A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 96 votos a favor, dos en contra y 17 abstenciones el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. El texto plantea dejar sin efecto la alianza, cuestionando duramente la decisión del Gobierno de optar por una negociación directa con la minera privada, en lugar de realizar una licitación internacional. El informe califica el acuerdo como un “ perjuicio gigantesco a las arcas fiscales ”, estimando que, en condiciones de mercado similares, el Estado podría haber recibido al menos US$6.700 millones de manera inmediata, cifra muy superior a los beneficios proyectados bajo el modelo de utilidades compartidas en función del precio del litio y sus ventas. La reacción política no se hizo esperar. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, valoró la resolución parlamentaria, afirmando en su cuenta de X: “Con humildad, advertí esto hace tres meses. El acuerdo Codelco-SQM no debió realizarse entre cuatro paredes”. Matthei insistió en la necesidad de avanzar hacia procesos públicos, transparentes y competitivos para definir la explotación del mineral clave para la transición energética. En tanto, Jeannette Jara, ganadora de las recientes primarias presidenciales del oficialismo, sostuvo que no matizará sus críticas al acuerdo, aunque señaló que respetará lo que resuelva el Ejecutivo: “Si nos toca asumir la Presidencia y esto está resuelto, lo voy a respetar, hay Estado de derecho. Si no, buscaré otro camino”, indicó. Pese a las tensiones políticas, Codelco mantiene su cronograma, con miras a cerrar el acuerdo antes de fines de septiembre, incluyendo la aprobación de la CCHEN, la consulta indígena y la revisión antimonopolio china. Según Bloomberg, la alianza permitiría a Codelco acceder a una participación mayoritaria en los activos de SQM en el Salar de Atacama, extendiendo la operación conjunta hasta 2060. Cabe recordar que Tianqi Lithium Corp., de origen chino, es accionista relevante en SQM. En paralelo, una nueva encuesta del Panel Ciudadano de la UDD, realizada entre el 23 y 24 de junio, reveló un amplio respaldo ciudadano al acuerdo. El 82% de quienes lo conocen considera que es beneficioso para el país, mientras que, al incluir a todos los consultados, el apoyo se mantiene en 61%, cifra similar a mediciones previas. El debate sigue abierto entre quienes valoran la alianza como una forma de fortalecer la participación estatal y la producción de litio, y quienes exigen mayor transparencia y competencia en decisiones estratégicas para el desarrollo nacional. El tema, sin duda, seguirá marcando la agenda presidencial y parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.
Con una amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en su último trámite legislativo, el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile, que será ahora enviado al Presidente Gabriel Boric para su promulgación como ley de la República. La nueva normativa, que fue ingresada en octubre de 2013, pone el foco en el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), reconociendo su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que les asegure afecto, protección y cuidados esenciales, cualquiera sea su composición. Durante su debate, la propuesta recibió más de 400 modificaciones, muchas de ellas orientadas a actualizar el sistema en línea con otras leyes vigentes como la Ley de Garantías de la Niñez. Una de las innovaciones más destacadas es la reducción de los plazos del proceso de adopción, que actualmente puede extenderse por hasta ocho años, y que con la nueva norma podría acortarse a un máximo de dos. Derechos y garantías en el centro del proceso La ley se estructura en nueve títulos, abordando desde principios generales hasta procedimientos nacionales e internacionales, resguardo de orígenes, y nuevas figuras como la adopción por integración. También se reconoce el derecho de los NNA a ser oídos en todo momento del procedimiento, así como a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente. En cuanto a las familias de acogida, se abre la posibilidad —en casos excepcionales— de que puedan adoptar a un menor si éste ha permanecido con ellos de forma continua por al menos 18 meses. Además, se prohíbe expresamente que la declaración de adoptabilidad se fundamente en la pobreza o en discriminación arbitraria hacia los progenitores o su entorno. Identidad y origen: un derecho irrenunciable Otro punto relevante es el reconocimiento del derecho a la identidad. Las personas adoptadas podrán acceder a información sobre sus orígenes, incluyendo la identidad de sus progenitores y hermanos biológicos, así como los antecedentes sobre su historia previa a la adopción. También se regula el procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria, permitiendo que la persona embarazada o los progenitores puedan iniciar este proceso desde antes del nacimiento hasta los 18 meses posteriores. En este caso, el derecho a retractarse es irrenunciable. El proyecto fue aprobado con amplio respaldo en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 119 votos a favor y solo cinco abstenciones, y fue valorado por poner a los NNA al centro del sistema.
