Sobreestimación en Codelco generó bonos por US$14 millones

Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera.

Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales.

Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados.

La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas.

De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior.

Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.

El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país.

La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.

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