Tres de las principales divisiones de Codelco ubicadas en la Región de Antofagasta fueron objeto de diligencias investigativas durante esta semana, en el marco de una indagatoria por una presunta sobrestimación de la producción de la minera estatal. El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Regional de O’Higgins, a cargo del fiscal Aquiles Cubillos, y contó con la participación de la Fiscalía de Delitos Especializados y peritos de la Policía de Investigaciones. Durante tres días, los equipos se trasladaron hasta las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, todas emplazadas en la zona de Calama y que forman parte de las operaciones estratégicas que Codelco mantiene en la Región de Antofagasta. El objetivo de las diligencias fue profundizar en los antecedentes de la investigación y conocer directamente los procesos productivos relacionados con los hechos que están siendo indagados. Según explicó el fiscal regional Aquiles Cubillos, durante las visitas los investigadores sostuvieron reuniones con distintos ejecutivos de Codelco, quienes detallaron las etapas y características de los procesos desarrollados en cada una de las faenas. El trabajo no quedó solamente en la revisión de antecedentes. Fiscales y peritos también realizaron inspecciones en terreno para conocer los lugares, materiales y procedimientos involucrados en las operaciones. Estas diligencias, de acuerdo con el persecutor, permitieron observar directamente cómo se desarrolla el proceso asociado a la presunta sobrestimación de la producción y comprender las particularidades existentes entre Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales. Cubillos calificó el despliegue como una instancia “muy útil” para avanzar en la investigación, considerando especialmente la complejidad técnica que presentan los procesos productivos de la gran minería del cobre. La presencia de los equipos investigadores en estas tres divisiones adquiere especial relevancia regional debido al peso que las operaciones de Codelco tienen en la actividad minera de Antofagasta y particularmente en la provincia de El Loa. Por ahora, los antecedentes proporcionados no detallan eventuales responsabilidades individuales, montos involucrados ni el periodo específico durante el cual se habría producido la presunta sobrestimación. Las diligencias forman parte de una investigación que continúa en desarrollo y que busca establecer cómo se habría generado esta eventual diferencia en los registros de producción de la estatal. Con las inspecciones realizadas en Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, el Ministerio Público busca contar con antecedentes técnicos y conocimiento directo de los procesos para avanzar en el esclarecimiento de una investigación que mantiene bajo análisis las operaciones de Codelco en el norte del país. https://www.instagram.com/reel/DcBj9WyR18x/?utm_source=ig_web_copy_link&igsi=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
Tres de las principales divisiones de Codelco ubicadas en la Región de Antofagasta fueron objeto de diligencias investigativas durante esta semana, en el marco de una indagatoria por una presunta sobrestimación de la producción de la minera estatal. El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Regional de O’Higgins, a cargo del fiscal Aquiles Cubillos, y contó con la participación de la Fiscalía de Delitos Especializados y peritos de la Policía de Investigaciones. Durante tres días, los equipos se trasladaron hasta las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, todas emplazadas en la zona de Calama y que forman parte de las operaciones estratégicas que Codelco mantiene en la Región de Antofagasta. El objetivo de las diligencias fue profundizar en los antecedentes de la investigación y conocer directamente los procesos productivos relacionados con los hechos que están siendo indagados. Según explicó el fiscal regional Aquiles Cubillos, durante las visitas los investigadores sostuvieron reuniones con distintos ejecutivos de Codelco, quienes detallaron las etapas y características de los procesos desarrollados en cada una de las faenas. El trabajo no quedó solamente en la revisión de antecedentes. Fiscales y peritos también realizaron inspecciones en terreno para conocer los lugares, materiales y procedimientos involucrados en las operaciones. Estas diligencias, de acuerdo con el persecutor, permitieron observar directamente cómo se desarrolla el proceso asociado a la presunta sobrestimación de la producción y comprender las particularidades existentes entre Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales. Cubillos calificó el despliegue como una instancia “muy útil” para avanzar en la investigación, considerando especialmente la complejidad técnica que presentan los procesos productivos de la gran minería del cobre. La presencia de los equipos investigadores en estas tres divisiones adquiere especial relevancia regional debido al peso que las operaciones de Codelco tienen en la actividad minera de Antofagasta y particularmente en la provincia de El Loa. Por ahora, los antecedentes proporcionados no detallan eventuales responsabilidades individuales, montos involucrados ni el periodo específico durante el cual se habría producido la presunta sobrestimación. Las diligencias forman parte de una investigación que continúa en desarrollo y que busca establecer cómo se habría generado esta eventual diferencia en los registros de producción de la estatal. Con las inspecciones realizadas en Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, el Ministerio Público busca contar con antecedentes técnicos y conocimiento directo de los procesos para avanzar en el esclarecimiento de una investigación que mantiene bajo análisis las operaciones de Codelco en el norte del país. https://www.instagram.com/reel/DcBj9WyR18x/?utm_source=ig_web_copy_link&igsi=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
