Una grave denuncia marcó la reciente sesión ampliada del Consejo Regional de Antofagasta (CORE), donde se presentaron los resultados de la auditoría externa realizada por la empresa Fortunato y Asociados al Centro Científico y Tecnológico (CICITEM). El informe, solicitado por el Gobierno Regional, detectó severas irregularidades financieras, entre ellas traspasos desde cuentas institucionales a personales, falta de control interno y manejo irregular de recursos públicos. El gobernador Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto fraude al fisco, señalando que el monto involucrado asciende a unos $400 millones. “La auditoría revela que el ex administrador del CICITEM habría transferido fondos a sus propias cuentas, sin control ni supervisión”, afirmó. Díaz añadió que el Gobierno Regional suspendió todo traspaso de recursos al centro y evalúa interponer una querella penal, además de revisar su continuidad como socio. “Las condiciones actuales del CICITEM no garantizan seguridad en el uso de fondos públicos”, subrayó. Desde el CORE, los consejeros coincidieron en la gravedad del informe. Emilio Mavrakis denunció la existencia de 16 cuentas corrientes y una denominada “cuenta saco” utilizada para desviar fondos. Patricio Tapia calificó la situación como “gravísima” y Dusanka Flores lamentó que “los trabajadores honestos del centro enfrenten las consecuencias de la mala gestión”. Rubén Rojo, su gerente, el principal involucrado (extraída de nota del 28 de enero de 2025) “Uno se da cuenta que había cosas que no correspondían”. Así parte el testimonio de una fuente cercana al Centro Científico Tecnológico Región de Antofagasta (CICITEM), en medio del caso que involucra a su actual director gerente, Rubén Rojo, quien por esos día protagonizó un accidente en la Ruta 5, y que es apuntado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos institucionales con fines personales. Según antecedentes entregados desde la propia administración del centro, el hecho estaría vinculado al uso indebido de recursos asignados a proyectos científicos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La alerta habría surgido durante la revisión de las cartolas bancarias de una iniciativa financiada por dicha entidad, que exige un manejo exclusivo de sus cuentas sin ingresos ni retiros externos. “Fue ahí donde saltó la alerta”, relató la fuente, quien precisó que el aviso inicial provino del investigador titular de minería y del jefe de administración y finanzas del CICITEM. El proyecto afectado tenía un alto valor estratégico y científico para la región, por lo que esta situación amenaza con dañar gravemente la reputación y credibilidad del centro, además de comprometer futuras adjudicaciones. De acuerdo con información extraoficial, entre 200 y 500 millones de pesos habrían sido transferidos desde cuentas del CICITEM a una cuenta personal de Rubén Rojo, quien sería el único autorizado para realizar movimientos financieros dentro de la institución. Las irregularidades se detectaron cuando se preparaba el pago de remuneraciones del mes de enero. El gobernador regional Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que “los antecedentes son graves y fundados, por lo que corresponde que la Fiscalía investigue para resguardar los recursos públicos del Gobierno Regional”. La investigación busca determinar la magnitud del perjuicio fiscal y las responsabilidades administrativas y penales que podrían derivarse de este presunto desvío de fondos.
Este lunes se conocieron los detalles del Presupuesto 2026 para los Gobiernos Regionales (GORES), que contempla una disminución general de -2,3% a nivel nacional. En cifras, el monto asignado asciende a $1.646.576.024, lo que representa $38.069.777 menos que en 2025. Del total de las 16 regiones, 12 verán reducidos sus recursos, mientras que 4 registrarán incrementos. Entre las bajas más significativas se encuentran: Aysén (-6,9%), gobernada por Marcelo Santana (UDI); Maule (-6,2%), encabezada por Pedro Álvarez-Salamanca (UDI); Los Lagos (-5,9%), liderada por Alejandro Santana (RN); Arica y Parinacota (-5,8%), con Diego Paco Mamani (RN); Ñuble (-5%), bajo la administración de Óscar Crisóstomo (PS). Por el contrario, las regiones que experimentarán alzas son: O’Higgins (+5,3%), liderada por Pablo Silva (PS); Antofagasta (+2,3%), con Ricardo Díaz (Independiente, ex RD); Tarapacá (+1,5%), encabezada por José Miguel Carvajal (INDP-PPD); Región Metropolitana (+1,4%), bajo la gestión de Claudio Orrego (DC). El ajuste presupuestario ha generado debate en torno a la capacidad de los gobiernos regionales para sostener programas sociales y de inversión, especialmente en aquellas zonas que presentan los recortes más profundos.
