Este martes el medio digital Timeline dio a conocer una entrevista realizada al abogado Daniel Guevara, el exseremi de Bienes Nacionales y exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, representará a siete familias afectadas con el desalojo ocurrido en el sector del Huáscar, donde estaban ubicadas las denominadas "Tomas VIP" en Antofagasta.

Fue el jueves de la semana pasada que la Delegación Presidencial Regional llevó a cabo la demolición de los inmuebles emplazados en terrenos -que según Bienes Nacionales- se encuentran fuera de loteo, por lo que no pueden permitirse edificaciones.

Según informa el medio digital, esta representación incluye a la cuestionada dirigenta del Partido Socialista (PS), Jacqueline Santander, quien habría contactado al abogado Daniel Guevara. 

"Los bienes que se encontraban en ese terreno eran de su propiedad, ella había constituido morada y me parece grave e inaceptable que con un decreto ley de la dictadura -un gobierno de izquierda- que en teoría defiende la inclusión y el derecho a la vivienda, haciendo uso de este decreto, imponga de una manera extrema, como ni en dictadura se hizo, máquinas para destruir", manifiesta Guevara para Timeline.

Y sostiene, "leyendo algunas declaraciones de prensa, uno logra advertir que hay un ajuste de cuentas políticas, especialmente dentro del actual gobierno y uno de los partidos clave que es el PS".

En cuanto a las acciones judiciales que pretende llevar a cabo, el excandidato a senador con cupo de Chile Vamos, expresa que hay varias acciones. "Lo que hay que plantearse es si tiene atribuciones la delegada presidencial para ordenar un desalojo, destrucción y demolición de la propiedad privada"."

"Recientemente, la tercera sala de la Corte Suprema ha indicado que al poder del Estado que le corresponde ordenar, instruir un desalojo y eventualmente una demolición como lo ocurrido, es al Poder Judicial", asegura Guevara.

El profesional, estima "acá lo que hay es una acción de notable abandono de deberes de la delegada presidencial, el haber abusado de un decreto ley de la dictadura para imponer acciones que vulneran los derechos constitucionales de mis representados".

Guevara agrega que luego de la demolición ocurrió un "hurto masivo" de los enseres, que se habría desarrollado frente a Carabineros. Asimismo, apunta al alcalde Jonathan Velásquez, calificando sus acciones de "festinaje político" y que "raya en el abuso de lo que corresponde a una autoridad".