El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
La audiencia de preparación de juicio oral en el Caso Convenios en Antofagasta, que reúne cuatro aristas —entre ellas la relacionada con Democracia Viva —, volvió a ser suspendida. La decisión fue adoptada por la jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta, María José Saavedra, quien acogió un recurso de nulidad y resolvió anular todas las actuaciones recientes de la causa, ordenando que el proceso regrese al estado en que se encontraba el pasado 10 de septiembre. La medida se originó en la reapertura parcial de la investigación para uno de los imputados, Daniel Andrade. Sin embargo, la ley establece que, en estos casos, la reapertura debe extenderse a todos los involucrados, lo que obligó al tribunal a retrotraer la causa en su conjunto. Con esta resolución, la nueva fecha de audiencia será definida una vez que se resuelvan los detalles pendientes del proceso. El fallo implica que los avances registrados en las últimas semanas quedan sin efecto, generando un nuevo retraso en uno de los casos de mayor connotación pública en la región.
El exmilitante de Revolución Democrática y protagonista del caso Democracia Viva, Daniel Andrade, anunció su regreso laboral para el último cuatrimestre de 2025, esta vez como profesor auxiliar en la fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), institución cofundada por el abogado comunista Manuel Riesco. Andrade, ingeniero civil, dictará el curso Introducción a la Economía Política Clásica, que se desarrollará de septiembre a diciembre de manera telemática, con clases los sábados. El programa incluye lecturas de El Capital de Karl Marx y estudios de teorías de Adam Smith y David Ricardo. El valor del curso será de $40 mil mensuales para público general y $20 mil para estudiantes. El retorno de Andrade se da mientras la Fiscalía de Antofagasta solicitó en agosto 10 años de cárcel para él y su expareja, la exdiputada Catalina Pérez, por presunto fraude al fisco de $426 millones. La acusación también involucra al exseremi y exjefe de gabinete Carlos Contreras, para quien se pidieron 35 años de presidio. La causa fue reabierta por 45 días este mes, luego de que la defensa de Andrade alegara diligencias pendientes. En redes sociales, Andrade expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de compartirles que este semestre participaré como profesor auxiliar”, señaló en Instagram.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha presentado formalmente la acusación contra la diputada desaforada Catalina Pérez y su círculo cercano, en el marco del mediático caso Democracia Viva. La solicitud de pena asciende a 10 años y un día de presidio, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, la acusación no solo alcanza a la legisladora, sino también a su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, y otros tres implicados. Según la investigación, todos ellos son señalados por su presunta participación en convenios irregulares entre fundaciones y el Estado, que habrían permitido el desvío de recursos públicos, según informó La Tercera. El escrito de la Fiscalía detalla que Pérez y tres de los acusados enfrentan cargos por tres delitos de fraude al fisco. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentará ante el tribunal a 146 testigos y una decena de peritos, buscando así demostrar el entramado de financiamiento irregular que permitió desviar fondos a través de fundaciones como Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte. Finalmente, la situación de Contreras y Fuica es aún más compleja, ya que su participación en otras aristas del caso podría elevar sus penas, arriesgando en conjunto hasta 35 años de cárcel. Este caso ha sido calificado como uno de los más graves en cuanto al cuestionamiento del uso de fondos públicos en los últimos años.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
La audiencia de preparación de juicio oral en el Caso Convenios en Antofagasta, que reúne cuatro aristas —entre ellas la relacionada con Democracia Viva —, volvió a ser suspendida. La decisión fue adoptada por la jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta, María José Saavedra, quien acogió un recurso de nulidad y resolvió anular todas las actuaciones recientes de la causa, ordenando que el proceso regrese al estado en que se encontraba el pasado 10 de septiembre. La medida se originó en la reapertura parcial de la investigación para uno de los imputados, Daniel Andrade. Sin embargo, la ley establece que, en estos casos, la reapertura debe extenderse a todos los involucrados, lo que obligó al tribunal a retrotraer la causa en su conjunto. Con esta resolución, la nueva fecha de audiencia será definida una vez que se resuelvan los detalles pendientes del proceso. El fallo implica que los avances registrados en las últimas semanas quedan sin efecto, generando un nuevo retraso en uno de los casos de mayor connotación pública en la región.
El exmilitante de Revolución Democrática y protagonista del caso Democracia Viva, Daniel Andrade, anunció su regreso laboral para el último cuatrimestre de 2025, esta vez como profesor auxiliar en la fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), institución cofundada por el abogado comunista Manuel Riesco. Andrade, ingeniero civil, dictará el curso Introducción a la Economía Política Clásica, que se desarrollará de septiembre a diciembre de manera telemática, con clases los sábados. El programa incluye lecturas de El Capital de Karl Marx y estudios de teorías de Adam Smith y David Ricardo. El valor del curso será de $40 mil mensuales para público general y $20 mil para estudiantes. El retorno de Andrade se da mientras la Fiscalía de Antofagasta solicitó en agosto 10 años de cárcel para él y su expareja, la exdiputada Catalina Pérez, por presunto fraude al fisco de $426 millones. La acusación también involucra al exseremi y exjefe de gabinete Carlos Contreras, para quien se pidieron 35 años de presidio. La causa fue reabierta por 45 días este mes, luego de que la defensa de Andrade alegara diligencias pendientes. En redes sociales, Andrade expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de compartirles que este semestre participaré como profesor auxiliar”, señaló en Instagram.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha presentado formalmente la acusación contra la diputada desaforada Catalina Pérez y su círculo cercano, en el marco del mediático caso Democracia Viva. La solicitud de pena asciende a 10 años y un día de presidio, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, la acusación no solo alcanza a la legisladora, sino también a su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, y otros tres implicados. Según la investigación, todos ellos son señalados por su presunta participación en convenios irregulares entre fundaciones y el Estado, que habrían permitido el desvío de recursos públicos, según informó La Tercera. El escrito de la Fiscalía detalla que Pérez y tres de los acusados enfrentan cargos por tres delitos de fraude al fisco. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentará ante el tribunal a 146 testigos y una decena de peritos, buscando así demostrar el entramado de financiamiento irregular que permitió desviar fondos a través de fundaciones como Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte. Finalmente, la situación de Contreras y Fuica es aún más compleja, ya que su participación en otras aristas del caso podría elevar sus penas, arriesgando en conjunto hasta 35 años de cárcel. Este caso ha sido calificado como uno de los más graves en cuanto al cuestionamiento del uso de fondos públicos en los últimos años.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
