Revelan que Bienes Nacionales habría advertido "consecuencias" por compra de casa de Allende
Según Ciper, desde la cartera alertaron sobre "consecuencias políticas", mas no sobre el carácter inconstitucional de la operación.
Este jueves, Ciper reveló que el Ministerio de Bienes Nacionales, y en particular la extitular de la cartera Marcela Sandoval, advirtieron a la Presidencia que la compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo, podría generar un impacto político.
En rigor, según el citado medio, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron que la compra del inmueble podría traer consecuencias “comunicacionales negativas”, aunque nunca se habló que podría ser inconstitucional como lo es por ley.
Cabe recordar que la transacción involucraba a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, ambas propietarias del inmueble, escenario que está expresamente prohibido por disposición legal.
En este contexto, el hecho habría sido comunicado al equipo del Presidente Gabriel Boric en, al menos, tres reuniones ocurridas entre junio y noviembre de 2024.Además, esto lo habría transmitido la entonces ministra Marcela Sandoval -quien tuvo que dejar su cargo a raíz de la crisis- al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno.
El reportaje además, refiere que Moreno le habría indicado a Sandoval que los reparos planteados por Bienes Nacionales se tratarían de un “problema comunicacional" del que se haría cargo Presidencia.
Cuando el caso fue advertido por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos, el Presidente Boric le pidió la renuncia a la exministra Sandoval para hacer valer las “responsabilidades políticas” del caso.
Así las cosas, desde la Oposición buscan la salida también de la ministra Fernández, a quien acusarán constitucionalmente según anunció el Partido Republicano, y de la senadora Allende, que ya fue acusada ante el Tribunal Constitucional.
Con todo, actualmente la compra es investigada por presunto fraude al fisco. Entre los testigos e imputados que han declarado ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, figuran la ministra Fernández y la senadora Allende, quienes se acogieron a su derecho a guardar silencio. También han prestado testimonio funcionarios de Bienes Nacionales, del Ministerio de Cultura y de la Contraloría.
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