El SLEP Licancabur alcanza cobertura total en transporte escolar para estudiantes de la región
El servicio de transporte escolar garantizado por el SLEP Licancabur permitirá a estudiantes de Calama, María Elena, Tocopilla y San Pedro de Atacama asistir a clases de manera segura y oportuna.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur alcanzó un importante logro al asegurar el 100% de cobertura en el transporte escolar para el inicio del año escolar 2025, beneficiando a 900 estudiantes de las comunas de Calama, María Elena, Tocopilla y San Pedro de Atacama. Este avance garantiza que los estudiantes puedan acceder a clases de manera segura y oportuna, sin importar las dificultades de movilización.
Ante esto, la implementación del servicio, que incluye la colaboración del Ministerio de Transporte para algunas rutas, responde a la necesidad de asegurar el acceso a la educación en un territorio caracterizado por su geografía extensa y diversas zonas alejadas. Para financiar este proyecto, el SLEP Licancabur ha destinado 2.300 millones de pesos del presupuesto aprobado.
Asimismo, los 40 buses y minibuses utilizados en el transporte escolar cuentan con medidas de seguridad exigidas por el Ministerio de Educación, tales como cinturones de seguridad en todos los asientos, revisión técnica al día, certificación del Ministerio de Transportes, y conductores con licencia profesional. Estas medidas aseguran que los estudiantes puedan viajar con tranquilidad y confianza.
Dado lo anterior, José Martínez Chiguay, director ejecutivo del SLEP Licancabur, destacó la importancia de este hito para las familias de la región: "Que ningún niño o niña falte a clases por problemas de transporte es fundamental. En un territorio con zonas tan apartadas, donde muchas familias enfrentan grandes dificultades para enviar a sus hijos al colegio, este servicio es un apoyo esencial para garantizar su derecho a la educación".
Finalmente, con esta cobertura total, el SLEP Licancabur reafirma su compromiso con la equidad en el acceso a la educación pública, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación, puedan asistir a clases de manera segura y con igualdad de oportunidades.
4 de junio de 2026
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Trabajadoras del recinto fueron formalizadas por el delito de homicidio por omisión. De acuerdo a la investigación de PDI, el recinto no tenía patente ni certificación ministerial.
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