Anuncian acciones legales contra DPR por Tomas VIP en Antofagasta
El abogado Daniel Guevara anunció que representará a siete familias afectadas por el desalojo en una acción judicial contra la Delegación Presidencial Regional.
Este martes el medio digital Timeline dio a conocer una entrevista realizada al abogado Daniel Guevara, el exseremi de Bienes Nacionales y exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, representará a siete familias afectadas con el desalojo ocurrido en el sector del Huáscar, donde estaban ubicadas las denominadas "Tomas VIP" en Antofagasta.
Fue el jueves de la semana pasada que la Delegación Presidencial Regional llevó a cabo la demolición de los inmuebles emplazados en terrenos -que según Bienes Nacionales- se encuentran fuera de loteo, por lo que no pueden permitirse edificaciones.
Según informa el medio digital, esta representación incluye a la cuestionada dirigenta del Partido Socialista (PS), Jacqueline Santander, quien habría contactado al abogado Daniel Guevara.
"Los bienes que se encontraban en ese terreno eran de su propiedad, ella había constituido morada y me parece grave e inaceptable que con un decreto ley de la dictadura -un gobierno de izquierda- que en teoría defiende la inclusión y el derecho a la vivienda, haciendo uso de este decreto, imponga de una manera extrema, como ni en dictadura se hizo, máquinas para destruir", manifiesta Guevara para Timeline.
Y sostiene, "leyendo algunas declaraciones de prensa, uno logra advertir que hay un ajuste de cuentas políticas, especialmente dentro del actual gobierno y uno de los partidos clave que es el PS".
En cuanto a las acciones judiciales que pretende llevar a cabo, el excandidato a senador con cupo de Chile Vamos, expresa que hay varias acciones. "Lo que hay que plantearse es si tiene atribuciones la delegada presidencial para ordenar un desalojo, destrucción y demolición de la propiedad privada"."
"Recientemente, la tercera sala de la Corte Suprema ha indicado que al poder del Estado que le corresponde ordenar, instruir un desalojo y eventualmente una demolición como lo ocurrido, es al Poder Judicial", asegura Guevara.
El profesional, estima "acá lo que hay es una acción de notable abandono de deberes de la delegada presidencial, el haber abusado de un decreto ley de la dictadura para imponer acciones que vulneran los derechos constitucionales de mis representados".
Guevara agrega que luego de la demolición ocurrió un "hurto masivo" de los enseres, que se habría desarrollado frente a Carabineros. Asimismo, apunta al alcalde Jonathan Velásquez, calificando sus acciones de "festinaje político" y que "raya en el abuso de lo que corresponde a una autoridad".
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Un conductor intentó atropellar a un funcionario de Carabineros para evadir un control, que se generó tras sorprender al sujeto circulando en contra del sentido del tránsito.
El ente estableció uno de los abogados asesores del Municipio, justificaba sus pagos a honorarios con causas judiciales que estaban cerradas antes de su gestión.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de las acciones previas para la demolición del inmueble, que será reemplazado por un edificio de 13 pisos aproximadamente.
Tras ser localizados, el equipo de emergencia logró llegar hasta los jóvenes aproximadamente a las 17:30 horas del martes, donde se encontrabas en condiciones de salud estables.
El conductor fue agredido tras un altercado, donde debió ser hospitalizado tras la fractura en la órbita de un ojo y la pérdida de piezas dentales.
El beneficio está disponible desde el 16 de febrero y el monto asciende a los $66.834 por carga o por familia, de acuerdo al tipo de beneficiario.
El persecutor Eduardo Ríos, habría presentado su renuncia a través de una carta. Antes de su salida, denunció al fiscal Juan Castro Bekios por maltrato laboral.
El operativo resultó con un detenido, chileno mayor de edad, mientras que cargamento ilícito estaría avaluado en más de 12 mil millones de pesos.
Los jóvenes fueron divisados con vida, mientras se estima que el equipo de emergencia podrá concretar el rescate con los jóvenes en aproximadamente cuatro horas
Luego de la reprogramación de la audiencia, la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta fue rechazada de forma unánime por el tribunal de alzada de Santiago.