El pasado martes, representantes de diversas gobernaciones regionales sostuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en Teatinos 120, para abordar el marco del Presupuesto 2026. Sin embargo, los asistentes —entre ellos Pablo Silva (O’Higgins), Jorge Flies (Magallanes) y Sergio Giacaman (Biobío)— coincidieron en expresar su descontento frente a la propuesta de recortes. Según trascendió, 12 de las 16 regiones verían reducidos sus recursos en porcentajes que fluctúan entre un 0,4% y un 6,9%. Entre las más golpeadas se encuentran Aysén, Los Lagos, Arica y Parinacota, Antofagasta y Ñuble. En contraste, la Región Metropolitana figura entre las pocas que experimentarían un alza en su presupuesto. En total, la reducción bordearía el 1,9%. “Nos quedamos con una sensación amarga, entendiendo que el país necesita equilibrio, pero no estamos contentos con esta disminución”, afirmó Silva, presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), pese a que O’Higgins será de las pocas regiones con aumento. Desde Los Lagos, Alejandro Santana fue más duro: “Es el peor presupuesto desde 2018, con una caída real cercana al 10%. Atenta contra el corazón de los proyectos sociales y sectoriales”. El gobernador anunció reuniones de urgencia con parlamentarios para enfrentar la situación. Por su parte, Giacaman advirtió que los recortes afectan principalmente a regiones gobernadas por Chile Vamos: “El 60% de los chilenos vive en regiones. Si queremos combatir el desempleo, el foco debe estar en ellas”. En tanto, Flies subrayó que la baja del -1,9% es nominal y que, sumado al IPC, el impacto será aún mayor. No obstante, valoró que el Gobierno se abriera a flexibilizar los tiempos de ejecución presupuestaria. La Dirección de Presupuestos señaló que se referirá oficialmente a las cifras al momento de presentar el proyecto ante el Congreso.
El Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta ha iniciado una investigación sumaria interna, instruida por la propia entidad, con el objetivo de determinar responsabilidades ante incumplimientos detectados en materia de transparencia activa. La decisión se toma luego de que diversas fiscalizaciones, realizadas entre el 3 y el 20 de marzo de 2025, evidenciaran falencias principalmente relacionadas con la falta de actualización de información y la adecuada creación de subsecciones en su portal de transparencia. Ante esto, según un comunicado emitido por el GORE Antofagasta, la necesidad de esta acción esefectiva, y subraya que estas deficiencias no solo se encontraron en esta región, sino también en otros gobiernos regionales del país. Asimismo, en un esfuerzo por subsanar la situación, el GORE Antofagasta ha reestructurado completamente su unidad de transparencia activa. Como parte de esta reorganización, y por primera vez en la historia de la gestión regional, se ha asignado una persona con dedicación exclusiva para atender los temas de transparencia. Además, desde comienzos de 2025, el gobierno regional ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar un alto grado de cumplimiento con las observaciones entregadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Actualmente, aseguran, el cumplimiento de estas observaciones escasi total. Del mismo modo, el GORE Antofagasta confía en que las acciones implementadas contribuirán a posicionar al gobierno regional en los niveles más altos de cumplimiento a nivel país en materia de transparencia. La institución acoge las directrices del Consejo para la Transparencia y se compromete a tomar las medidas necesarias para revertir completamente la situación, asegurando el acatamiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia. Finalmente, en relación a la investigación sumaria en curso, el GORE Antofagasta ha señalado que es una acción de colaboración que busca aportar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos.
Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
Una grave denuncia marcó la reciente sesión ampliada del Consejo Regional de Antofagasta (CORE), donde se presentaron los resultados de la auditoría externa realizada por la empresa Fortunato y Asociados al Centro Científico y Tecnológico (CICITEM). El informe, solicitado por el Gobierno Regional, detectó severas irregularidades financieras, entre ellas traspasos desde cuentas institucionales a personales, falta de control interno y manejo irregular de recursos públicos. El gobernador Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto fraude al fisco, señalando que el monto involucrado asciende a unos $400 millones. “La auditoría revela que el ex administrador del CICITEM habría transferido fondos a sus propias cuentas, sin control ni supervisión”, afirmó. Díaz añadió que el Gobierno Regional suspendió todo traspaso de recursos al centro y evalúa interponer una querella penal, además de revisar su continuidad como socio. “Las condiciones actuales del CICITEM no garantizan seguridad en el uso de fondos públicos”, subrayó. Desde el CORE, los consejeros coincidieron en la gravedad del informe. Emilio Mavrakis denunció la existencia de 16 cuentas corrientes y una denominada “cuenta saco” utilizada para desviar fondos. Patricio Tapia calificó la situación como “gravísima” y Dusanka Flores lamentó que “los trabajadores honestos del centro enfrenten las consecuencias de la mala gestión”. Rubén Rojo, su gerente, el principal involucrado (extraída de nota del 28 de enero de 2025) “Uno se da cuenta que había cosas que no correspondían”. Así parte el testimonio de una fuente cercana al Centro Científico Tecnológico Región de Antofagasta (CICITEM), en medio del caso que involucra a su actual director gerente, Rubén Rojo, quien por esos día protagonizó un accidente en la Ruta 5, y que es apuntado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos institucionales con fines personales. Según antecedentes entregados desde la propia administración del centro, el hecho estaría vinculado al uso indebido de recursos asignados a proyectos científicos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La alerta habría surgido durante la revisión de las cartolas bancarias de una iniciativa financiada por dicha entidad, que exige un manejo exclusivo de sus cuentas sin ingresos ni retiros externos. “Fue ahí donde saltó la alerta”, relató la fuente, quien precisó que el aviso inicial provino del investigador titular de minería y del jefe de administración y finanzas del CICITEM. El proyecto afectado tenía un alto valor estratégico y científico para la región, por lo que esta situación amenaza con dañar gravemente la reputación y credibilidad del centro, además de comprometer futuras adjudicaciones. De acuerdo con información extraoficial, entre 200 y 500 millones de pesos habrían sido transferidos desde cuentas del CICITEM a una cuenta personal de Rubén Rojo, quien sería el único autorizado para realizar movimientos financieros dentro de la institución. Las irregularidades se detectaron cuando se preparaba el pago de remuneraciones del mes de enero. El gobernador regional Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que “los antecedentes son graves y fundados, por lo que corresponde que la Fiscalía investigue para resguardar los recursos públicos del Gobierno Regional”. La investigación busca determinar la magnitud del perjuicio fiscal y las responsabilidades administrativas y penales que podrían derivarse de este presunto desvío de fondos.
Este lunes se conocieron los detalles del Presupuesto 2026 para los Gobiernos Regionales (GORES), que contempla una disminución general de -2,3% a nivel nacional. En cifras, el monto asignado asciende a $1.646.576.024, lo que representa $38.069.777 menos que en 2025. Del total de las 16 regiones, 12 verán reducidos sus recursos, mientras que 4 registrarán incrementos. Entre las bajas más significativas se encuentran: Aysén (-6,9%), gobernada por Marcelo Santana (UDI); Maule (-6,2%), encabezada por Pedro Álvarez-Salamanca (UDI); Los Lagos (-5,9%), liderada por Alejandro Santana (RN); Arica y Parinacota (-5,8%), con Diego Paco Mamani (RN); Ñuble (-5%), bajo la administración de Óscar Crisóstomo (PS). Por el contrario, las regiones que experimentarán alzas son: O’Higgins (+5,3%), liderada por Pablo Silva (PS); Antofagasta (+2,3%), con Ricardo Díaz (Independiente, ex RD); Tarapacá (+1,5%), encabezada por José Miguel Carvajal (INDP-PPD); Región Metropolitana (+1,4%), bajo la gestión de Claudio Orrego (DC). El ajuste presupuestario ha generado debate en torno a la capacidad de los gobiernos regionales para sostener programas sociales y de inversión, especialmente en aquellas zonas que presentan los recortes más profundos.
