distrito 3, serán más de treinta los postulantes que buscarán representar a la zona, según el Servel, donde sólo cinco deberán ser elegidos. Entre ellos, destacan nombres de diversos pactos y partidos políticos. Por el Pacto Cambio por Chile se presentan Yovana Ahumada Palma, Carolina Moscoso Carrasco, Leslie Moll Vera (PSC), Adriana Jiménez Retamal (PNL), Carlo Arqueros Pizarro y Silvana Ubillo Rojas (Partido Republicano). En el Pacto Izquierda Ecológica Popular Animalista y Humanista postulan Adela Pizarro Goncalvez (PH) y Dan Ibacache Paniagua (Igualdad). El Pacto Unidad por Chile lleva a Sebastián Videla Castillo (IND-PL), Jaime Araya Guerrero (IND-PPD), Paulina Lizana Martínez (PC), Marcela Hernando Pérez (PR), Margarita Montecino Cortez (DC) y Gabriela Carrasco Urquieta (FA). Por Chile Grande y Unido, competirán José Miguel Castro Bascuñán y Daniela Castro Araya (RN), Carolina Latorre Cruz y José Véliz Véliz (Demócratas), Jorge Olivares Puentes y Yantiel Calderón Valenzuela (Evópoli). El Pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas inscribió a Hernán Velásquez Núñez, Marión Tapia González y Danahe Rojas Mamani (FRVS), María Lazcano Torres, Eduardo Sotomayor Ortiz y Marco Ramo Paez (AH). Desde el Partido de la Gente (PDG) competirán Fabián Ossandón Briceño, Paola Debia González, Sergio Marmie Ibarrondo, Jessie González Bugueño, Vilma Esquivel Céspedes y Luis Ramos Bustos. En tanto, Popular lleva a Nelly Castillo Saravia, mientras que el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) tendrá como candidatos a Natalia Sánchez Muñoz, Daniel Vargas Downing, Daniela Avilés Honores y Néstor Vera Rojas. Con el inicio de la franja legal, se espera un escenario político marcado por la alta exposición pública de los candidatos y la competencia en terreno, donde los mensajes electorales convivirán con las celebraciones dieciocheras.
El proyecto de ley que busca prohibir y sancionar las carreras de perros en todo Chile avanza en su tramitación legislativa, marcando un paso crucial en la protección animal. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa por un contundente 6 a 1, un respaldo que abre la puerta a su discusión y eventual votación en la Sala de la Corporación. La propuesta, que se fundamenta en la explotación de animales de compañía, establece duras sanciones para quienes organicen y participen en estas competencias. Las penas de presidio menor en su grado medio, que van desde los 541 días hasta los 3 años y un día, se suman a multas de entre 20 y 40 UTM. Además, los condenados se verán enfrentados a la inhabilidad perpetua para tener animales y al pago de los gastos de rehabilitación del can. La iniciativa también contempla castigos para quienes promuevan, difundan o faciliten estas carreras, con multas que oscilan entre las 5 y 20 UTM. Una indicación de la diputada Yovana Ahumada fue agregada al texto, especificando que el dueño o tenedor del animal rescatado deberá hacerse cargo de los costos de su atención y rehabilitación. Finalmente, la Comisión recibió el testimonio del representante de la Fundación Galgos Chile, Luis Martínez, quien expuso sobre la realidad de esta práctica en el país y la experiencia de otras naciones que ya la han erradicado. La votación favorable de los parlamentarios demuestra un compromiso creciente con el bienestar animal y podría significar el fin de una actividad que, según sus críticos, causa un enorme sufrimiento a los perros.
Una investigación interna de 90 días realizada por la Cámara de Diputados concluyó que ningún parlamentario ha hecho mal uso de licencias médicas para salir del país. La indagatoria, que se inició en mayo a raíz de un informe de la Contraloría sobre más de 25 mil funcionarios públicos con licencias fraudulentas, fue liderada por el secretario general, Miguel Landeros. Ante esto, Landeros informó que se cruzó la información de todos los viajes realizados por los 155 parlamentarios en ejercicio con sus licencias médicas. “No hemos encontrado coincidencias”, afirmó. La revisión cubrió el periodo desde marzo de 2022 hasta mayo de 2025. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), manifestó su satisfacción con los resultados y aseguró que la presidencia cumplió con su compromiso de investigar. Landeros, sin embargo, evitó dar detalles sobre el estado de la investigación de los funcionarios de la Cámara, donde sí se han detectado casos bajo pesquisa, pero están en etapas de apelación que podrían extenderse hasta los tribunales. “Hay casos que se están investigando, los hay, están en un proceso bastante avanzado”, advirtió. Finalmente, Castro respaldó a Landeros, señalando que no se puede entregar una cifra de funcionarios involucrados para no entorpecer el proceso. No obstante, se comprometió a informar los resultados cuando finalice la investigación.
En una conversación con T13 En Vivo, el diputado de Renovación Nacional (RN) y Presidente de la Cámara de Diputados José Miguel Castro señaló quevemos una vez más al Ejecutivo cojeando acá en el parlamento y que las promesas de las ministras vocera de gobierno y de la Secretaría General de la Presidenciano se hacen realidad. Para Castro, la falta de los votos necesarios evidencia que el gobierno no logra hacer cumplir la Constitución en el Congreso. La responsabilidad de lo que pase en el Senado, donde se puede reponer esto y después de nuevo en la Cámara, es del Presidente de la República, enfatizó Castro. Asimismo, el presidente de la Cámara, quien había promovido una sesión especial para discutir el proyecto, lamentó que este revés deje a los políticosmuy mal frente a la ciudadanía. Aunque Boric ha sido cuestionado por el oficialismo debido a su gestión en áreas como seguridad, economía y feminismo, Castro afirmó queque fracase el Presidente o su conglomerado en democracia, yo creo que es salir por la ventana y no por la puerta de entrada. A pesar del tropiezo, Castro insistió en quetenemos una oportunidad todavía y se comprometió a no bajar los brazos en su rol como líder de la oposición, señalando que si es necesario, convocará a otra sesión especial una vez que el proyecto retorne del Senado.
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
