Agenda de Diputados de Antofagasta con foco en el crimen

El análisis de la labor parlamentaria de los diputados de la Región de Antofagasta (2022-2026) revela un fuerte enfoque en seguridad y prevención del delito, con iniciativas que abarcan desde la fiscalización de la criminalidad transnacional hasta proyectos de ley específicos.

Una de las instancias clave ha sido la Comisión Especial Investigadora N°11 sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, presidida por el diputado Jaime Araya e integrada por José Miguel Castro y Yovana Ahumada. La comisión ha advertido la presencia de pandillas internacionales como las “maras” y el aumento de homicidios, delitos sexuales y porte ilegal de armas, lo que motivó visitas a terreno en Antofagasta para escuchar a autoridades locales.

En materia legislativa, Araya impulsó el proyecto de ley contra las “narcoavionetas”, que busca crear un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo para interceptar vuelos clandestinos ligados al narcotráfico, y la moción contra la “narcocultura” en eventos masivos, que exige mayores medidas de seguridad para evitar que conciertos se conviertan en escenarios de violencia o apología del crimen.

Por su parte, Sebastián Videla ha destacado en la Comisión Investigadora N°72 sobre robo de cables de cobre, delito en aumento que alcanzó 461 casos en 2025. Además, denunció el tráfico de autos robados hacia Venezuela, alertando sobre los riesgos de seguridad fronteriza. Catalina Pérez patrocinó un proyecto que endurece penas por receptación en pasos no habilitados, mientras que Yovana Ahumada ha fiscalizado la inseguridad derivada de tomas ilegales y consumo de drogas en sectores vulnerables.

En el plano institucional, José Miguel Castro ha exigido respuestas urgentes frente a la liberación de un sicario y los vínculos del narcotráfico con las Fuerzas Armadas, mientras Araya ha cuestionado la falta de control migratorio y aéreo en la zona norte.

El informe concluye que, pese a diferencias políticas, la bancada regional ha coincidido en situar la seguridad como prioridad, articulando propuestas legales, fiscalización y presión pública ante un escenario delictual cada vez más complejo en la macrozona norte.

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