La Fiscalía Regional de Antofagasta ha presentado formalmente la acusación contra la diputada desaforada Catalina Pérez y su círculo cercano, en el marco del mediático caso Democracia Viva. La solicitud de pena asciende a 10 años y un día de presidio, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, la acusación no solo alcanza a la legisladora, sino también a su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, y otros tres implicados. Según la investigación, todos ellos son señalados por su presunta participación en convenios irregulares entre fundaciones y el Estado, que habrían permitido el desvío de recursos públicos, según informó La Tercera. El escrito de la Fiscalía detalla que Pérez y tres de los acusados enfrentan cargos por tres delitos de fraude al fisco. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentará ante el tribunal a 146 testigos y una decena de peritos, buscando así demostrar el entramado de financiamiento irregular que permitió desviar fondos a través de fundaciones como Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte. Finalmente, la situación de Contreras y Fuica es aún más compleja, ya que su participación en otras aristas del caso podría elevar sus penas, arriesgando en conjunto hasta 35 años de cárcel. Este caso ha sido calificado como uno de los más graves en cuanto al cuestionamiento del uso de fondos públicos en los últimos años.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha presentado formalmente la acusación contra la diputada desaforada Catalina Pérez y su círculo cercano, en el marco del mediático caso Democracia Viva. La solicitud de pena asciende a 10 años y un día de presidio, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, la acusación no solo alcanza a la legisladora, sino también a su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, y otros tres implicados. Según la investigación, todos ellos son señalados por su presunta participación en convenios irregulares entre fundaciones y el Estado, que habrían permitido el desvío de recursos públicos, según informó La Tercera. El escrito de la Fiscalía detalla que Pérez y tres de los acusados enfrentan cargos por tres delitos de fraude al fisco. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentará ante el tribunal a 146 testigos y una decena de peritos, buscando así demostrar el entramado de financiamiento irregular que permitió desviar fondos a través de fundaciones como Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte. Finalmente, la situación de Contreras y Fuica es aún más compleja, ya que su participación en otras aristas del caso podría elevar sus penas, arriesgando en conjunto hasta 35 años de cárcel. Este caso ha sido calificado como uno de los más graves en cuanto al cuestionamiento del uso de fondos públicos en los últimos años.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
