Fiscal Aguilar asume investigación por denuncia contra Díaz, Iriarte y Valderrama
El Ministerio Público inició una indagatoria tras la querella admitida parcialmente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que podría configurar el delito de apropiación indebida.
El Ministerio Público de Antofagasta recibió el pasado jueves 7 de noviembre los antecedentes de una querella presentada en el Juzgado de Garantía contra Ricardo Díaz, Waldo Valderrama y Pablo Iriarte. El fiscal Cristian Aguilar será el encargado de liderar la investigación, revisando la información para determinar las primeras diligencias, según confirmó la institución.
La querella, interpuesta por "Ckapin Abogados", involucra a la empresa "Habitarq Diseño de Arquitectura y Especialidades EIRL", formada por Valderrama e Iriarte. El documento sostiene que en 2021, la firma se adjudicó un proyecto por trato directo con el Gobierno Regional para habilitar una sede social en el sector Coviefi. El demandante, representado por "Fabián Siles SPA", alega no haber recibido pago por las obras realizadas.
Ante esto, el abogado Pablo Pavez, de "Ckapin Abogados", afirmó que la deuda original supera los dos millones de pesos, a los que se suman gastos por 15 millones en materiales y maquinaria. Según el abogado, "Habitarq" habría desconocido el encargo tras la polémica por la adjudicación directa, lo que, según la querella, configuraría un engaño para evitar el pago.
Por su parte, los acusados han rechazado las imputaciones. Pablo Iriarte, mediante un comunicado, sostuvo que la querella es un intento de desprestigio político, asegurando tener pruebas de pago y señalando que el contrato se cortó por incumplimientos del demandante. Iriarte también acusó una presunta extorsión, al haber recibido una solicitud de pago para evitar la acción legal.
Ricardo Díaz, por su parte, afirmó no haber sido notificado y rechazó cualquier vínculo con el proyecto, destacando que este fue acordado entre privados antes de su gestión como gobernador. “No hay ninguna transferencia de recursos públicos”, enfatizó Díaz, quien también adelantó que evaluará acciones legales por injurias.
Finalmente, el tribunal designó como defensora penal de los querellados a Andrea Astudillo, quien representará a Díaz, Valderrama e Iriarte en el proceso judicial en curso.
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Entró en vigencia la nueva ordenanza municipal que obliga a que las barberías y otros centros de estéticas de la capital regioanl, deben a cerrar antes de las 21:30 horas.
Uno de los recintos mantenía tarros en el piso con papas remojando en agua, mientras que el otro local no contaba con sistema de extracción y tampoco mantenía lavamanos.
Además, el tribunal confirmó la resolución que desestimó la solicitud de decretar la suspensión del procedimiento por enajenación mental del amparado.
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