Este jueves, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas D emocracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación, estableciendo que el tribunal competente para continuar el proceso es el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La decisión fue adoptada tras una audiencia convocada para resolver la competencia para tramitar esta causa, donde la Fiscalía imputa doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos, la que en mayo de este año, fue d erivada a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, durante la audiencia de este jueves, la jueza decidió aplicar las normas del Código Orgánico de Tribunales, que prescriben que cuando existen distintos hechos investigados en conjunta, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito. En este escenario, la jueza determinó que el primer acto que constituye el inicio de ejecución del delito de fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo); Por lo anterior, como el acuerdo tuvo lugar en Antofagasta, se determinó la competencia territorial del tribunal antofagastino para continuar con la causa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer esta investigación, ordenando su traslado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que la situación deberá ser revisada nuevamente. En concreto, el Octavo Juzgado de Garantía, resolvió devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que deberá determinar si insiste en derivar los antecedentes al juzgado capitalino. En este escenario, si la Corte decide remitir nuevamente los antecedentes a Santiago, la competencia del caso será resuelta por Corte Suprema.
En el marco de la investigación por delitos de fraude al Fisco, la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva, de que se declare incompetente al Juzgado de Garantía de Antofagasta y que los antecedentes del caso sean remitidos a Santiago, fue rechazada. Según consignó La Tercera, los abogados de la ex pareja de la exdiputada Catalina Pérez, buscaban que el caso sea remitido al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, debido a que los delitos que se le imputan a Andrade, se habrían iniciado en la Región Metropolitana, específicamente en Ñuñoa. La petición fue hecha en la audiencia de preparación de juicio oral, donde entre los argumentos, los abogados apuntaron a la suscripción de un contrato de arriendo falso en julio de 2022, justamente en un inmueble ubicado en Ñuñoa, además de la iniciación de actividades en el SII y la firma electrónica de los convenios. En la instancia, también abordó la situación de la exdiputada Catalina Pérez, donde la defensa aseguró que no es posible atribuirle coautoría a la otrora parlamentaria por Antofagasta, debido a que no existiría intervención directa en los hechos que imputa la Fiscalía. En este escenario, se fijó una nueva audiencia de preparación de juicio oral para el 30 de junio.
Este jueves, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas D emocracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación, estableciendo que el tribunal competente para continuar el proceso es el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La decisión fue adoptada tras una audiencia convocada para resolver la competencia para tramitar esta causa, donde la Fiscalía imputa doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos, la que en mayo de este año, fue d erivada a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, durante la audiencia de este jueves, la jueza decidió aplicar las normas del Código Orgánico de Tribunales, que prescriben que cuando existen distintos hechos investigados en conjunta, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito. En este escenario, la jueza determinó que el primer acto que constituye el inicio de ejecución del delito de fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo); Por lo anterior, como el acuerdo tuvo lugar en Antofagasta, se determinó la competencia territorial del tribunal antofagastino para continuar con la causa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer esta investigación, ordenando su traslado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que la situación deberá ser revisada nuevamente. En concreto, el Octavo Juzgado de Garantía, resolvió devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que deberá determinar si insiste en derivar los antecedentes al juzgado capitalino. En este escenario, si la Corte decide remitir nuevamente los antecedentes a Santiago, la competencia del caso será resuelta por Corte Suprema.
En el marco de la investigación por delitos de fraude al Fisco, la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva, de que se declare incompetente al Juzgado de Garantía de Antofagasta y que los antecedentes del caso sean remitidos a Santiago, fue rechazada. Según consignó La Tercera, los abogados de la ex pareja de la exdiputada Catalina Pérez, buscaban que el caso sea remitido al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, debido a que los delitos que se le imputan a Andrade, se habrían iniciado en la Región Metropolitana, específicamente en Ñuñoa. La petición fue hecha en la audiencia de preparación de juicio oral, donde entre los argumentos, los abogados apuntaron a la suscripción de un contrato de arriendo falso en julio de 2022, justamente en un inmueble ubicado en Ñuñoa, además de la iniciación de actividades en el SII y la firma electrónica de los convenios. En la instancia, también abordó la situación de la exdiputada Catalina Pérez, donde la defensa aseguró que no es posible atribuirle coautoría a la otrora parlamentaria por Antofagasta, debido a que no existiría intervención directa en los hechos que imputa la Fiscalía. En este escenario, se fijó una nueva audiencia de preparación de juicio oral para el 30 de junio.
