Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
La Corte Suprema fijó para el próximo 7 de abril la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la Región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. En este contexto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime la solicitud de la Fiscalía, argumentando que existen “elementos objetivos y precisos” que vinculan a Pérez con los hechos delictivos investigados. Defensa de Pérez cuestiona la decisión Tras conocerse el fallo del tribunal de alzada, la defensa de Catalina Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, presentó un recurso ante la Corte Suprema. A través de un comunicado en redes sociales, Medina cuestionó la resolución, asegurando que “este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”. La audiencia en la Corte Suprema será clave para el futuro judicial de la diputada. Si el tribunal ratifica su desafuero, la Fiscalía podría formalizarla en el caso Democracia Viva y solicitar medidas cautelares en su contra. Si Pérez es formalizada y eventualmente condenada por fraude al Fisco reiterado, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de hasta 15 años.
El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en sesión de este martes, resolvió presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relacionadas con la Fundación Democracia Viva y el caso que involucra al fiscal regional Carlos Palma. En el caso de Democracia Viva, el CDE decidió ampliar su querella contra la diputada Catalina Pérez Salinas, acusándola de cómplice en el delito de fraude al Fisco. Además, se confirmó la participación del Consejo en la audiencia de desafuero programada para febrero próximo. Respecto al fiscal regional Carlos Palma, la acción penal se centra en su presunta responsabilidad por la divulgación de antecedentes protegidos bajo el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes. Ambas decisiones se sustentan en los antecedentes recopilados hasta la fecha en las carpetas investigativas, los cuales permiten al CDE fundamentar estas acciones con el debido respaldo jurídico.
Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
Este lunes 7 de abril, a las 14:00 horas, la Corte Suprema revisará la apelación presentada por la defensa de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera su desafuero a petición del Ministerio Público. La resolución de la Corte será determinante para definir si se mantiene o no el desafuero, lo que habilitaría a la Fiscalía para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra. En la audiencia anterior, el tribunal de alzada aprobó por unanimidad la medida, argumentando que Pérez habría tenido un rol activo en la recolección de antecedentes necesarios para concretar un millonario convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pese a saber —según el fallo— que la entidad no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria. La diputada, militante de Revolución Democrática, está acusada por el Ministerio Público de haber dirigido la operación que permitió la adjudicación de más de $400 millones a Democracia Viva. En esa época, el seremi que visó el convenio era Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez. Por su parte, la defensa de la parlamentaria sostiene que el fallo no se ajusta a los estándares jurídicos exigidos y que en la carpeta investigativa “no existe ningún antecedente que pruebe la comisión de un delito”, por lo que no habría fundamento para el desafuero. Durante la audiencia en la Corte de Apelaciones, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que se trató de una “maquinación para obtener recursos públicos con fines políticos”, lo que justificaría avanzar hacia la formalización.
La Corte Suprema fijó para el próximo 7 de abril la audiencia de desafuero de la diputada Catalina Pérez. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la Región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. En este contexto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime la solicitud de la Fiscalía, argumentando que existen “elementos objetivos y precisos” que vinculan a Pérez con los hechos delictivos investigados. Defensa de Pérez cuestiona la decisión Tras conocerse el fallo del tribunal de alzada, la defensa de Catalina Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, presentó un recurso ante la Corte Suprema. A través de un comunicado en redes sociales, Medina cuestionó la resolución, asegurando que “este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”. La audiencia en la Corte Suprema será clave para el futuro judicial de la diputada. Si el tribunal ratifica su desafuero, la Fiscalía podría formalizarla en el caso Democracia Viva y solicitar medidas cautelares en su contra. Si Pérez es formalizada y eventualmente condenada por fraude al Fisco reiterado, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de hasta 15 años.
El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en sesión de este martes, resolvió presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relacionadas con la Fundación Democracia Viva y el caso que involucra al fiscal regional Carlos Palma. En el caso de Democracia Viva, el CDE decidió ampliar su querella contra la diputada Catalina Pérez Salinas, acusándola de cómplice en el delito de fraude al Fisco. Además, se confirmó la participación del Consejo en la audiencia de desafuero programada para febrero próximo. Respecto al fiscal regional Carlos Palma, la acción penal se centra en su presunta responsabilidad por la divulgación de antecedentes protegidos bajo el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes. Ambas decisiones se sustentan en los antecedentes recopilados hasta la fecha en las carpetas investigativas, los cuales permiten al CDE fundamentar estas acciones con el debido respaldo jurídico.
