ANEF apunta a Gore Antofagasta por traspaso de fondos a fundación jesuita
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que los trabajadores del GORE recibieron capacitaciones, pero que la fundación jesuita no trabaja en las oficinas del Gobierno Regional.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ha denunciado ante la Contraloría del Gobierno Regional de Antofagasta un convenio en el cual se habrían entregado 118 millones de pesos a la fundación jesuita "En todo amar y servir". Según los dirigentes de la ANEF, trabajadores de la institución habrían accedido a documentos del GORE y formado un equipo "paralelo" en las oficinas de la repartición pública.
La presidenta de la ANEF en Antofagasta, Nora Biaggini, ha presentado todos los antecedentes que han llamado la atención a la Contraloría para que se esclarezcan los hechos. También se sospecha de la actual jefa de la División de Desarrollo Social de Antofagasta, Lizza Aravena, quien anteriormente fue jefa del Servicio Jesuita a Migrantes.
El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, ha hecho referencia a este tema y la diputada independiente por la Región de Antofagasta, Yovanna Ahumada, ha solicitado que la Contraloría se pronuncie y aclare si existen irregularidades en la relación del Estado con fundaciones.
En una entrevista con el diario El Mercurio, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que los trabajadores del GORE recibieron capacitaciones, pero que la fundación jesuita no trabaja en las oficinas del Gobierno Regional.
Por su parte, la fundación jesuita emitió un comunicado en su página web defendiéndose de las acusaciones. Han destacado que actualmente están ejecutando el proyecto "Juntos fortaleciendo la postulación a proyectos" desde el Centro Comunitario Oscar Romero, ubicado en el sector de Bonilla. Además, han detallado que durante el primer mes de desarrollo del proyecto, en mayo de 2023, cuatro de sus funcionarios recibieron un proceso de inducción en las oficinas del Gobierno Regional, pero nunca utilizaron recursos del GORE ni cumplieron funciones de DIDESO. Han asegurado que mensualmente entregan informes al Gobierno Regional detallando las actividades desarrolladas por el equipo y se han puesto a disposición de la Contraloría para aclarar los objetivos y revisar la ejecución del proyecto.

1 de abril de 2026
Desde la inspectoría del establecimiento educacional, informaron la activación del plan de respuesta frente a riesgo de atentado, luego de amenazas de tiroteo en el recinto.



5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
21 de octubre de 2025
5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
La familia se encontraba en la Región Metropolitana por motivo médicos. Tras el ataque, el agresor se comunicó con su jefe que estaba en Calama, para confesar el crimen.
Según información preliminar, el avión comercial viajaba con destino a Santiago con 246 pasajeros a bordo. Tras la emergencia, el aeropuerto se mantiene operativo.
La Delegada Presidencial de Antofagasta, Katherine López, sería una de las seis autoridades de gobierno que registran deudas por el Fondo Solidario del Crédito Universitario.
Pese a que el local se encontraba cerrado, las autoridades levantaron un acta con las medidas y además, decretaron prohibición de funcionamiento de otro restaurante en el sector.
La universidad debía financiar los servicios básicos del edificio donde actualmente funciona el Hospital Clínico, pero el Servicio de Salud sigue pagando los gastos desde 2018.
La manifestación convocó a distintos profesionales de la educación y fue convocada en respuesta al homicidio de la inspectora María Victoria Reyes, ocurrido en Calama.
El altercado se registró en las afueras de un local nocturno ubicado en la esquina de las calles Esmeralda con José Antonio Moreno de la comuna.
Un estudiante de 15 años permanece en estado crítico en el Hospital Regional de Antofagasta, mientras una funcionaria evoluciona favorablemente en Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Lezaeta.
PDI reúne pruebas para formalizar a estudiante de 18 años por homicidio calificado y tres frustrados tras el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó una inspectora fallecida.
La educadora de párvulos, psicopedagoga y magister en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, Paula Rodríguez Espinoza, conducirá la cartera.

























































































