Aprueban en general la creación del estatuto de protección para periodistas y comunicadores
El objetivo de esta iniciativa es establecer el deber estatal de promover la seguridad de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación a través de la implementación de medidas de protección.
El proyecto aprobado en general por la Sala de la Cámara tiene como objetivo consagrar el deber estatal de promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones mediante la creación de un estatuto de protección. La iniciativa busca prevenir hechos de violencia en contra de periodistas y trabajadores de las comunicaciones debido a su labor comunicacional, proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad, y promover medidas de investigación, sanción y reparación, entre otros objetivos.
El proyecto define a periodistas como aquellos que han obtenido un título universitario y a personas trabajadoras de las comunicaciones como aquellas cuya actividad principal es recopilar, tratar y difundir información al público, ya sea en línea o fuera de línea. El texto contempla diferentes formas de agresiones, como desapariciones forzadas, homicidios, violencia física, intimidación, detenciones ilegales, entre otras, y establece que, en caso de ser delitos, la investigación estará a cargo del Ministerio Público.
También establece obligaciones para el Estado, como prevenir la violencia contra periodistas y comunicadores, proteger a las familias de trabajadores en riesgo, y resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y género. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deberá registrar los hechos denunciados por periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones y alertar a las instituciones correspondientes cuando haya indicios de agresiones.
El proyecto se basa en una ley modelo de la UNESCO que recoge estándares internacionales de protección para periodistas y comunicadores, y en su discusión participaron diversas organizaciones, sindicatos, academia y representantes de medios de comunicación. Aunque la mayoría valoró la protección estatal a periodistas y comunicadores como un fundamento de la libertad de expresión en democracia, algunos diputados de oposición expresaron su desacuerdo con una categoría especial de protección, argumentando que podría alejarse del derecho a emitir opiniones y establecer discriminación respecto a otros ciudadanos.
El Ejecutivo patrocinará el proyecto, considerándolo fundamental para profundizar la democracia y destacando su implementación de instrumentos internacionales relevantes en la normativa de protección. El proyecto será objeto de indicaciones y se someterá a un nuevo informe en la Comisión de Cultura antes de su aprobación final.
el jueves pasado a las 18:33
el jueves pasado a las 18:33
31 de marzo de 2026
El imputado fue formalizado por los delitos de homicidio calificado consumado, homicidio calificado frustrado y una serie de incumplimientos a Ley de Control de Armas.



5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
21 de octubre de 2025
5 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025
Un estudiante de 15 años permanece en estado crítico en el Hospital Regional de Antofagasta, mientras una funcionaria evoluciona favorablemente en Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Lezaeta.
El recinto extendió su reconocimiento a las distintas unidades que operan en el establecimiento, destacando la eficacia de la Unidad de Urgencias y personal de salud mental.
PDI reúne pruebas para formalizar a estudiante de 18 años por homicidio calificado y tres frustrados tras el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó una inspectora fallecida.
La educadora de párvulos, psicopedagoga y magister en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, Paula Rodríguez Espinoza, conducirá la cartera.
La reducción de la jornada laboral continuará su aplicación gradual desde el 26 de abril. Sin embargo, la normativa contempla excepciones que dejarán fuera a algunos trabajadores.
Haydée Moya permanece internada en estado crítico en el Hospital del Cobre de Calama tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, mientras la ciudad vive jornadas de duelo.
La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación, mientras tanto será trasladado a Antofagasta.
La decisión se adoptó tras solicitudes de parlamentarios, empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas, quienes pidieron aplazar el cobro ante el complejo escenario económico que enfrentan los hogares.
El estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta, cursaba cuarto medio y habría llegado hasta el establecimiento portando una serie de armar cortopuntantes y otros elementos.
Un estudiante de 18 años atacó a dos inspectoras y a tres compañeros de curso. Una de las funcionarias falleció y los cuatro se mantienen fuera de riesgo vital.
























































































