El exmilitante de Revolución Democrática y protagonista del caso Democracia Viva, Daniel Andrade, anunció su regreso laboral para el último cuatrimestre de 2025, esta vez como profesor auxiliar en la fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), institución cofundada por el abogado comunista Manuel Riesco. Andrade, ingeniero civil, dictará el curso Introducción a la Economía Política Clásica, que se desarrollará de septiembre a diciembre de manera telemática, con clases los sábados. El programa incluye lecturas de El Capital de Karl Marx y estudios de teorías de Adam Smith y David Ricardo. El valor del curso será de $40 mil mensuales para público general y $20 mil para estudiantes. El retorno de Andrade se da mientras la Fiscalía de Antofagasta solicitó en agosto 10 años de cárcel para él y su expareja, la exdiputada Catalina Pérez, por presunto fraude al fisco de $426 millones. La acusación también involucra al exseremi y exjefe de gabinete Carlos Contreras, para quien se pidieron 35 años de presidio. La causa fue reabierta por 45 días este mes, luego de que la defensa de Andrade alegara diligencias pendientes. En redes sociales, Andrade expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de compartirles que este semestre participaré como profesor auxiliar”, señaló en Instagram.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha presentado formalmente la acusación contra la diputada desaforada Catalina Pérez y su círculo cercano, en el marco del mediático caso Democracia Viva. La solicitud de pena asciende a 10 años y un día de presidio, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, la acusación no solo alcanza a la legisladora, sino también a su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, y otros tres implicados. Según la investigación, todos ellos son señalados por su presunta participación en convenios irregulares entre fundaciones y el Estado, que habrían permitido el desvío de recursos públicos, según informó La Tercera. El escrito de la Fiscalía detalla que Pérez y tres de los acusados enfrentan cargos por tres delitos de fraude al fisco. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentará ante el tribunal a 146 testigos y una decena de peritos, buscando así demostrar el entramado de financiamiento irregular que permitió desviar fondos a través de fundaciones como Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte. Finalmente, la situación de Contreras y Fuica es aún más compleja, ya que su participación en otras aristas del caso podría elevar sus penas, arriesgando en conjunto hasta 35 años de cárcel. Este caso ha sido calificado como uno de los más graves en cuanto al cuestionamiento del uso de fondos públicos en los últimos años.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
El exmilitante de Revolución Democrática y protagonista del caso Democracia Viva, Daniel Andrade, anunció su regreso laboral para el último cuatrimestre de 2025, esta vez como profesor auxiliar en la fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), institución cofundada por el abogado comunista Manuel Riesco. Andrade, ingeniero civil, dictará el curso Introducción a la Economía Política Clásica, que se desarrollará de septiembre a diciembre de manera telemática, con clases los sábados. El programa incluye lecturas de El Capital de Karl Marx y estudios de teorías de Adam Smith y David Ricardo. El valor del curso será de $40 mil mensuales para público general y $20 mil para estudiantes. El retorno de Andrade se da mientras la Fiscalía de Antofagasta solicitó en agosto 10 años de cárcel para él y su expareja, la exdiputada Catalina Pérez, por presunto fraude al fisco de $426 millones. La acusación también involucra al exseremi y exjefe de gabinete Carlos Contreras, para quien se pidieron 35 años de presidio. La causa fue reabierta por 45 días este mes, luego de que la defensa de Andrade alegara diligencias pendientes. En redes sociales, Andrade expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de compartirles que este semestre participaré como profesor auxiliar”, señaló en Instagram.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha presentado formalmente la acusación contra la diputada desaforada Catalina Pérez y su círculo cercano, en el marco del mediático caso Democracia Viva. La solicitud de pena asciende a 10 años y un día de presidio, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, la acusación no solo alcanza a la legisladora, sino también a su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, y otros tres implicados. Según la investigación, todos ellos son señalados por su presunta participación en convenios irregulares entre fundaciones y el Estado, que habrían permitido el desvío de recursos públicos, según informó La Tercera. El escrito de la Fiscalía detalla que Pérez y tres de los acusados enfrentan cargos por tres delitos de fraude al fisco. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentará ante el tribunal a 146 testigos y una decena de peritos, buscando así demostrar el entramado de financiamiento irregular que permitió desviar fondos a través de fundaciones como Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte. Finalmente, la situación de Contreras y Fuica es aún más compleja, ya que su participación en otras aristas del caso podría elevar sus penas, arriesgando en conjunto hasta 35 años de cárcel. Este caso ha sido calificado como uno de los más graves en cuanto al cuestionamiento del uso de fondos públicos en los últimos años.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
