Como imputadas: Fiscalía cita a Ministra Fernández y senadora Allende por casa-museo
El Ministerio Público lidera una investigación contra ambas autoridades por la fallida adquisición por parte del Gobierno de la vivienda del exPresidente Allende.
Durante la presente jornada, se confirmó que la Fiscalía citó a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora (PS) Isabel Allende, en el marco de la investigación en su contra tras la fallida compra por parte del Gobierno de una vivienda del exPresidente Salvador Allende (1970-1973), buscando convertirla en una suerte de "casa-museo".
La indagatoria penal se inició por una denuncia que presentó el abogado y excandidato a constituyente por el Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, y quienes resulten responsables.
Vale recordar que la situación vio la luz pública los primeros días de enero cuando se conoció que el gobierno buscaba materializar la compra de las casas de los exjefes de Estado Patricio Aylwin y Salvador Allende, no obstante, la propiedad de éste último no se concretó.
Lo anterior, en base a que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra y nieta del otrora Mandatario, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento, al ser su hija.
Así las cosas, ambas personeras políticas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la persecusión penal que surgió tras la querella interpuesta.
Por una parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 de enero, mientras que la parlamentaria socialista al día siguiente, viernes 24 de enero.
Con todo, los coletazos que ha traído consigo el escenario descrito, desembocaron además en la renuncia de Marcela Sandoval al cargo de ministra de Bienes Nacionales. Asimismo, el Partido Republicano y Chile Vamos presentaron un requerimiento de destitución de la Maya Fernández e Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional (TC), petición que será revisada este jueves por el órgano para definir si la acoge o no.
11 de agosto de 2026
La víctima, una joven de 21 años, se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Antofagasta tras ser atropellada en la vía pública.



La Seremi de Salud detectó que en 9 de 11 fiscalizaciones a locales de venta de juguetes se incumplía la normativa vigente en materia de seguridad y etiquetado.
La justicia rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa, al no existir aún un informe favorable de Gendarmería, requisito clave para evaluar la libertad vigilada intensiva.
Los casos corresponden a la ballena jorobada que fue encontrada con una red de pesca en Hornitos, mientras que la otra corresponde a un lobo marino que apareció con heridas atribuibles a la acción humana.
Se dispondrán de horarios de dos funcionamiento; hasta las 4:00 de la madrugada para locales de sectores ubicados fuera de la ciudad y hasta la 01:00 horas en zonas residenciales.
Se constataron una serie de deficiencias como falta de operadores con certificación; fugas y corrosión en tuberías; y filtraciones activas en líneas de agua.
La imputada ofrecía obtener departamentos mediante gestiones especiales a cambio de dinero. Utilizaba documentos falsos y aseguraba tener apoyo de una supuesta funcionaria de Serviu.
Dirigente del TransAntofagasta acusa fallas en la validación de tarjetas, perjuicios a usuarios y conductores, y pide restablecer temporalmente el pago en efectivo.
El servicio ofició a la empresa tras recibir casi 40 reclamos por parte de los usuarios, quienes acusan cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones que no reconocen.
Los establecimientos quedaron entre los resultados más bajos en el ranking de gestión elaborado por el Ministerio de Salud, donde fueron evaluados 62 hospitales a nivel nacional.
La nueva infraestructura, diseñada bajo los estándares de la Ley de Accesibilidad Universal, incorpora una rampa de 160 metros, espacios de descanso y mobiliario urbano, promoviendo un acceso más inclusivo, seguro y equitativo para toda la comunidad universitaria.
















































