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
En una jornada de alta tensión y sorpresa, el diputado por la región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), fue electo como el nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Su elección se concretó mediante un inédito mecanismo de tómbola, instancia que solo se había utilizado previamente en el contexto de acusaciones constitucionales, marcando un hito en la historia del Congreso. Ante esto, Castro se convierte así en el primer diputado de la región de Antofagasta en alcanzar la presidencia de la Cámara Baja. Compartirá la testera con el diputado de la Democracia Cristiana, Erik Aedo, quien asumirá como vicepresidente, y con Gaspar Rivas, del Partido de la Gente, que ocupará la segunda vicepresidencia. Asimismo, la elección no estuvo exenta de incertidumbre. En la primera votación, la diputada Camila Rojas obtuvo 75 preferencias, superando por un voto a José Miguel Castro, quien consiguió 74 sufragios. Al no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría absoluta requerida, se procedió a una segunda vuelta, la cual culminó en un empate. Ante la persistencia del empate en una tercera votación, la mesa directiva de la Cámara optó por recurrir al azar de la tómbola para definir al nuevo presidente. Ahora bien, con la elección de José Miguel Castro, la oposición parlamentaria asume el liderazgo de ambas cámaras del Congreso Nacional, considerando que el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, ya había sido electo previamente como presidente del Senado. Finalmente, tras confirmarse su victoria, el diputado Castro expresó su agradecimiento a su familia, a su equipo de trabajo y a la Región de Antofagasta. En un gesto que llamó la atención, también dedicó palabras de agradecimiento a las diputadas Pamela Jiles y Marisela Santibáñez.
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 96 votos a favor, dos en contra y 17 abstenciones el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. El texto plantea dejar sin efecto la alianza, cuestionando duramente la decisión del Gobierno de optar por una negociación directa con la minera privada, en lugar de realizar una licitación internacional. El informe califica el acuerdo como un “ perjuicio gigantesco a las arcas fiscales ”, estimando que, en condiciones de mercado similares, el Estado podría haber recibido al menos US$6.700 millones de manera inmediata, cifra muy superior a los beneficios proyectados bajo el modelo de utilidades compartidas en función del precio del litio y sus ventas. La reacción política no se hizo esperar. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, valoró la resolución parlamentaria, afirmando en su cuenta de X: “Con humildad, advertí esto hace tres meses. El acuerdo Codelco-SQM no debió realizarse entre cuatro paredes”. Matthei insistió en la necesidad de avanzar hacia procesos públicos, transparentes y competitivos para definir la explotación del mineral clave para la transición energética. En tanto, Jeannette Jara, ganadora de las recientes primarias presidenciales del oficialismo, sostuvo que no matizará sus críticas al acuerdo, aunque señaló que respetará lo que resuelva el Ejecutivo: “Si nos toca asumir la Presidencia y esto está resuelto, lo voy a respetar, hay Estado de derecho. Si no, buscaré otro camino”, indicó. Pese a las tensiones políticas, Codelco mantiene su cronograma, con miras a cerrar el acuerdo antes de fines de septiembre, incluyendo la aprobación de la CCHEN, la consulta indígena y la revisión antimonopolio china. Según Bloomberg, la alianza permitiría a Codelco acceder a una participación mayoritaria en los activos de SQM en el Salar de Atacama, extendiendo la operación conjunta hasta 2060. Cabe recordar que Tianqi Lithium Corp., de origen chino, es accionista relevante en SQM. En paralelo, una nueva encuesta del Panel Ciudadano de la UDD, realizada entre el 23 y 24 de junio, reveló un amplio respaldo ciudadano al acuerdo. El 82% de quienes lo conocen considera que es beneficioso para el país, mientras que, al incluir a todos los consultados, el apoyo se mantiene en 61%, cifra similar a mediciones previas. El debate sigue abierto entre quienes valoran la alianza como una forma de fortalecer la participación estatal y la producción de litio, y quienes exigen mayor transparencia y competencia en decisiones estratégicas para el desarrollo nacional. El tema, sin duda, seguirá marcando la agenda presidencial y parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.