El pasado martes, representantes de diversas gobernaciones regionales sostuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en Teatinos 120, para abordar el marco del Presupuesto 2026. Sin embargo, los asistentes —entre ellos Pablo Silva (O’Higgins), Jorge Flies (Magallanes) y Sergio Giacaman (Biobío)— coincidieron en expresar su descontento frente a la propuesta de recortes. Según trascendió, 12 de las 16 regiones verían reducidos sus recursos en porcentajes que fluctúan entre un 0,4% y un 6,9%. Entre las más golpeadas se encuentran Aysén, Los Lagos, Arica y Parinacota, Antofagasta y Ñuble. En contraste, la Región Metropolitana figura entre las pocas que experimentarían un alza en su presupuesto. En total, la reducción bordearía el 1,9%. “Nos quedamos con una sensación amarga, entendiendo que el país necesita equilibrio, pero no estamos contentos con esta disminución”, afirmó Silva, presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), pese a que O’Higgins será de las pocas regiones con aumento. Desde Los Lagos, Alejandro Santana fue más duro: “Es el peor presupuesto desde 2018, con una caída real cercana al 10%. Atenta contra el corazón de los proyectos sociales y sectoriales”. El gobernador anunció reuniones de urgencia con parlamentarios para enfrentar la situación. Por su parte, Giacaman advirtió que los recortes afectan principalmente a regiones gobernadas por Chile Vamos: “El 60% de los chilenos vive en regiones. Si queremos combatir el desempleo, el foco debe estar en ellas”. En tanto, Flies subrayó que la baja del -1,9% es nominal y que, sumado al IPC, el impacto será aún mayor. No obstante, valoró que el Gobierno se abriera a flexibilizar los tiempos de ejecución presupuestaria. La Dirección de Presupuestos señaló que se referirá oficialmente a las cifras al momento de presentar el proyecto ante el Congreso.
El Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta ha iniciado una investigación sumaria interna, instruida por la propia entidad, con el objetivo de determinar responsabilidades ante incumplimientos detectados en materia de transparencia activa. La decisión se toma luego de que diversas fiscalizaciones, realizadas entre el 3 y el 20 de marzo de 2025, evidenciaran falencias principalmente relacionadas con la falta de actualización de información y la adecuada creación de subsecciones en su portal de transparencia. Ante esto, según un comunicado emitido por el GORE Antofagasta, la necesidad de esta acción esefectiva, y subraya que estas deficiencias no solo se encontraron en esta región, sino también en otros gobiernos regionales del país. Asimismo, en un esfuerzo por subsanar la situación, el GORE Antofagasta ha reestructurado completamente su unidad de transparencia activa. Como parte de esta reorganización, y por primera vez en la historia de la gestión regional, se ha asignado una persona con dedicación exclusiva para atender los temas de transparencia. Además, desde comienzos de 2025, el gobierno regional ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar un alto grado de cumplimiento con las observaciones entregadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Actualmente, aseguran, el cumplimiento de estas observaciones escasi total. Del mismo modo, el GORE Antofagasta confía en que las acciones implementadas contribuirán a posicionar al gobierno regional en los niveles más altos de cumplimiento a nivel país en materia de transparencia. La institución acoge las directrices del Consejo para la Transparencia y se compromete a tomar las medidas necesarias para revertir completamente la situación, asegurando el acatamiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia. Finalmente, en relación a la investigación sumaria en curso, el GORE Antofagasta ha señalado que es una acción de colaboración que busca aportar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos.
Desde Antofagasta se observa con preocupación la notificación que el Consejo para la Transparencia (CPLT) cursó este lunes al Gobierno Regional, al abrirle un sumario por presuntas infracciones a la Ley de Transparencia. El organismo detectó falencias en la publicidad, actualización y completitud de la información que el GORE sube a su portal, particularmente en transferencias de fondos, modificaciones presupuestarias y mecanismos de participación ciudadana. La medida forma parte de una fiscalización nacional aplicada en marzo, cuyos resultados dejaron al conjunto de los gobiernos regionales con un promedio de cumplimiento de 76,06 %, el peor índice desde 2010. Antofagasta, junto a Arica, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, quedó bajo ese umbral, mientras que la Región Metropolitana alcanzó un 99,89 %. La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “la transparencia no es optativa, es un mandato legal” y anunció el uso de todas las herramientas sancionatorias disponibles. Para Antofagasta, las eventuales multas o medidas correctivas llegan en un momento delicado, marcado por cuestionamientos al uso de recursos del FNDR y a la publicación de convenios con fundaciones. Voces locales de la sociedad civil, insisten en que la falta de datos históricos y la lenta actualización de los registros presupuestarios “limita el control ciudadano” sobre los millonarios proyectos de inversión que se ejecutan en la región. La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
