Incautan celular de exintendente Edgar Blanco por presunto fraude al fisco
El fiscal Aguilar y PDI incautaron documentos y archivos digitales en la Delegación Presidencial Regional, así como teléfonos del exintendente y de representantes de empresas.
El pasado 12 de agosto, el juzgado de garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público informar sobre el estado de la investigación por fraude al fisco relacionado con la compra irregular de cajas de alimentos durante la pandemia, en un caso que involucra al exintendente Edgar Blanco y al gobierno regional. Tras más de dos años desde la presentación de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía confirmó que la causa sigue activa y con diligencias pendientes.
En un desarrollo clave, la tarde del miércoles pasado, el fiscal a cargo de la causa, Cristián Aguilar, junto al personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), realizó una incautación significativa en la Delegación Presidencial Regional. Se aseguraron documentos y archivos digitales relacionados con adquisiciones que superaron los $4 mil millones. Además, se confiscó el teléfono celular del exintendente Edgar Blanco y de los representantes legales de dos empresas favorecidas en el contrato, con éxito en las ciudades de Antofagasta y Santiago.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se ha dispuesto un equipo jurídico para analizar casos de corrupción con tiempos de investigación prolongados, incluyendo este caso. Bekios subrayó la intención de avanzar rápidamente hacia decisiones en estos casos.
Desde la Delegación Presidencial Regional se informó que se entregaron todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso. Los sumarios administrativos realizados por la Contraloría y la Delegación, así como la querella presentada por el CDE, están siendo revisados para tomar decisiones a corto plazo.
El caso tiene sus orígenes en junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera implementó el programa "Alimentos para Chile" para asistir a familias vulnerables durante la pandemia. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 2020, la Intendencia Regional, liderada por Edgar Blanco, autorizó la contratación directa de cuatro proveedores para la compra de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, con un valor total de $4.121.915.488.
La Contraloría Regional detectó irregularidades en los contratos con las empresas EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA e Ingeniería, Servicios Financieros y Asesorías Need Solution SpA. Estas empresas, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos necesarios para ser proveedores, y sus contratos fueron modificados poco antes de la solicitud de cotización.
La empresa Need Solution SpA, cuyo propietario Marcelo Rivadeneira está actualmente en prisión preventiva por un caso de estafa, y EDS JCM Ingeniería, enfrentaron problemas legales, incluyendo demandas civiles y quiebras.
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Además se materializó la notificación de expulsión de un ciudadano colombiano; mientras que la detenida mantenía una orden de detención vigente por el delito de contrabando.
Una fiscalización constató que masas y hallullas en preparación que eran tapadas con naylon y lonas sucias; además de la presencia de mosquitos, polillas y telarañas.
La mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses, quien llegó al CAN con lesiones y sin signos vitales.
Mientras se revisaba un proceso de licitación por cerca de $680 millones, el concejo fue interrumpido por la ausencia de algunos ediles quienes fueron vistos en una de las actividades del Presidente José Antonio Kast.
La detenida, mujer de nacionalidad chilena, pasará a control de detención durante esta jornada por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de 4 años y nueve meses.
La máxima autoridad del país se reunió con el presidente de Escondida | BHP, Alejandro Tapia, en el marco del ingreso del permiso ambiental del proyecto, que considera una inversión superior a US$5.000 millones.
El encuentro se realizó en el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), institución impulsada por Escondida que forma cada año a más de 33 mil personas en oficios críticos para la minería.
Asimismo, el mandatario aseguró que "la evaluación ambiental es parte
de la institucionalidad de Chile y el Gobierno la respeta y la hace respetar".
La menor habría ingresado sin signos vitales al Centro Asistencial Norte, donde pese a los intentos de reanimación, falleció en el recinto de salud.
Las clases fueron suspendidas este martes, pero apoderados aseguran que hasta este lunes, la instrucción de la CMDS era limpiar con cloro para continuar con las actividades.
El Gobernador Regional llamó al mandatorio a "escuchar sus propias palabras" tras su encuentro con la delegada presidencial Katherine López y el alcalde Sacha Razmilic.
