Boric declara como imputado ante Fiscalía por fallido intento de compra de la casa de Salvador Allende
El Presidente Gabriel Boric se presentó voluntariamente este viernes ante la Fiscalía de Coquimbo para declarar en calidad de imputado en el caso relacionado con la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Providencia.
Este viernes, el Presidente Gabriel Boric compareció cerca de una hora ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el Palacio de La Moneda. La declaración, que tuvo lugar a partir de las 09:00 horas, se enmarca en la investigación sobre la fallida adquisición de la histórica propiedad de la familia Allende en la calle Guardia Vieja, en Providencia. El Mandatario declaró en calidad de imputado, como parte de una diligencia voluntaria que fue pospuesta 24 horas con respecto a la fecha original.
A través de un comunicado, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó que "esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar la colaboración necesaria con la investigación de la fiscalía".
Ante esto, el origen de la investigación se remonta a enero de este año, cuando la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por Raimundo Palamara, presentó una denuncia por un posible delito de fraude al fisco relacionado con la fallida compra del inmueble. En el marco de este proceso, se estableció que la operación se había truncado debido a la estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Salvador Allende, lo que imposibilitó su concreción.
Finalmente, la casa de la familia Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja, había sido identificada por el gobierno como parte de un plan para convertirla en una casa-museo, junto con la residencia del expresidente Patricio Aylwin. Sin embargo, la transacción fue cancelada luego de conocerse que Maya Fernández, exministra de Defensa y nieta de Salvador Allende, y su tía Isabel Allende, senadora e hija del exmandatario, eran propietarias del inmueble y, por ley, no podían firmar contratos con el Estado.
5 de junio de 2026
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