El Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta ha iniciado una investigación sumaria interna, instruida por la propia entidad, con el objetivo de determinar responsabilidades ante incumplimientos detectados en materia de transparencia activa. La decisión se toma luego de que diversas fiscalizaciones, realizadas entre el 3 y el 20 de marzo de 2025, evidenciaran falencias principalmente relacionadas con la falta de actualización de información y la adecuada creación de subsecciones en su portal de transparencia. Ante esto, según un comunicado emitido por el GORE Antofagasta, la necesidad de esta acción esefectiva, y subraya que estas deficiencias no solo se encontraron en esta región, sino también en otros gobiernos regionales del país. Asimismo, en un esfuerzo por subsanar la situación, el GORE Antofagasta ha reestructurado completamente su unidad de transparencia activa. Como parte de esta reorganización, y por primera vez en la historia de la gestión regional, se ha asignado una persona con dedicación exclusiva para atender los temas de transparencia. Además, desde comienzos de 2025, el gobierno regional ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar un alto grado de cumplimiento con las observaciones entregadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Actualmente, aseguran, el cumplimiento de estas observaciones escasi total. Del mismo modo, el GORE Antofagasta confía en que las acciones implementadas contribuirán a posicionar al gobierno regional en los niveles más altos de cumplimiento a nivel país en materia de transparencia. La institución acoge las directrices del Consejo para la Transparencia y se compromete a tomar las medidas necesarias para revertir completamente la situación, asegurando el acatamiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia. Finalmente, en relación a la investigación sumaria en curso, el GORE Antofagasta ha señalado que es una acción de colaboración que busca aportar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos.
Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
El Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta se pronunció hoy respecto a la reciente fiscalización que detectó incumplimientos en materia de transparencia activa, una situación que, según indicaron, ya está siendo abordada conacciones inmediatas. La auditoría, realizada a principios de 2025, puso de manifiesto la falta de actualización y creación de subsecciones en su información pública, así como deficiencias en el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ante esta situación, el GORE Antofagasta informó que existe una investigación sumaria en curso para determinar las responsabilidades correspondientes. Como parte de las medidas correctivas, la unidad de transparencia activa y pasiva del GORE fue completamente reestructurada en enero de 2025. Además, por primera vez en la historia del gobierno regional, se designó a una persona con dedicación exclusiva para atender estos temas. Desde la entidad, aseguraron que, gracias a los esfuerzos iniciados a comienzos de año para alcanzar ungrado de cumplimiento total y atender las observaciones del Consejo para la Transparencia, actualmente se encuentran con uncumplimiento casi total. Finalmente, el GORE Antofagasta manifestó su confianza en que estos cambios permitirán posicionarse en los niveles más altos de cumplimiento a nivel país, acogiendo así el llamado del Consejo para la Transparencia y reafirmando su compromiso con lo establecido en la Ley de Transparencia.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó este 2 de julio su Informe de Fiscalización 2025, revelando un preocupante retroceso en el cumplimiento de la transparencia activa por parte de los 16 Gobiernos Regionales del país. El promedio nacional cayó a un 76,06%, el más bajo desde 2010. El Gobierno Regional de Antofagasta destacó negativamente, con solo un 57,9% de cumplimiento, ubicándose entre los cinco peores del país. El informe evidencia graves falencias en ítems como modificaciones presupuestarias (35,7%), presupuesto asignado (37,5%) y participación ciudadana. También se detectaron diferencias entre lo informado al CPLT y lo publicado en sus plataformas. Natalia González, presidenta del Consejo, expresó preocupación por la persistencia de estos errores, especialmente en contextos investigativos del Ministerio Público. En Antofagasta, esto se suma a una serie de cuestionamientos públicos sobre manejo de recursos. El CPLT llamó a mejorar urgentemente los estándares de transparencia en todo el país. Lee el informe acá:
El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
El Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta ha iniciado una investigación sumaria interna, instruida por la propia entidad, con el objetivo de determinar responsabilidades ante incumplimientos detectados en materia de transparencia activa. La decisión se toma luego de que diversas fiscalizaciones, realizadas entre el 3 y el 20 de marzo de 2025, evidenciaran falencias principalmente relacionadas con la falta de actualización de información y la adecuada creación de subsecciones en su portal de transparencia. Ante esto, según un comunicado emitido por el GORE Antofagasta, la necesidad de esta acción esefectiva, y subraya que estas deficiencias no solo se encontraron en esta región, sino también en otros gobiernos regionales del país. Asimismo, en un esfuerzo por subsanar la situación, el GORE Antofagasta ha reestructurado completamente su unidad de transparencia activa. Como parte de esta reorganización, y por primera vez en la historia de la gestión regional, se ha asignado una persona con dedicación exclusiva para atender los temas de transparencia. Además, desde comienzos de 2025, el gobierno regional ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar un alto grado de cumplimiento con las observaciones entregadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Actualmente, aseguran, el cumplimiento de estas observaciones escasi total. Del mismo modo, el GORE Antofagasta confía en que las acciones implementadas contribuirán a posicionar al gobierno regional en los niveles más altos de cumplimiento a nivel país en materia de transparencia. La institución acoge las directrices del Consejo para la Transparencia y se compromete a tomar las medidas necesarias para revertir completamente la situación, asegurando el acatamiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia. Finalmente, en relación a la investigación sumaria en curso, el GORE Antofagasta ha señalado que es una acción de colaboración que busca aportar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos.
Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
El Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta se pronunció hoy respecto a la reciente fiscalización que detectó incumplimientos en materia de transparencia activa, una situación que, según indicaron, ya está siendo abordada conacciones inmediatas. La auditoría, realizada a principios de 2025, puso de manifiesto la falta de actualización y creación de subsecciones en su información pública, así como deficiencias en el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ante esta situación, el GORE Antofagasta informó que existe una investigación sumaria en curso para determinar las responsabilidades correspondientes. Como parte de las medidas correctivas, la unidad de transparencia activa y pasiva del GORE fue completamente reestructurada en enero de 2025. Además, por primera vez en la historia del gobierno regional, se designó a una persona con dedicación exclusiva para atender estos temas. Desde la entidad, aseguraron que, gracias a los esfuerzos iniciados a comienzos de año para alcanzar ungrado de cumplimiento total y atender las observaciones del Consejo para la Transparencia, actualmente se encuentran con uncumplimiento casi total. Finalmente, el GORE Antofagasta manifestó su confianza en que estos cambios permitirán posicionarse en los niveles más altos de cumplimiento a nivel país, acogiendo así el llamado del Consejo para la Transparencia y reafirmando su compromiso con lo establecido en la Ley de Transparencia.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó este 2 de julio su Informe de Fiscalización 2025, revelando un preocupante retroceso en el cumplimiento de la transparencia activa por parte de los 16 Gobiernos Regionales del país. El promedio nacional cayó a un 76,06%, el más bajo desde 2010. El Gobierno Regional de Antofagasta destacó negativamente, con solo un 57,9% de cumplimiento, ubicándose entre los cinco peores del país. El informe evidencia graves falencias en ítems como modificaciones presupuestarias (35,7%), presupuesto asignado (37,5%) y participación ciudadana. También se detectaron diferencias entre lo informado al CPLT y lo publicado en sus plataformas. Natalia González, presidenta del Consejo, expresó preocupación por la persistencia de estos errores, especialmente en contextos investigativos del Ministerio Público. En Antofagasta, esto se suma a una serie de cuestionamientos públicos sobre manejo de recursos. El CPLT llamó a mejorar urgentemente los estándares de transparencia en todo el país. Lee el informe acá:
El Gobierno Regional de Antofagasta reconoció oficialmente la existencia de un sumario administrativo reservado por presuntas irregularidades en el uso del sistema de control de asistencia GeoVictoria, plataforma que permite registrar la jornada laboral mediante dispositivos móviles con geolocalización. La investigación fue activada tras una solicitud ciudadana ingresada el 29 de mayo de 2025 a través de la Ley de Transparencia. En ella, se solicitó información detallada sobre el acto administrativo que dio origen al sumario, los funcionarios involucrados, las ubicaciones de las marcaciones irregulares y las medidas adoptadas hasta ahora. Mediante la Resolución Exenta N°1006, firmada por la gobernadora subrogante Patricia Carolina Lanas Veliz, el GORE confirmó la existencia del proceso disciplinario, pero denegó la entrega de antecedentes aludiendo al artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia N°20.285, que permite mantener reservado un procedimiento disciplinario mientras se encuentre en curso, con el fin de no entorpecer la investigación. Según trascendidos, varios funcionarios públicos habrían registrado su asistencia desde sus hogares u otras ubicaciones fuera de sus lugares de trabajo, aprovechando la flexibilidad del sistema GeoVictoria, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa. En paralelo, denuncias internas bajo anonimato alertaron que habría intentos por silenciar el caso, dado que algunos de los involucrados serían funcionarios de confianza del gobernador regional Ricardo Díaz. Estas versiones aseguran que se buscó evitar la publicidad del sumario para proteger políticamente al círculo cercano de la autoridad. Hasta la fecha, no se ha informado cuántos funcionarios están siendo investigados, ni qué sanciones se han aplicado o se podrían aplicar. Tampoco se han detallado medidas concretas para corregir y reforzar el control del sistema de asistencia. Este nuevo caso se da en un contexto de creciente malestar ciudadano frente a diversos abusos en el aparato estatal, como el uso irregular de licencias médicas, lo que ha reabierto el debate sobre la ética y responsabilidad en el servicio público.
