Formalizan a dos sujetos por secuestro y microtráfico en Calama
El pasado 19 de agosto, dos individuos secuestraron a la víctima, amenazándola por una presunta deuda económica. La retuvieron en una vivienda en contra de su voluntad.
La Fiscalía de Calama ha formalizado cargos por secuestro contra un ciudadano chileno y un colombiano, ambos detenidos esta semana tras una operación conjunta entre el Equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI). La formalización también incluyó cargos de microtráfico de drogas para uno de los detenidos.
De acuerdo con la información proporcionada en la audiencia, los hechos se remontan al 19 de agosto, cuando la víctima, acompañada de una mujer, fue llevada a una vivienda en la comuna de Calama. Allí, ambos imputados la mantuvieron contra su voluntad, amenazándola debido a una presunta deuda económica.
Para forzar el pago de la deuda, los secuestradores obligaron a la víctima a comunicarse con familiares y amigos a través de WhatsApp, solicitando dinero. Además, tomaron fotos de la víctima con su propio teléfono móvil, las cuales enviaron a las personas contactadas para hacer la amenaza más creíble y urgente. La víctima permaneció retenida durante aproximadamente nueve horas, hasta que los secuestradores recibieron el dinero y finalmente la liberaron.
Ante la denuncia recibida, se activó rápidamente el trabajo del Equipo ECOH y la Biro, quienes lograron reunir la evidencia necesaria para obtener las órdenes de detención. Estas órdenes fueron ejecutadas esta semana por Carabineros y la PDI.
Durante el allanamiento del domicilio de uno de los detenidos, las autoridades encontraron envoltorios de cocaína y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de drogas. Como resultado, el detenido enfrentará también cargos por microtráfico.
Dada la gravedad de los delitos, el Juzgado de Garantía de Calama ha decretado prisión preventiva para ambos imputados, considerando el riesgo que representan para la seguridad de la sociedad y de la víctima. El plazo para la investigación se ha fijado en 120 días.
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