Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público.
La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria.
La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez.
Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero.
Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
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