Con una amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en su último trámite legislativo, el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile, que será ahora enviado al Presidente Gabriel Boric para su promulgación como ley de la República. La nueva normativa, que fue ingresada en octubre de 2013, pone el foco en el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), reconociendo su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que les asegure afecto, protección y cuidados esenciales, cualquiera sea su composición. Durante su debate, la propuesta recibió más de 400 modificaciones, muchas de ellas orientadas a actualizar el sistema en línea con otras leyes vigentes como la Ley de Garantías de la Niñez. Una de las innovaciones más destacadas es la reducción de los plazos del proceso de adopción, que actualmente puede extenderse por hasta ocho años, y que con la nueva norma podría acortarse a un máximo de dos. Derechos y garantías en el centro del proceso La ley se estructura en nueve títulos, abordando desde principios generales hasta procedimientos nacionales e internacionales, resguardo de orígenes, y nuevas figuras como la adopción por integración. También se reconoce el derecho de los NNA a ser oídos en todo momento del procedimiento, así como a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente. En cuanto a las familias de acogida, se abre la posibilidad —en casos excepcionales— de que puedan adoptar a un menor si éste ha permanecido con ellos de forma continua por al menos 18 meses. Además, se prohíbe expresamente que la declaración de adoptabilidad se fundamente en la pobreza o en discriminación arbitraria hacia los progenitores o su entorno. Identidad y origen: un derecho irrenunciable Otro punto relevante es el reconocimiento del derecho a la identidad. Las personas adoptadas podrán acceder a información sobre sus orígenes, incluyendo la identidad de sus progenitores y hermanos biológicos, así como los antecedentes sobre su historia previa a la adopción. También se regula el procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria, permitiendo que la persona embarazada o los progenitores puedan iniciar este proceso desde antes del nacimiento hasta los 18 meses posteriores. En este caso, el derecho a retractarse es irrenunciable. El proyecto fue aprobado con amplio respaldo en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 119 votos a favor y solo cinco abstenciones, y fue valorado por poner a los NNA al centro del sistema.
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
En una jornada de alta tensión y sorpresa, el diputado por la región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), fue electo como el nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Su elección se concretó mediante un inédito mecanismo de tómbola, instancia que solo se había utilizado previamente en el contexto de acusaciones constitucionales, marcando un hito en la historia del Congreso. Ante esto, Castro se convierte así en el primer diputado de la región de Antofagasta en alcanzar la presidencia de la Cámara Baja. Compartirá la testera con el diputado de la Democracia Cristiana, Erik Aedo, quien asumirá como vicepresidente, y con Gaspar Rivas, del Partido de la Gente, que ocupará la segunda vicepresidencia. Asimismo, la elección no estuvo exenta de incertidumbre. En la primera votación, la diputada Camila Rojas obtuvo 75 preferencias, superando por un voto a José Miguel Castro, quien consiguió 74 sufragios. Al no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría absoluta requerida, se procedió a una segunda vuelta, la cual culminó en un empate. Ante la persistencia del empate en una tercera votación, la mesa directiva de la Cámara optó por recurrir al azar de la tómbola para definir al nuevo presidente. Ahora bien, con la elección de José Miguel Castro, la oposición parlamentaria asume el liderazgo de ambas cámaras del Congreso Nacional, considerando que el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, ya había sido electo previamente como presidente del Senado. Finalmente, tras confirmarse su victoria, el diputado Castro expresó su agradecimiento a su familia, a su equipo de trabajo y a la Región de Antofagasta. En un gesto que llamó la atención, también dedicó palabras de agradecimiento a las diputadas Pamela Jiles y Marisela Santibáñez.
